Tras 20 meses de desatinos, pésimas decisiones, demagogia a niveles demenciales, corrupción nada disimulada en diversas áreas de la administración pública y una más que demostrada incapacidad y frivolidad para gobernar, varias encuestas señalan que si hoy fueran las próximas elecciones, Morena y el lopezobradorismo volverían a ganar.
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En el Congreso del Estado de Nuevo León, sus 42 integrantes están en peligro de ser destituidos y consignados ante un juez de distrito por incurrir en el delito de desacato. Esto, luego de haber ignorado hasta en ocho ocasiones la orden de un juez federal para ratificar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad a Ángel Mario García Guerra, lo que llevó a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León declarara fundado un incidente de inejecución de sentencia…
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El lastimero espectáculo que vemos todos los días alrededor de la procuración e impartición de justicia en México solo nos confirma la debilidad del Estado de Derecho y el absoluto desprecio por la legalidad que priva en tiempos de la llamada “cuarta transformación”. Un ejemplo de ello es la pantomima legal en la que se ha convertido el caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex del sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Nunca, ningún gobernante o político mexicano ha tolerado que en los medios se destaquen las “malas noticias” por encima de lo que ellos consideran es lo “importante” y que, por supuesto, siempre es aquello que les conviene o los hace ver bien, aunque sea de manera artificial o sabidamente falsa. Cuando un sector de los medios no alineados con un gobierno en turno –del partido que sea- destaca las cifras de la violencia, de la crisis económica, de la falta de oportunidades, de la pobreza, casi siempre sucede que la autoridad en funciones acusa a esos periodistas de buscar que “le vaya mal” al país,
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En un episodio que difícilmente veremos replicarse en lo que queda del presente sexenio, en la Cámara de Diputados se logró una votación prácticamente unánime para designar a los nuevos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Luego de las intentonas golpistas del ala más dura del lopezobradorismo, que inicialmente buscó echar abajo todo el proceso de auscultación de aspirantes porque no se incluyó a incondicionales de su proyecto político en las quintetas finalistas, sin duda que alcanzar un acuerdo de esta naturaleza, con apenas cinco votos en contra, es algo digno de reconocer. Aunque tampoco como para echar campanas a vuelo.
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Si de algo se vanaglorian en su discurso todos los gobiernos surgidos del lopezobradorismo es de aplicar medidas de “austeridad republicana” en todas las áreas de la administración pública. Lo primero que sacan a colación son las reformas legales en materia de remuneraciones de los servidores públicos, con las cuales se ha pretendido que el sueldo asignado al Presidente de la República -de poco más de 131 mil pesos mensuales- sea el parámetro para fijar el tope salarial de los funcionarios en México.
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Desde la semana pasada circuló información en el sentido de que el gobierno federal, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, había decretado como parte de su política “austericida” –diferente a una de verdadera austeridad- retirar por completo los recursos destinados para las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete entidades federativas. De acuerdo con funcionarios de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a este organismo le fue informado –sin tomar en consideración su opinión en ningún momento y sin que se aclararan los criterios para semejante decisión- que habría un recorte general de 35 millones 573 mil 93 pesos para los proyectos AVGM,
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Luego que el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, Cristian Morales, declaró que el país vive una situación “extremadamente compleja” ante el impacto social y económico de la pandemia que ha registrado un sostenido –y hasta ahora, imparable- incremento en el número de contagios y fallecimientos, en el gobierno federal entraron en estado de histeria. La respuesta del subsecretario de Prevención de la Salud y vocero gubernamental de la estrategia oficial, Hugo López Gatell, tomó el señalamiento –que no llegó siquiera a ser una crítica- casi como un agravio personal y salió todo el pasado fin de semana a repartir culpas entre los gobiernos estatales y, enfáticamente, entre la población que no ha seguido las recomendaciones de la autoridad.
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En medio del triunfalismo inducido por la poderosa maquinaria propagandística del gobierno federal en torno de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al mandatario estadounidense Donald Trump, junto con la salud de los mexicanos se desploma la economía del país. Este jueves, el Banco de México advirtió sobre un grave deterioro de la actividad económica nacional que llegaría hasta los dos dígitos este año, es decir, no menor a diez por ciento.
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Si a nivel nacional el manejo oficial de la pandemia de la Covid-19 ha sido un desastre –más de 32 mil muertos y uno de los índices de letalidad más altos del mundo así lo demuestran-, en estados como el de Veracruz la catástrofe no es menor. Más preocupadas por la grilla política –que incluye reformas electorales a modo- que por la salud de los veracruzanos, la actuación de las autoridades -sanitarias y políticas- en la entidad ha sido por lo menos errática. Cuando no displicente y temeraria.
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