Columnas de Interes

En días pasados el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, se reunió con Rectores de Universidades Públicas del país, a este evento acudió el Rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, e incluso difundió una fotografía donde está posando junto a Hugo Aguilar, quizás con la intención de enviar un mensaje, de presunta fortaleza en sus relaciones con el poder judicial,  a los universitarios quienes hemos interpuesto juicios de amparo a nivel federal, por la ilegítima e ilegal prórroga que la Junta de Gobierno extendió por 4 años más al rector Aguilar: es decir, aspira a cuatro años más de exclusión y retroceso.

La pregunta que surge es ¿Será que el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga conocimiento de la discriminación que la administración de Martín Aguilar ha ejercido en contra de los indígenas de Veracruz? Pues es importante precisar que la entidad cuenta con más de un millón de habitantes indígenas y que, sin embargo, la Universidad Veracruzana (UV) apenas abre sus puertas a un 1.45% de ellos: la administración universitaria actual no ha incorporado reformas a la Universidad Veracruzana Intercultural para mejorar condiciones de estudio para los indígenas.

La Universidad Veracruzana (UV), por décadas, fue orgullo académico y cultural de Veracruz y de México. Sus egresados eran sinónimo de excelencia, con formación sólida en ciencias, artes, tecnología y humanidades. Eran profesionistas altamente demandados en el mercado laboral, ocupando puestos bien remunerados y de gran responsabilidad. El prestigio académico de nuestra Alma Mater, su producción científica, su impulso a las artes y su contribución al desarrollo económico del estado la convirtieron en una institución modelo. Sin embargo, en los últimos años, la UV atraviesa una crisis profunda que amenaza su esencia, su autonomía y su capacidad para responder a las demandas de una época de transformaciones aceleradas.

Hoy, la Universidad Veracruzana enfrenta una doble problemática:

La transgresión a su marco legal. La decisión de la Junta de Gobierno de otorgar, de manera ilegal, una prórroga de cuatro años al actual rector Martín Aguilar Sánchez, rompe con los principios normativos que regulan la vida universitaria. Esta medida, percibida como un acto de control político por parte de grupos de poder, ha despertado una inconformidad generalizada en la comunidad universitaria. La Universidad, en lugar de ser un espacio de debate académico libre y autónomo, corre el riesgo de convertirse en un instrumento al servicio de intereses ajenos a su misión educativa y científica.

El retroceso en la mayoría de los indicadores académicos y de calidad
de la actual administración son alarmantes: en el ranking internacional Quacquarelli Symonds, la UV se ubica en el lugar 1,483 de 1,500 universidades evaluadas a nivel global y ocupa el último lugar entre las 32 universidades mexicanas consideradas. Este deterioro no solo afecta su prestigio, sino también el valor del título que obtienen sus egresados, debilitando sus posibilidades de competir en un mercado laboral cada vez más exigente y globalizado.

A la comunidad universitaria: docentes, académicos, investigadores, estudiantes, trabajadores manuales y administrativos.

Hoy la Universidad Veracruzana (UV), nuestra Máxima Casa de Estudios, se encuentra en un momento histórico que marcará su destino. Nos enfrentamos a una realidad dolorosa: la Junta de Gobierno ha otorgado de manera ilegal una prórroga de cuatro años más al Rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez, desafiando la legalidad que debe regir nuestra institución y vulnerando el espíritu democrático y colegiado que nos ha dado identidad durante décadas.

Esta decisión no solo es injusta, es también peligrosa, porque abre la puerta al deterioro institucional, a la falta de rendición de cuentas y a la pérdida de confianza de la sociedad veracruzana. Una Universidad que no respeta sus propios principios deja de ser ejemplo de ética y justicia.

¿Por qué debemos alzar la voz?

Porque los resultados de esta administración han sido desalentadores y ponen en riesgo el prestigio y el papel histórico de la UV:

Recientemente, en el emblemático Museo de Antropología del Estado de Veracruz, presentamos una obra que simboliza más que un producto editorial: es una propuesta de futuro. El Atlas Agrícola de Veracruz 1960–2022, elaborado con la destacada colaboración de la Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández, es el resultado de casi tres años de trabajo riguroso, apasionado y comprometido con la transformación del campo veracruzano.

Durante su presentación, que incluyó la entrega gratuita de ejemplares impresos, tuvimos el privilegio de contar con especialistas del más alto nivel, como el Dr. Ramiro Sánchez Uranga del Tecnológico Agropecuario de Úrsulo Galván. Pero lo que realmente marcó un precedente fue la presencia institucional del Mtro. Raúl Gámez González, Subsecretario de Desarrollo Agrícola de la SEDARPA, y del Subsecretario de Ganadería, Carlos Manuel Jiménez Díaz. Esta participación activa revela que, al menos desde el Gobierno estatal, hay un interés genuino por articular esfuerzos entre ciencia, política pública y sector productivo, bajo el enfoque de la Triple Hélice: Gobierno, Academia y Empresa.

