Aurelio Contreras Moreno

Por más de cuatro horas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador guardó silencio mientras se desarrollaba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una de las peores crisis de seguridad de los últimos años en México.

ara los optimistas y particularmente para los panegiristas de la “4T” –que resultaron ser más burdos que cualquier textoservidor de la era “dorada” del PRI-, la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) es signo “inequívoco” del combate a la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Más que el hecho en sí de la destitución de Francisco Bravo Bravo como subdirector Administrativo del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) por presuntos desvíos de recursos, lo que llama la atención –aunque en realidad, no sorprende- es que haya sucedido hasta ahora.

El pasado 6 de junio, la asociación civil “TOJIL Estrategia contra la Impunidad” obtuvo un amparo para ser reconocida como víctima en el caso de la ridícula sentencia por nueve años y 59 mil pesos impuesta al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa en septiembre de 2018.

Si en algo se procedió erróneamente durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares fue en la obsesiva persecución y encarcelamiento al vapor de varios exfuncionarios del duartismo corrupto y corruptor.

El 24 de enero de 2016, elementos de la entonces Gendarmería Nacional y de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz detuvieron a tres personas en el municipio cuenqueño de Tierra Blanca, Veracruz.

Nadie con dos dedos de frente podría negar la necesidad de que se aumente la inversión en la educación superior pública de México. Sin ello, es simplemente imposible siquiera soñar con acceder a un mayor desarrollo.

Conforme avanza el gobierno de la autollamada “cuarta transformación” en México, aparecen más signos que debieran causar gran alerta sobre el debilitamiento de las instituciones y de la división de poderes en el país.

El régimen de concesiones del transporte público ha sido, por antonomasia, un agujero de corrupción y manipulación política en el que se mueven recursos millonarios.

La intempestiva renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta al debate sobre el papel que debe jugar el Poder Judicial en el entramado institucional del país.