Aurelio Contreras Moreno

Este martes 3 de septiembre de 2019 será recordado como una fecha infame para la división de poderes, la autonomía de las instituciones y el orden constitucional en el estado de Veracruz.

No hubo sorpresas. Como era más que previsible, el primer informe de gobierno (porque los otros dos que quieren incluir en su mañosa cuenta fueron mítines) del presidente Andrés Manuel López Obrador dibujó el país que él quiere ver.

Muy pronto las disputas internas por el poder han mostrado la fragilidad de las amarras que mantienen unido a un organismo que, más que como un partido, funciona como una secta que basa toda su fuerza en la imagen y carisma de un solo hombre.

La estéril y estúpida confrontación entre el Ejecutivo del estado de Veracruz y la Fiscalía General local ha llegado a un punto en el que habría ya que pensar en fincarles responsabilidades jurídicas a los implicados.

En la víspera del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ala más radical de sus aliados mostró las garras y dejó ver diáfanamente su intención por acabar con la pluralidad de ideas en México e imponer la dictadura del pensamiento único por decreto oficial.

Si bien esta columna y su autor están en medio de unos días de asueto para atender asuntos de variada índole, a las manos de este reportero llegaron unos documentos que por su valor periodístico obligan a su análisis inmediato, dada la incidencia que tienen en el proceso de fiscalización en el estado de Veracruz.

Falta solo poco más de un mes para que concluya el periodo de siete años para el que fue designado Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).

Rúbrica. Ante la cada vez más franca posibilidad de naufragio de la candidatura de José de Jesús Mancha Alarcón para