Aurelio Contreras Moreno

Al igual que con muchas otras bravuconadas de su época como líder opositor, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado un absoluto chasco en la manera como ha llevado la relación con el gobierno de Estados Unidos. No solo se ha hecho “de la vista gorda” ante el discurso de odio que inunda la retórica de su homólogo estadounidense, el supremacista blanco Donald Trump, sino que se ha mostrado sumiso, miedoso e indigno ante las constantes amenazas con las que éste le ha marcado vergonzosamente el paso al gobierno mexicano.

Una de las peroratas favoritas de los defensores oficiosos en redes sociales de la llamada “cuarta transformación”, es calificar a los periodistas críticos del régimen de “chayoteros” a los que “ya se les acabó” el dinero oficial, razón por la cual “atacan” al gobierno. Sin dejar de admitir que en algunos casos seguramente ésa puede ser la razón de varias críticas, lo que motiva incluso ternura es la seguridad con la que esos enjundiosos “cruzados” de la “4t” juran que el actual gobierno ya no le da dinero a los medios de comunicación y a los periodistas. Y que eso ya no influye en ciertos criterios editoriales que se dedican a ensalzar o a dejar pasar las decisiones del lopezobradorismo, por absurdas que éstas resulten.

La pandemia le sigue cayendo “como anillo al dedo” a las embestidas más autoritarias del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”. Con una inusitada prisa, las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaron y ratificaron la iniciativa de Ley Federal del Derecho de Autor propuesta por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, el ex priista, ex perredista y ex petista Ricardo Monreal Ávila, misma que de acuerdo con organismos como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales es inconstitucional y representa un severo riesgo para el ejercicio periodístico en particular, y para la libertad de expresión en lo general.

Agobiados y de alguna manera distraídos por los efectos de la pandemia de la covid-19, se ha llegado a perder de vista que la violencia no cesa y, por el contrario, va a la alza en todo el territorio nacional. Veracruz, por supuesto, no es la excepción. El artero asesinato la mañana de este lunes de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de una universidad privada de la capital veracruzana, provocó una enorme indignación que sacó de su marasmo pandémico a la comunidad de la ciudad e incluso a la de este estado, cuyo gobierno está más ocupado por hacer jugosos negocios con la obra pública

A principios del mes de junio, tras retomar sus giras por el interior del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador soltó una arenga que representa a la perfección lo que ha sido su gestión de ya poco más de año y medio al frente de la administración federal. Desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, el titular del Ejecutivo federal planteó que en México o “se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país (…). Es tiempo de definiciones”.

La amenaza que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” representa para la pluralidad política y para la libertad de expresión, prensa y pensamiento no es para tomarse a la ligera.El lopezobradorismo gobernante no se ha andado por las ramas en las últimas semanas respecto de sus intenciones: un día sí y otro también el presidente de México arremete contra las instituciones que desde su anquilosada y anacrónica visión de la política no son “necesarias”, y justifica su pretensión de desaparecerlas en su costo de operación, en el sexenio en que fueron creadas o en una supuesta ausencia de resultados que deja al nivel de su mero dicho.

A estas alturas, solo defensores oficiosos del gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” afirman que el régimen actuó de manera correcta en la atención de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de la covid-19.

El vergonzoso “affaire” protagonizado por el gobierno mexicano y el comediante e “influencer” de redes sociales Chumel Torres exhibió de manera directa y explícita, además del ya conocido autoritarismo rampante del lopezobradorismo en el poder, su avieso propósito destructor de las instituciones encargadas de vigilarlo.Luego del “manotazo” presidencial que llevó a la cancelación del foro sobre racismo y discriminación al que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) invitó al “youtuber” –conocido por hacer chistes clasistas y racistas, pero también por sus ácidas críticas y burlas a la mal llamada “cuarta transformación”,

Ausente de la realidad, obsesionado por sostener contra viento y marea sus inútiles y costosos megaproyectos sexenales, aislado por su corte de lambiscones y aduladores que genuflexos todo le aplauden y celebran, absolutamente incapaz de la mínima autocrítica, pareciera que Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a ser Presidente de México.Obviamente no nos referimos a que esté pensando en dejar el poder –de hecho, pretende exactamente lo contrario-, sino que paulatinamente se ha desentendido de sus obligaciones y responsabilidades para con el país que van más allá, mucho más allá, de regalar dinero para crear clientelas electorales.

Para cualquiera dentro del ámbito del gobierno de Veracruz resulta evidente que el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández Gutiérrez, se ha convertido en un muy pesado lastre. El desgarriate administrativo en el que este neofuncionario tiene sumida a la dependencia le está ocasionando un alto costo al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Y no solo en términos de imagen por el muy claro manejo irregular de los recursos y de la asignación de obras que ya han sido referidos en anteriores entregas de la Rúbrica. Tiene abiertos numerosos frentes en el terreno laboral que le costarán mucho dinero al erario.