Columnas de Interes

En 2021, en plena emergencia sanitaria por COVID-19, un grupo de investigadores veracruzanos emprendimos una tarea inédita: mapear la inseguridad alimentaria a nivel de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) en todas las Zonas Metropolitanas (ZM) del estado. El resultado fue la colección Seguridad Alimentaria en Veracruz, que entonces abarcaba ocho ZM y un análisis territorial detallado en 49 municipios.

La investigación fue financiada con recursos propios de los autores, sin apoyo institucional, con un objetivo urgente y decisivo: salvar vidas y fortalecer el desarrollo de Veracruz. Los hallazgos fueron contundentes. En las AGEBS donde se identificaban mayores niveles de inseguridad alimentaria, coincidían las tasas más altas de mortalidad por COVID-19. No se trataba de una hipótesis, sino de evidencia territorial empírica: la mala nutrición debilita el sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas (FAO, 2021; OMS, 2020). El Banco Mundial ha advertido que la inseguridad alimentaria perpetúa la pobreza intergeneracional y limita el crecimiento económico regional (World Bank, 2021), una realidad vigente, plenamente documentada en la entidad, en la colección Seguridad Alimentaria en Veracruz por AGEB (Vela Martínez, et al, 2021–2024).

México ha entendido —al menos en el discurso— que el desarrollo económico del siglo XXI se explica desde las ciudades y, en particular, desde las zonas metropolitanas. Veracruz, en cambio, parece decidido a ignorar su mayor fortaleza territorial: es la entidad con más metrópolis del país y, paradójicamente, una de las que no las planifica.

Los datos son claros. La riqueza no se genera de manera uniforme en el territorio; se concentra, se detona y se multiplica en las ciudades, especialmente en aquellas que funcionan como sistemas metropolitanos. Ahí se localizan las economías de aglomeración, la infraestructura estratégica, el capital humano, la innovación y el empleo formal. Así crecen los países y las regiones que toman en serio la planeación.

Dr. Rafael Vela Martínez

Veracruz enfrenta hoy un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad extraordinaria. Durante décadas, el desarrollo económico del estado ha avanzado de manera desigual, con municipios que luchan por atender necesidades básicas y otros con potencial productivo desaprovechado. En este contexto, en colaboración con la Dra. Josefa Carolina Fortuno Hernández, hemos elaborado el libro Planeación para el Desarrollo Municipal en Veracruz: Manual 2026–2029, una obra técnica, metodológica y normativa que busca fortalecer la capacidad institucional de los ayuntamientos para planear, diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas con impacto real en el crecimiento económico, la generación de empleo, la superación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

No se trata de un documento teórico más. Este Manual recoge la experiencia acumulada en múltiples procesos de planeación municipal, la normativa vigente y las mejores prácticas en planeación estratégica. Pero además —y esto lo destaco con especial orgullo— incluye el Guion Metodológico que he construido a lo largo de 25 años de trabajo como municipalista, una herramienta práctica que he utilizado y perfeccionado en campo, acompañando gobiernos locales en la tarea de convertir buenas intenciones en proyectos viables y medibles. Hoy lo pongo a disposición pública, de manera abierta, con el único propósito de contribuir al desarrollo de Veracruz.

La experiencia demuestra que los municipios que planifican bien, crecen mejor. Una planeación deficiente conduce al desperdicio de recursos, a obras sin impacto y a programas que no cambian la vida de la población. Por el contrario, una planeación estratégica —basada en diagnóstico, objetivos claros, indicadores y evaluación— permite orientar el gasto público hacia la creación de infraestructura productiva, fortalecimiento de capacidades locales, atracción de inversión y generación de empleo.

Durante décadas, la autonomía universitaria fue considerada un principio intocable. Una garantía esencial para preservar la libertad de cátedra, la investigación y la producción del conocimiento sin interferencias políticas. Sin embargo, en los tiempos actuales, este concepto —fundamental para la vida académica— ha comenzado a ser utilizado de forma distorsionada: ya no como garantía de libertad, sino como pretexto para evadir controles legales, rendición de cuentas y supervisión judicial.