La deuda nacional es el dinero que el gobierno tiene por gastar más allá de lo que recauda, e incluye tanto el capital como los intereses y, cuando es elevada, puede comprometer el presupuesto público, limitando los recursos para sectores esenciales como salud, educación e infraestructura. Se divide en:

Deuda interna: contraída dentro del país, en pesos, con bancos o inversionistas locales, a través de la emisión de bonos, como son los CETES, o emisión de circulante.

Deuda externa: es aquella adquirida en el extranjero, generalmente en dólares, con organismos internacionales o mercados financieros.

Al cierre de 2024, según México Evalúa (con datos oficiales) la deuda pública federal sumaba 17.4 billones de pesos (51.4% del PIB). Esto reflejó un incremento de 23% respecto a 2018, explicado casi totalmente por la deuda interna: el gobierno tomó préstamos domésticos que elevaron la deuda interna en 4.1 billones (un 45.5% más) mientras la externa bajó en unos 0.9 billones. A marzo de 2025, el 82.8 % de la deuda bruta del sector público era interna, emitida principalmente en pesos a través de instrumentos como Cetes, Bonos M y UDI bonos; la diferencia porcentual es deuda externa Es importante señalar que la deuda neta del gobierno ascendía al 49.7 % del PIB al cierre de la gestión de López Obrador.

Es necesario precisar que el incremento de la deuda interna incide directamente en la disponibilidad de recursos para ser invertidos en el desarrollo del país, pero a su vez, tiene un efecto negativo en la inversión privada (efecto crowding out). Actualmente el costo financiero de la deuda total —intereses y amortización— representa cerca del 3.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En días pasados di a conocer uno de mis más recientes libros que lleva por nombre: “Universidad Veracruzana: su pasado inmediato y sus retos actuales”, al margen de que, como cualquier obra,  el proceso de edición puede registrar detalles, lo relevante es abrir el debate público y transparente de lo que sucede con nuestra Máxima Casa de Estudios”. La información no fue fácil de conseguir, pues incluso habiendo sido solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hubo reiteradas negativas por el proveedor (actual administración de la UV a cargo del Rector Martín Aguilar) y en otros casos, lapsos de tiempo muy amplios (2 o 3 meses) para responder.

Como se señala desde la Introducción del libro, “Este diagnóstico no es final, sino un punto de partida para la reflexión colectiva, la toma de decisiones informadas y la construcción colaborativa de un proyecto universitario a la altura del siglo XXI”, buscando rescatar a nuestra Alma Mater del ostracismo académico y olvido en que ha caído y reedificarla para volver a ubicarla entre las mejores universidades del país, pero sobre todo, que se convierta en el motor del desarrollo de la entidad Veracruzana.

Se trata de que la sociedad veracruzana esté informada de lo que sucede con su universidad, pues finalmente el presupuesto que se asigna y ejerce, sea del ámbito estatal o federal, proviene de los impuestos que pagamos los veracruzanos y la UV se construyó para potenciar el desarrollo de la entidad, no para privilegiar a grupos de poder que se han enquistado y destruido lo que generaciones de académicos construyeron.

¿Qué tan mal está nuestra universidad con el actual Rectorado del Dr. Martín Aguilar y por qué urge reconstruirla? Veamos algunas cifras e información relevante a nivel de numeraria, para que cada quien se forje su propio criterio de lo mal o bien que está nuestra querida universidad.

Es claro que la pretensión del Rector Martín Aguilar Sánchez en el Consejo Universitario General (CUG) del pasado viernes 6 de junio, era enviar un mensaje a la Junta de Gobierno (JdG) de que contaba con todo el apoyo altamente mayoritario de la Comunidad Universitaria, pues justamente en el CUG esta representada TODA  la colectividad de la UV, salvo los trabajadores administrativos y manuales; sin embargo, el mensaje que recibió la JdG fue otro totalmente distinto al pretendido por el Rector: un rechazo ampliamente mayoritario a la extensión ilegal de su mandato, por 4 años más.

Ahora que ha quedado clara la respuesta universitaria, ya NO tiene ningún sentido la pretendida Consulta que quiere llevar a cabo la JdG para decidir sobre la prorroga solicitada por el Rector Aguilar; de hecho, esa compulsa pretendida, estadística y científicamente NO tiene ninguna validez, pues en todo caso se tendría que llevar a cabo un censo entre la comunidad universitaria o, en su defecto,  una encuesta con un nivel de confianza superior al 95% y un error estándar de máximo 3%.

