Aurelio Contreras Moreno

En un hecho verdaderamente insospechado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una moción para retirar los cargos por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido apenas a mediados del pasado mes de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA). Como se expuso en la entrega de la Rúbrica titulada “Crisis militar” referida a este caso, la aprehensión de Cienfuegos unos pocos días antes de las elecciones presidenciales en la Unión Americana respondía más a su agenda política interna que a la exterior, al grado que unos días después de la detención, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó públicamente su molestia por la ausencia de cooperación con el gobierno de México.

Las elecciones federales y locales que se celebrarán en México el año entrante serán, como ya es sabido, determinantes para el futuro inmediato del país, además que por el número de candidaturas en juego serán las más grandes de la historia hasta la fecha. En total, estarán en disputa 21 mil 368 cargos de elección popular en los comicios de 2021, entre los que sobresalen las 500 diputaciones federales del Congreso de la Unión y 15 gubernaturas, siendo estas últimas las que despiertan mayor interés –y ambición- entre los partidos políticos y sus grupos de poder a nivel local.

Este jueves 12 de noviembre se experimentó una especie de “deja vú” en el palacio de gobierno del estado de Veracruz. Abrumado por su propia incapacidad, visiblemente molesto por los señalamientos de que no gobierna realmente y apresurado por repartir culpas, Cuitláhuac García Jiménez terminó reproduciendo las mismas falacias discursivas a las que habituó a los veracruzanos uno de sus antecesores más funestos en el cargo de gobernador de la entidad: Javier Duarte de Ochoa. Con una ligereza infame, García Jiménez intentó “cargar” toda la responsabilidad sobre el asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, sobre la propia víctima, incurriendo en la misma criminalización de quien ya no puede defenderse a la que era tan afecto durante su gobierno el hoy “inquilino” del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

No pasaron ni tres días para que la versión del Veracruz idílico y en paz que nos pretende hacer creer el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se desmoronara. El asesinato artero de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, a manos de hombres armados que la secuestraron la mañana de este miércoles es un signo irrefutable no solo de la brutalidad criminal que reina en la entidad, sino también y por mucho, de la descomposición política propiciada por un régimen incompetente e irresponsable como el que mal gobierna Veracruz.

Los señalamientos de los gobernadores de la llamada “Alianza Federalista” sobre la intención de quitarles una enorme tajada de recursos presupuestales para el año entrante no eran descabellados ni falaces. Y están por hacerse realidad. Este martes, fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación en el que, entre otras cosas, se incluye un recorte de 9 por ciento para los estados y municipios del país.

El pasado fin de semana comenzó a difundirse la propaganda oficial para promover el segundo informe de labores del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mismo que tendrá lugar el próximo domingo 15 de noviembre. Mientras los mensajes oficialistas han puesto énfasis en la construcción de infraestructura en comunidades apartadas –mucha de la cual ni siquiera está terminada o bien presenta fallas que la hacen colapsar de inmediato, como acaba de ocurrir en un tramo de la carretera Las Choapas-Cerro Nanchital-, el discurso público de las autoridades se enfocó en el tema de la seguridad, en el cual juran haber alcanzado importantes logros.

Desesperado por encontrar la vía que le permita salir de la cárcel y de paso vengarse del ex presidente Enrique Peña Nieto por haberlo encerrado, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ofrece ahora sus “servicios” como “chivato”. Luego de que otro delincuente confeso, el ex director de Odebrecht en México Luis Alberto de Meneses Weyll, salió a declarar que el dinero entregado por la empresa brasileña al últimamente muy silencioso Emilio Lozoya no fue para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto como declaró el ex director de Pemex, sino para garantizarse contratos una vez que llegaran al gobierno –que para el caso es lo mismo-, desde la cárcel Javier Duarte de Ochoa “levantó la mano” para darle una “ayudadita” a sus “amigos” de la “4t”.

En un alarde de obviedad que raya en el cinismo, este martes José Luis Vargas Valdez fue “elegido” de botepronto, a puerta cerrada y en votación dividida como nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ¿Y por qué la crítica? Porque precisamente éste fue el magistrado que tuvo a su cargo la ponencia que presentó el proyecto para negar definitivamente el registro como partido político a México Libre, asunto en el que tenía especial interés “ya saben quién”.

Cada que viene de gira al estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llena de elogios al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Incluso, en alguna ocasión se aventó la “puntada” de decir que es una “bendición” que esté al frente del gobierno estatal, ya que se trata de un hombre “honesto”. Pero más allá de las perogrulladas, la administración que formalmente encabeza García Jiménez no se ha distinguido por su probidad –baste recordar la contratación de artistas a precios inflados para la ceremonia del 15 de septiembre de 2019; o el nombramiento de su primo Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y Administración, a quien mantiene en el cargo a pesar del evidente nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses que implica- ni por su transparencia. Mucho menos, por su respeto a la legalidad.

En pleno repunte de la pandemia y con México entre los países con mayor letalidad por la enfermedad de la covid-19, el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” hace gala por enésima ocasión de cuáles son sus verdaderas prioridades. Luego de intentarlo durante la misma discusión que llevó a la extinción de 109 fideicomisos públicos que dejó a la deriva la investigación científica, la producción artística y la protección de víctimas, los diputados federales afines a la entelequia llamada “4t” lograron su cometido de desmantelar en primera instancia…