Aurelio Contreras Moreno

Nuevamente una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto sobre la mesa de debate un tema que implica la defensa de derechos que se trastocan continuamente en México, como el de la presunción de inocencia. La Corte invalidó este lunes unas reformas a los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional ―que establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal― y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales ―que prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados― por ser inconstitucionales.

A tono con lo que sucede a nivel federal, en Veracruz el clima político es de sucesión adelantada por la gubernatura dentro del partido oficial. Pero a diferencia de lo que ocurre con la carrera presidencial, donde es el propio Andrés Manuel López Obrador quien adelantó los tiempos con el objetivo de promover con todos los recursos del Estado a su favorita, Claudia Sheinbaum, en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no parece tener voz ni voto al respecto y únicamente se estaría plegando a una decisión que se tomará en otro lado. ara nadie es un secreto que la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, es quien aparece como la más adelantada entre los aspirantes a la postulación a la gubernatura de Morena en 2024.

Todas las diatribas que cotidianamente lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus conferencias matutinas, sus redes sociales y sus giras por el interior de la República están cuidadosamente planeadas. Difícilmente se deja algo al azar. Así que la invectiva contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de este jueves –que se suma a otras anteriores, que cada vez son más frecuentes y cuya virulencia va creciendo con celeridad- no fue de ninguna manera casual y se enmarca dentro de una estrategia del régimen de la autoproclamada y demagoga “cuarta transformación” para controlar un sector estratégico: el de la educación superior. Durante la “mañanera” de este jueves, López Obrador dijo que la UNAM –dónde él mismo se formó en la licenciatura en Ciencias Políticas, la cual por cierto se tardó “nada más” 14 años en terminar- se volvió “individualista” al “defender” proyectos “neoliberales”.

Una de las principales críticas al viejo régimen priista era su capacidad innata para trastocar y pervertir a las instituciones, volviéndolas disfuncionales en beneficio de sus intereses políticos particulares y, obviamente, en perjuicio del interés colectivo. Algo que en la actualidad ha sido corregido –que no arreglado- y aumentado por el lopezobradorato. Los operadores de Morena –muchos provenientes de ese dinosáurico priismo- han hecho gala en los últimos tiempos de que lo que bien se aprende jamás se olvida, como el mayoriteo legislativo sin posibilidad de discusión, las simulaciones jurídicas y los fraudes a la ley para obtener posiciones políticas inmerecidas.

Como en los “mejores” tiempos del PRI más autoritario y vertical, la mayoría pro-lopezobradorista en San Lázaro se enfila a convertir a la Cámara de Diputados en una mera oficialía de partes del Ejecutivo, en la que solo se le da trámite a los asuntos y las iniciativas sin modificarles una coma. Es lo que sucedió este lunes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y luego en el Pleno de la Cámara baja, donde las iniciativas de Ley de Ingresos, Ley de Derechos y la Miscelánea Fiscal para el 2022 fueron aprobadas sin tocarles ni un punto, ni una coma, ni una cifra y en especial, ninguna de las disposiciones que atentan contra diferentes sectores productivos de la población con la intención de sangrarles todos los recursos posibles, que es la única lógica que impera en todo lo que hace la “4t”, junto con la del control absoluto.

En el más completo de los ridículos quedó el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) al prestarse a la jugarreta para asignar diputaciones locales plurinominales beneficiando descaradamente a Morena, para que tenga una sobrerrepresentación disimulada por actos de “chapulineo” partidista. Por principio de cuentas, desde el jueves por la noche se filtró el proyecto de acuerdo del Consejo General del OPLE para el cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en el que ya estaba configurada la forma en la que finalmente se repartirían las curules plurinominales.

Las políticas “austericidas” de los gobiernos de Morena, que implican dejar de canalizar recursos para cualquier cosa que no sea su infame clientelismo político y las odas a la megalomanía –y los negociazos de sus “cuates”- del presidente López Obrador, han tocado extremos intolerables que ponen en serio riesgo la salud, la integridad y la vida de la población vulnerable, en la cual no consideran que sea buena idea “gastar”. La sistemática negativa del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” a vacunar a menores de edad, a aplicar refuerzos de inmunización a quienes se les inyectaron fármacos de dudosa calidad y eficacia como a los maestros, y el andar mendigando por el mundo vacunas regaladas, tiene una sola y muy miserable razón: el gobierno no quiere gastar en eso.

Nadie que no tenga un interés político, económico, ideológico, doctrinario o meramente pragmático se puede tragar a estas alturas el cuento del supuesto “combate a la corrupción” que el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” pregona como su “bandera”. La exhibición del ex director peñista de Pemex y delincuente confeso Emilio Lozoya Austin departiendo la noche del pasado sábado en un restaurante de lujo con sus amistades –incluida la hija de un encumbrado empresario, dueño de una famosa marca de tequila-, muestra de manera cruda y grotesca que la aplicación “a contentillo” de la ley, el uso faccioso de las instituciones y los privilegios para cierto tipo de malhechores se mantienen intactos en el régimen que dizque iba a “transformar” las prácticas de la vida pública de nuestro país.

La embestida del régimen de la autodenominada “cuarta transformación” contra el sector académico del país está lejos de haberse apaciguado. Si bien los reflectores mediáticos han dejado de poner tanta atención en el tema, hay varias señales de cómo el gobierno de la supuesta “transformación de la vida pública del país” continúa con una estrategia de sistemático acoso en contra no únicamente de los investigadores adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que enfrentan una ridícula acusación por delincuencia organizada, sino que se extiende a todo el sistema de educación superior, que hasta ahora ha manifestado distancia del régimen y una defensa de sus pares que, por desgracia, no permea en todo el gremio académico.

No pasó mucho tiempo para que la ambigua postura oficial del PRI respecto de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica –con la excepción de legisladores como la senadora Claudia Ruiz Massieu o el diputado federal José Yunes Zorrilla, que claramente se han manifestado en contra- creara un ambiente de cisma en la de por sí endeble alianza del tricolor con Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El solo hecho de no sumarse a un pronunciamiento en bloque –como se supone deberían actuar las coaliciones legislativas- en contra de una iniciativa de reforma constitucional abiertamente regresiva, expropiadora, centralista, monopólica, estatista y anclada totalmente en el pasado, ha puesto en entredicho la alianza misma, la cual les permitió a esos partidos hacerse de una representación popular que en las urnas les mandató, precisamente, no apoyar políticas públicas como la que pretende instrumentar el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”.