¿Pero que más consulta requiere la JdG, cuando ya la comunidad representada en 100% se ha manifestado en el CUG, a través de sus representantes? Lo que procede ahora es emitir la convocatoria para evitar situaciones de riesgo al interior de la UV, pues se tiene conocimiento que la marcha anunciada para hoy lunes 9 de junio, posiblemente fuera infiltrada por gentes ajenas a la UV, para realizar disturbios y proyectar una mala imagen de la comunidad universitaria en la expresión de su pleno derecho a manifestarse.

En reciente participación en el programa Voz Universitaria de Radio UV, abordé un tema de alto impacto económico: la dilación en el egreso de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) está generando pérdidas económicas significativas para el estado de Veracruz.
Mientras en otras instituciones –incluidas universidades privadas y tecnológicas– los jóvenes concluyen sus estudios alrededor de los 21 años, ya que cursan licenciaturas de 4 años, en la UV el promedio de egreso supera los 6 años, llegando incluso a 7.
Este rezago es consecuencia directa de la falta de revisión y actualización del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) por parte de la actual administración universitaria, pero incluso de una falta de visión y compromiso social; lo peor del caso es que ahora integrantes del gabinete superior del Rector Martín Aguilar, aspiran al rectorado para darle continuidad a este fiasco de administración universitaria que ha ocasionado que la UV se ubique entre los últimos lugares de las principales 32 universidades públicas del país; para muestra un ejemplo: en las Universidades Privadas del país, estas instituciones logran colocar en el ámbito laboral alrededor del 70% de sus egresados; en las Universidades Públicas el promedio varía entre 20 y 25%; y, la UV, por gestiones directas de la institución, con el actual rectorado, no ha logrado insertar en el ámbito profesional ni siquiera 1 punto porcentual de sus egresados: así el fracaso de la actual administración.

En muchos países del mundo con graves rezagos en su desarrollo, las microempresas constituyen la columna vertebral del tejido económico; sin embargo, aunque cumplen un papel esencial en la generación de empleo y la dinamización de la economía local, una estructura productiva dominada en un 88.63% por microempresas con un máximo de cinco trabajadores, como es el caso de Veracruz, presenta significativas desventajas económicas que limitan el crecimiento y el desarrollo sostenible.
Una de las principales limitaciones de este tipo de economías, es la escasa capacidad de innovación y productividad. Las microempresas suelen operar con recursos limitados, tecnología obsoleta y poca capacidad para invertir en investigación o mejoría de los procesos productivos, de administración y de cadenas de valor. Esta situación reduce su competitividad, tanto en mercados nacionales como internacionales, y perpetúa una economía de baja productividad, caracterizada por ínsulas de pobreza y actividades de subsistencia.
Justamente esta situación es la que ha propiciado que en la entidad la informalidad sea de más del 65%; es decir, la mayoría de estas microempresas no están registradas formalmente, lo que impide que accedan a financiamiento bancario, programas de apoyo estatal, capacitación o redes comerciales más amplias. La informalidad en Veracruz significa que los trabajadores suelen carecer de seguridad social, estabilidad laboral y derechos laborales básicos, lo cual afecta negativamente la calidad de vida de los veracruzanos y perpetúa la desigualdad.

Ahora que ya formalmente iniciaron las campañas de los aspirantes a ser presidentes o presidentas municipales, es muy conveniente que el Congreso Legislativo y el Gobierno de Veracruz, principalmente, vayan preparando las Reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se generen las condiciones a través de las cuales se asegure que los Ayuntamientos contribuyan al desarrollo de sus entornos regionales y del estado de Veracruz en su conjunto.
Es lamentable que los partidos políticos en la entidad no se hayan preocupado, al momento, por capacitar a sus aspirantes, en técnicas para promover el desarrollo y bienestar de la población, así como en definir estrategias para lograr crecimiento económico y empleo en su entorno municipal, regional, metropolitano y urbano-rural en general.
Su mayor atención tiene que ver con cuestiones contables y de fiscalización, sin poner atención a la función central de una administración municipal. La Reforma Constitucional al Artículo 115, de diciembre de 1999, tuvo como eje central el fortalecimiento de las capacidades institucionales, administrativas y financieras del municipio, reconociéndolo no solo como una división territorial, sino como un auténtico nivel de gobierno con autonomía para tomar decisiones en beneficio de su población, dotado de competencias reales, recursos propios y capacidad de incidir en el bienestar de sus habitantes; sin embargo, las pasadas administraciones de Gobierno Estatal en Veracruz, han cuidado mediante estrategias políticas y control de los recursos presupuestales, que los municipio no ejerzan su autonomía como tercer nivel de gobierno;