Aurelio Contreras Moreno

A casi dos años de haber iniciado el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, el país se le desmorona entre los dedos. En medio de la peor emergencia sanitaria de los últimos cien años –que en cifras estimadas ya superaría los 200 mil muertos- y de una debacle económica que tampoco tiene parangón más que con la de la época de la Revolución Mexicana, la crisis política provocada por el centralismo extremo y el furibundo autoritarismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenaza incluso a la frágil unidad de un país de realidades disímbolas.

La procuración e impartición de la justicia en México, y en particular en Veracruz, han sido desde siempre un terreno pantanoso de brutal corrupción. Sin embargo y como en el resto de los poderes públicos, con la llegada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se han convertido en un teatro deplorable con consecuencias funestas e incalculables para los ciudadanos. Desde que arribó al poder, la “4t” veracruzana se ha comportado como una pandilla llena de inexpertos, incapaces pero eso sí, muy ambiciosos y voraces personajes que aplican religiosamente la consigna “si no es ahora, ¿cuándo?” en su loca carrera por acumular poder, para lo cual no han dudado en pisotear las leyes a placer.

La manera como los senadores afines –cómplices, podríamos llamarles- del régimen lopezobradorista concretaron la desaparición de los fideicomisos que financiaban ciencia, tecnología, cultura, medio ambiente, deporte y protección de defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, dice mucho de lo que representa este gobierno. De espaldas a la sociedad –a la que le echaron incluso a los granaderos que ya “no existen” en la Ciudad en la México- que en su sede oficial demandaba ser escuchada por sus “representantes”, los legisladores de (la) “cuarta” se encerraron a piedra y lodo en la antigua casona de Xicoténcatl para materializar finalmente el atraco con el que la Secretaría de Hacienda se apoderará de casi 69 mil millones de pesos

Mientras casi todo el país ha vuelto a la actividad de manera prácticamente normal, la amenaza de un fin de año nuevamente en reclusión y de un escenario inmanejable de defunciones a causa de la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2 se materializa conforme aumentan los casos de infecciones. El propio subsecretario de Prevención de la Salud y encargado de la “estrategia” oficial –si es que se le puede llamar de esa forma- para enfrentar la covid-19, Hugo López Gatell, tuvo que admitir hace unos días que “hay signos tempranos de un rebrote”, los cuales se podrían reducir siempre y cuando “se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria” en los espacios laborales y en el transporte público.

El resultado de las elecciones locales celebradas en los estados de Coahuila e Hidalgo el domingo pasado ha provocado reacciones que exageran tanto el crecimiento de unos como la caída de otros, pero sí dejan algo muy claro: en política, las derrotas y las victorias no son eternas. El “carro completo” que se llevó el Partido Revolucionario Institucional en los 16 distritos de Coahuila logró que los priistas despertaran de su letargo de poco más de dos años y que hasta se quitaran la “bolsa de papel” moral con la que se cubrían el rostro, ufanándose ahora de un supuesto “renacer”.

La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, pone de relieve un tema del que difícilmente se habla con claridad en México: la histórica colusión de las fuerzas armadas, y en específico del ejército, con el narcotráfico. Si bien la detención de Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano representa la captura del militar de mayor rango de la historia de México, no ha sido la única.

Si hay un elemento fundamental del “viejo régimen” que pervive con fuerza en el sexenio de la autoproclamada “cuarta transformación” es la llamada “partidocracia” que, a pesar del enorme desprestigio que llevan a cuestas los partidos políticos en México, está más viva que nunca. La noche de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió conceder el registro como partidos políticos nacionales a Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario, que como la gran mayoría de los institutos de su tipo, no representan más intereses que los del grupo que los comanda.

Desde que asumió el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus personeros han impulsado una narrativa de justificación de la destrucción de todas aquellas instituciones creadas en el pasado mediato bajo el argumento de que son “corruptas”, “conservadoras” y “neoliberales”, sin aplicar matices ni distinciones. Bajo esa lógica maniquea, todo lo construido anteriormente –incluso si ellos mismos participaron de ello- fue necesariamente malo y con la “4t” ha llegado la “redención” –o la moralización, como ha dicho literalmente López Obrador- de la vida pública.

El interminable proceso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para renovar su dirigencia nacional retrata de cuerpo entero la “convicción democrática” de ese partido político. La manifiesta incapacidad de sus militantes para respetar incluso sus propias reglas, así como esa propensión natural a las purgas internas heredada de la vieja izquierda estalinista que pervive y convive con ex priistas, ex panistas, ex perredistas -y muy pocos demócratas- en ese amasijo que en realidad solo es partido por su nomenclatura legal, amenaza con autodestruirse más pronto de lo que se hubiese podido pensar.

Lo mejor que le puede pasar a los grupos de extrema derecha que se le han opuesto con determinación e incluso demandan la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que éste y sus seguidores los subestimen y ninguneen. Desde el “púlpito” mañanero, López Obrador enfiló sus baterías este jueves en contra de dos empresarios que han manifestado abiertamente ser críticos de su gestión: el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el presidente de la asociación civil “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, Claudio X. González.