El reciente fallo del Tribunal Colegiado de Boca del Río, que me negó el juicio de amparo promovido contra la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) por la ilegal prórroga de cuatro años concedida al rector Martín Aguilar, es un ejemplo claro de esta preocupante tendencia. Bajo el argumento de la “autonomía universitaria”, se pretende cerrar toda vía de control jurídico sobre actos que afectan directamente la legalidad institucional y los derechos de la comunidad universitaria.

En la Universidad Veracruzana (UV) actualmente se vive una crisis de legalidad debido a que la Junta de Gobierno decidió extender de manera ilegal una prórroga al actual Rector Martín Aguilar Sánchez. Estas acciones ilegales se llevaron a cabo invocando la autonomía universitaria para que no hubiera  intervención externa para resolver la controversia: se cita la normatividad interna, como si estos conceptos existieran para proteger a quienes gobiernan la institución, y no para garantizar los derechos de su comunidad universitaria. Como si la autonomía fuera un escudo absoluto, capaz de justificar: procedimientos opacos; interpretaciones normativas forzadas; decisiones cerradas al debate; y, la prolongación de un mandato rectoral cuestionado por amplios sectores.

La autonomía no es un fin en sí misma: nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes institucionales: legalidad, transparencia, participación de la comunidad, rendición de cuentas: la autonomía no significa que exista un Estado dentro de otro Estado, un país dentro de otro país, por ello la UV está obligada a respetar las leyes mexicanas.

Cuando un órgano de gobierno universitario —llámese Junta de Gobierno—
interpreta las normas de modo tal que concentra decisiones, reduce los contrapesos y prolonga en el cargo a una autoridad cuya continuidad es objeto de controversia, la legitimidad que da sentido a la autonomía se debilita, resultado de haber sido violada.

El verdadero reto para que los municipios avancen de manera efectiva en materia de desarrollo sostenible —y se consoliden como la célula territorial del desarrollo nacional— radica en la calidad, pertinencia y seriedad con la que se elaboran sus Planes Municipales de Desarrollo (PMD). La planeación no es un requisito administrativo más: es una herramienta de transformación de la realidad local cuando se concibe y se aplica con visión estratégica, rigor técnico y compromiso social.

Sin embargo, en la práctica, muchos presidentes municipales han carecido de una formación sólida en materia de planeación pública, lo que ha traído como consecuencia que se subestime el enorme poder que tiene este instrumento para incidir en el progreso de sus municipios: los resultados negativos están a la vista; lamentablemente esta patología tiende a reproducirse para las administraciones 2026-2029.

En anteriores reflexiones les he informado que al menos los últimos 7 gobernadores que ha tenido Veracruz han contado con mucha suerte, pues sin hacer prácticamente nada para potenciar el desarrollo, como sería promover la industrialización;  el rescate del sector agrícola; la explotación de los litorales; todos ellos para asegurar el crecimiento económico de la entidad, el estado ha mantenido cierta dinámica económica favorable, condicionada por el hecho de que es la única entidad a nivel nacional que cuenta con 8 metrópolis, donde se genera más del 80% de la riqueza. Coahuila es la entidad que le sigue a Veracruz con tan solo 4 metrópolis, y las restantes entidades, cuando más registran 3 Zonas Metropolitanas.

Esta ventaja comparativa es muy importante porque, como está comprobado a nivel mundial,  en las metrópolis es donde se genera la riqueza que se puede extender a toda la demarcación política administrativa que le hospeda; sin embargo, este potencial no se ha sabido capitalizar en Veracruz; y, lo extremadamente grave para la entidad, es que la dinámica económica de estas metrópolis, debido a la falta de planeación y apoyo, está llegando a una condición económica estacionaria, que apunta hacia rendimientos marginales no solo decrecientes -lo cual se viene registrando desde hace más de 27 años-, sino incluso ahora serán negativos, a partir de este 2026. Esta información está totalmente confirmada no solo con modelos matemáticos que recuperan información oficial -desarrollados por MIS tesistas del Doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) de la UV; sino además demostrado con estudios de campo que documentan con precisión lo que sucede en cada metrópoli veracruzana.

