Aurelio Contreras Moreno

Los actos estridentes, las demostraciones de “músculo” político y el acarreo de trabajadores del estado lo mismo para desfiles que para las manifestaciones maquinadas desde el poder de los últimos meses en Veracruz –todo con cargo al erario-, además de demostrar el uso patrimonialista de los recursos gubernamentales para servir a intereses que no son los de la sociedad, son parte de una lucha interna que se desarrolla en Morena por hacerse de las principales candidaturas que se disputarán en la entidad el año entrante, salvo la gubernatura, que responde a otra lógica. No es casual que la manifestación de este sábado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sido convocada en primera instancia por los diputados locales de Morena y sus satélites. Quien buscó beneficiarse con esa pantomima fue el jefe de los dóciles legisladores, Juan Javier Gómez Cazarín -con la venia del gobernador Cuitláhuac García-, con el objetivo de ganar la candidatura de Morena al Senado por Veracruz.

Llevando su teatro de la desgracia hasta las últimas consecuencias, el gobierno de Veracruz volverá a abusar del poder acarreando burócratas a su pantomima de este sábado afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como invertir el tiempo libre de un fin de semana en una payasada como la que se les ocurrió a Cuitláhuac García y a Juan Javier Gómez Cazarín no es atractivo para nadie que no sea militante del partido oficial, ni sirve más que para exacerbar el servilismo de ambos políticos y las ansias de ser premiados con otro “hueso” en el próximo sexenio, desde el gobierno que encabeza formalmente el primero maquinan un nuevo operativo de indigno y vejatorio acarreo forzoso de trabajadores del estado para que la supuesta “manifestación pacífica” aparente tener una “gran convocatoria”. Varias quejas y denuncias han circulado en medios en los últimos días sobre cómo van a volver a acarrear empleados gubernamentales a la “concentración por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade a la SCJN” (no se ría, así le pusieron), cuya cursilería y demagogia implícitas en su denominación son directamente proporcionales a la magnitud de la arbitrariedad que conlleva.

La política deportiva del actual gobierno de México es uno de los más claros ejemplos de la manera caprichosa, autoritaria y patrimonialista como se conduce el obradorato en el poder. Para el presidente –y por consiguiente, para todas las demás autoridades morenistas-, la única política pública real relacionada con el deporte es la de apoyar el beisbol, que es la disciplina que a él le gusta. Todo lo demás ha pasado a ser secundario, relegado, cuando no francamente ignorado. Y las consecuencias no se han hecho esperar. A cada competencia internacional a la que asisten deportistas mexicanos, éstos tienen que buscar la manera de obtener apoyos para sufragar sus gastos, pues del gobierno no reciben nada. Y no lo decimos los periodistas ni los “adversarios”. Lo dicen los mismos atletas, que tienen literalmente que mendigar ayuda hasta para un uniforme o un equipo. Ya no digamos para un viaje a un país remoto, cuyo costo es inalcanzable para deportistas que viven de paupérrimas becas que luego ni les quieren pagar.

Sin freno, de la manera más rupestre y con un descaro que alarma, el morenato viola la ley en las narices de todos y desvía recursos públicos para hacer proselitismo electoral como solamente se le recuerda al PRI de sus años de hegemonía absoluta, hace más de cuatro décadas. Si hay un gobierno –además del federal- cuyos funcionarios se distinguen por su total ausencia de escrúpulos, ése es el que encabeza en Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, que desde su inicio le ha entrado con todo a varios hechos de corrupción que han sido documentados, sin que suceda nada gracias a la impunidad que le brindan desde Palacio Nacional. Para muestra, este domingo fue exhibida la manera en la cual se están desviando recursos humanos y materiales –y no dude que también presupuestales- del gobierno veracruzano a la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.

Mientras la clase política se despedaza por tomar el poder –y con ello se lleva al país entre las patas-, quienes tienen responsabilidades públicas descuidan miserablemente aquello que es verdaderamente importante para el pueblo al que juran defender, como el acceso a servicios públicos eficientes y dignos. En especial, el suministro de agua potable se ha convertido en un serio problema a nivel global, que en el estado de Veracruz se vuelve caótico cuando llega la temporada de estiaje y el líquido escasea de manera alarmante. Xalapa, la capital veracruzana, es una de las ciudades que más sufre en el estado por los problemas de abasto. En primer lugar, porque depende del agua que le llega de otras regiones -que incluso no son parte del territorio estatal- y que en más de una ocasión han chantajeado a los gobiernos municipales –indistintamente del partido que esté al frente- para que les doten de obras –lo cual no les corresponde-, a cambio de no cerrar las válvulas que regulan el paso del agua hasta la ciudad.

