Aurelio Contreras Moreno

Cada que viene de gira al estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llena de elogios al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Incluso, en alguna ocasión se aventó la “puntada” de decir que es una “bendición” que esté al frente del gobierno estatal, ya que se trata de un hombre “honesto”. Pero más allá de las perogrulladas, la administración que formalmente encabeza García Jiménez no se ha distinguido por su probidad –baste recordar la contratación de artistas a precios inflados para la ceremonia del 15 de septiembre de 2019; o el nombramiento de su primo Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y Administración, a quien mantiene en el cargo a pesar del evidente nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses que implica- ni por su transparencia. Mucho menos, por su respeto a la legalidad.

En pleno repunte de la pandemia y con México entre los países con mayor letalidad por la enfermedad de la covid-19, el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” hace gala por enésima ocasión de cuáles son sus verdaderas prioridades. Luego de intentarlo durante la misma discusión que llevó a la extinción de 109 fideicomisos públicos que dejó a la deriva la investigación científica, la producción artística y la protección de víctimas, los diputados federales afines a la entelequia llamada “4t” lograron su cometido de desmantelar en primera instancia…

A casi dos años de haber iniciado el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, el país se le desmorona entre los dedos. En medio de la peor emergencia sanitaria de los últimos cien años –que en cifras estimadas ya superaría los 200 mil muertos- y de una debacle económica que tampoco tiene parangón más que con la de la época de la Revolución Mexicana, la crisis política provocada por el centralismo extremo y el furibundo autoritarismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador amenaza incluso a la frágil unidad de un país de realidades disímbolas.

La procuración e impartición de la justicia en México, y en particular en Veracruz, han sido desde siempre un terreno pantanoso de brutal corrupción. Sin embargo y como en el resto de los poderes públicos, con la llegada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se han convertido en un teatro deplorable con consecuencias funestas e incalculables para los ciudadanos. Desde que arribó al poder, la “4t” veracruzana se ha comportado como una pandilla llena de inexpertos, incapaces pero eso sí, muy ambiciosos y voraces personajes que aplican religiosamente la consigna “si no es ahora, ¿cuándo?” en su loca carrera por acumular poder, para lo cual no han dudado en pisotear las leyes a placer.

La manera como los senadores afines –cómplices, podríamos llamarles- del régimen lopezobradorista concretaron la desaparición de los fideicomisos que financiaban ciencia, tecnología, cultura, medio ambiente, deporte y protección de defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, dice mucho de lo que representa este gobierno. De espaldas a la sociedad –a la que le echaron incluso a los granaderos que ya “no existen” en la Ciudad en la México- que en su sede oficial demandaba ser escuchada por sus “representantes”, los legisladores de (la) “cuarta” se encerraron a piedra y lodo en la antigua casona de Xicoténcatl para materializar finalmente el atraco con el que la Secretaría de Hacienda se apoderará de casi 69 mil millones de pesos

Mientras casi todo el país ha vuelto a la actividad de manera prácticamente normal, la amenaza de un fin de año nuevamente en reclusión y de un escenario inmanejable de defunciones a causa de la pandemia por el coronavirus SARS-Cov-2 se materializa conforme aumentan los casos de infecciones. El propio subsecretario de Prevención de la Salud y encargado de la “estrategia” oficial –si es que se le puede llamar de esa forma- para enfrentar la covid-19, Hugo López Gatell, tuvo que admitir hace unos días que “hay signos tempranos de un rebrote”, los cuales se podrían reducir siempre y cuando “se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria” en los espacios laborales y en el transporte público.

El resultado de las elecciones locales celebradas en los estados de Coahuila e Hidalgo el domingo pasado ha provocado reacciones que exageran tanto el crecimiento de unos como la caída de otros, pero sí dejan algo muy claro: en política, las derrotas y las victorias no son eternas. El “carro completo” que se llevó el Partido Revolucionario Institucional en los 16 distritos de Coahuila logró que los priistas despertaran de su letargo de poco más de dos años y que hasta se quitaran la “bolsa de papel” moral con la que se cubrían el rostro, ufanándose ahora de un supuesto “renacer”.

La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, pone de relieve un tema del que difícilmente se habla con claridad en México: la histórica colusión de las fuerzas armadas, y en específico del ejército, con el narcotráfico. Si bien la detención de Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano representa la captura del militar de mayor rango de la historia de México, no ha sido la única.

Si hay un elemento fundamental del “viejo régimen” que pervive con fuerza en el sexenio de la autoproclamada “cuarta transformación” es la llamada “partidocracia” que, a pesar del enorme desprestigio que llevan a cuestas los partidos políticos en México, está más viva que nunca. La noche de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió conceder el registro como partidos políticos nacionales a Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y Encuentro Solidario, que como la gran mayoría de los institutos de su tipo, no representan más intereses que los del grupo que los comanda.

Desde que asumió el poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus personeros han impulsado una narrativa de justificación de la destrucción de todas aquellas instituciones creadas en el pasado mediato bajo el argumento de que son “corruptas”, “conservadoras” y “neoliberales”, sin aplicar matices ni distinciones. Bajo esa lógica maniquea, todo lo construido anteriormente –incluso si ellos mismos participaron de ello- fue necesariamente malo y con la “4t” ha llegado la “redención” –o la moralización, como ha dicho literalmente López Obrador- de la vida pública.