Compañeras y compañeros consejeros universitarios:

Hoy, en este Consejo Universitario General (CUG), no comparecemos como individuos aislados. Comparecemos como el máximo órgano de gobierno de la Universidad Veracruzana (UV), tal como lo establece de manera inequívoca su Ley de Autonomía, su Ley Orgánica y su Estatuto General; y es precisamente por ese carácter que nadie —absolutamente nadie— puede decirnos qué discutir, qué callar o cómo votar.

Hoy, en este Consejo, la Universidad Veracruzana se enfrenta a su propio juicio histórico. Se mira en el espejo de su pasado y se pregunta, sin concesiones y sin excusas, si quienes hoy la representamos tenemos el valor de honrar los principios que le dieron vida: la autonomía que no se somete, la legalidad que no se negocia, la libertad de pensamiento que no se censura, la pluralidad que no se silencia y la responsabilidad social que no se traiciona.

El Consejo Universitario no es una oficina administrativa, ni una instancia subordinada a intereses coyunturales. Es, conforme a nuestra Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General, el máximo órgano colegiado de gobierno de esta universidad. Aquí no se viene a obedecer consignas:  aquí se viene a deliberar, a disentir y a decidir.

La Ley Orgánica de la UV es clara al establecer que el Consejo Universitario General: es el máximo órgano colegiado de decisión; tiene facultades para conocer, discutir y resolver los asuntos fundamentales de la vida universitaria; y debe hacerlo mediante deliberación libre, plural y democrática.

El Consejo Universitario General (CUG) constituye, por mandato de la Ley Orgánica, el Estatuto General y su Reglamento interior, la máxima autoridad colegiada de la Universidad Veracruzana (UV). Su composición plural —consejeros ex oficio, consejeros maestros y consejeros alumnos con derecho a voz y voto— no es un detalle administrativo: es la base de su legitimidad representativa y el fundamento de su capacidad para corregir desvíos institucionales cuando la legalidad se ve comprometida.

Desde una perspectiva de gobernanza universitaria, el CUG es el órgano esencial del equilibrio interno, con atribuciones para aprobar reformas regulatorias, supervisar políticas institucionales, analizar presupuestos, evaluar responsabilidades de autoridades y, especialmente, intervenir en la renovación de la Junta de Gobierno (JdG). Esta competencia lo convierte en el mecanismo institucional más importante para restituir el orden jurídico cuando se produce una ruptura de la normatividad o un vaciamiento de la ética en la conducción universitaria, tal y como sucede actualmente.

La normatividad de la UV es inequívoca: el CUG tiene plena autoridad para incidir en la reorganización del poder institucional. Sin embargo, esta atribución solo adquiere eficacia real cuando se acompaña de voluntad política, ejercicio crítico de la representación y disposición colectiva para actuar conforme a la responsabilidad histórica, ética y moral que cada consejero tiene frente a la comunidad académica y estudiantil.

A pocos días de que las nuevas autoridades municipales entren en funciones, situación que se cristalizará el 1 de enero de 2026, un instrumento inédito promete convertirse en la pieza clave para transformar la forma en que se diseña el desarrollo local. Se trata del Atlas Económico de Veracruz 2025, una investigación de gran calado elaborada por universitarios que estamos comprometidos con el progreso de Veracruz.

Este Atlas será publicada en tres tomos dedicados a los sectores que sostienen la economía estatal: manufactura, comercio y servicios. Su contenido no solo describe la actividad económica municipal; va mucho más allá. Ofrece, por primera vez, una radiografía precisa de las capacidades productivas, laborales y territoriales de los 212 municipios del estado, con información sustentada en el Censo Económico 2025, mapas, fichas analíticas y el cálculo del Coeficiente de Especialización Económica (COEE), insumo crucial para identificar vocaciones reales y ventajas comparativas.

Consideramos que el momento de su lanzamiento es estratégico para potenciar el desarrollo regional, ya que los ayuntamientos que tomarán protesta en 2026 contarán únicamente con cuatro meses para elaborar su Plan Municipal de Desarrollo 2026–2029, y este Atlas brinda los datos que permitirán dejar atrás los planes genéricos para construir por primera vez planes municipales realistas, funcionales y orientados al crecimiento económico, con impacto medible en la generación de empleos y la reducción de la pobreza.