Como era de esperarse, la cantada invalidación de una parte del bodrio legislativo llamado “Plan B”, con el que el lopezobradorismo pretende desfondar a los órganos electorales, provocó una reacción furiosa del régimen en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, con especial rabia misógina, contra la ministra presidenta Norma Piña. Sin mayores argumentos para defender el desaseo con el que la mayoría obradorista ha sacado éstas y otras leyes en el Congreso de la Unión, y que es el punto central de la anulación de la reforma electoral motejada como “Plan B”, los voceros, textoservidores y hasta altos funcionarios de la “4t” salieron a las redes a acusar, por un lado, una inexistente violación a la división de poderes porque según ellos, la Corte sustituyó al Poder Legislativo; y por otra parte, a farfullar sobre que a los legisladores los eligió la mayoría del “pueblo” mientras a los ministros no. Otra perogrullada.

Tal y como se le escuchó en un audio hace mes y medio al jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Ulises Rodríguez Landa, los empleados de ésa y otras dependencias del gobierno estatal están siendo utilizados para hacer propaganda y operar electoralmente en favor de Morena de manera descarada. Nuevas denuncias de trabajadores y la propia evidencia que publican en sus redes funcionarios como el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, dan cuenta de la forma en que el gobierno de su primo hermano Cuitláhuac García Jiménez desvía recursos –por lo pronto, humanos- para hacer proselitismo adelantado e ilegal en seccionales y colonias de varios municipios de la entidad. Cada vez son más los burócratas estatales que denuncian que son obligados, bajo amenazas de represalias laborales, a repartir la propaganda de Morena y, además, en favor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, a la que Cuitláhuac García le ha apostado todo rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

Lo que está pasando dentro de los Servicios de Salud de Veracruz es realmente para ponerle atención, por las enormes implicaciones que puede tener al poner en grave riesgo la vida de los usuarios. Apenas hace unos días nos enteramos que un elevador se desplomó en la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz, causando severas lesiones en tres enfermeras. Hecho que intentó ser ocultado por el secretario de Salud Gerardo Díaz de manera descarada e irresponsable, hasta que las propias afectadas lo exhibieron como un mentiroso. Este lunes, otra enfermera, Soledad Pimentel Zilch, denunció que en el Hospital General de Perote se les ordenó reutilizar jeringas y otros materiales desechables, mismos que se pretendía que “sanitizaran” con sal para usarlos con más de un paciente, con los enormes riesgos de contaminación y transmisión de virus y bacterias que eso conlleva. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es evidente: no hay recursos suficientes ya no solo para adquirir medicamentos, sino ni siquiera para los insumos básicos para la atención de los pacientes. Mucho menos aún para darle mantenimiento a la infraestructura de las instalaciones hospitalarias.

La “sesión” del Senado de la República del pasado viernes, en la cual los legisladores de Morena y sus rémoras “aprobaron” al vapor, sin leerlos, 20 dictámenes de reforma a igual número de leyes, sienta un precedente funesto que augura tiempos todavía más oscuros. Más allá del contenido de las reformas del que los sumisos senadores levantadedos ni se enteraron, pero así las aprobaron –algunas necesarias, como la “3 de 3”; otras altamente perniciosas como la #LeyBuylla-, el principal problema radica en que los encargados de hacer las leyes de este país usaron la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo como papel sanitario. La “sesión” no cumplió ni con el requerimiento básico del quórum legal para aprobar siquiera el orden del día, que los senadores de la “4t” –Morena, PVEM, PT y PES- modificaron ilegalmente. Luego de recibir “línea” del presidente López Obrador para sacar como fuera los 20 dictámenes –al estilo de lo que pasó días antes en la Cámara de Diputados-, los senadores oficialistas se instalaron en una sede “alterna”, en la antigua casona del Senado en el centro de la Ciudad de México, ya que la tribuna del salón del Pleno estaba tomada por la oposición desde el jueves.

La espiral de destrucción institucional instigada esta semana por el oficialismo “cuatrero” en el Congreso de la Unión, y atestiguada por un país impávido, no tiene parangón en la historia reciente de México y representa retrocesos que costará mucho tiempo remontar. El régimen lopezobraorista lanzó una oleada de reformas legales para disimular sus fracasos como el del Insabi, encubrir malos manejos como los que llevaron a la quiebra a la Financiera Rural, controlar a la comunidad científica mediante una regresiva y autoritaria Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y terminar de enriquecer a la cúpula militar entregándole por completo el control del Tren Maya y todo el dinero que ingrese al país por concepto de turismo extranjero. Un despropósito inmenso. Todo eso, mientras la opinión pública se distraía con la mala salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue manejado como una de las cortinas de humo más perversas que gobierno alguno haya diseñado en México.