Autoridad vulnerable, sociedad vulnerable

Premisa fundamental: tener autoridades vulnerables,

significa tener una ciudadanía igualmente vulnerable.

Independientemente de las probables motivaciones

políticas o criminales de las agresiones.

Luis Gutiérrez R.

Patético escenario: emboscan a policías municipales y estatales en Coatepec Harinas, Estado de México, muy cerca de la capital del país. Murieron 13 uniformados.

 Dos días después, el sábado 20 de marzo, en Rincón de Guayabitos, Nayarit, marinos y soldados de la Guardia Nacional, se vieron atrapados en un tiroteo en que duró más de 20 minutos, frente a una playa repleta de aterrorizados turistas (se habló de cinco heridos); esa tarde, muy cerca de allí, entre la maleza de la zona, la tropa se topó un fugitivo inesperado y confeso: el temible M-3 (presunto jefe regional del Cártel Nueva Generación, de Jalisco y secuaz, por cierto, del de la banda de “El Mencho”, actualmente en prisión.

Prosiguen los hallazgos cotidianos de cadáveres en muchas partes del país. Niñas, niños, jovencitas, caen víctimas todos los días de bestiales feminicidas. La temible inseguridad domiciliaria y callejera no tiene freno,

En este escenario patético y violento deambulan el desempleo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), informa del cierre de más de un millón de establecimientos comerciales, con el consiguiente desempleo, que profundiza la pobreza en que se encuentran ya millones de mexicanos.

A lo anterior se suma la desazón de adultos mayores por la incertidumbre en torno a las vacunas antivirus todavía para un amplio sector de adultos mayores, cuya existencia ha permanecido perversamente a media luz.

Y además, contra pronósticos y promesas, suben los precios de las gasolinas, y con ellos los costos de los artículos de primera necesidad de la canasta básica, como también aumentan aquí y allá las tarifas de energía eléctrica, agua potable y la inmisericorde y cotidiana lucha por el ingreso diario para sufragar renta y alimentos.

Sin embargo, ante este patético escenario, el punto número uno en la agenda del poder presidencial, deja caer todo su peso sobre dos jueces que osaron invalidar la Reforma Eléctrica (por inconstitucional), promovida por AMLO y su ex casero, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Alguien tuvo la cordura de advertir la desmesura presidencial, y parece que AMLO ya le bajó el tono a su guerra personal contra adversarios conservadores y fifís. El pleito ya había llegado a los recibos de la luz que pagan la cadena comercial OXXO, Bimbo y Walmart, entre otras, Al momento de escribir estas líneas los espectadores cruzaban los dedos para que todo se dirimiera (según el presidente) en una “mesa de debate”.

Conste que a estas alturas el presidente ya estaba amenazando con cambiar el nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Suprema de Derecho. En otro arrebato (que no parece muy distante) podría decretar la desaparición de los poderes legislativos estatales y el federal, esto es, el Congreso de la Unión.

Mientras tanto, el tic tac de la inseguridad y de la muerte avanza inexorable para millones de mexicanas y mexicanos de todas las edades. Niñas y niños inclusive.

En la marcha de protesta de miles de mujeres del pasado 8 de marzo frente al Palacio Nacional, un grupúsculo embistió la valla metálica que circundó la residencia presidencial. Esa acción bastó para que AMLO y la jefa de gobierno de la capital descalificaran el movimiento.

Ni el presidente ni Claudia Sheinbaum se refirieron a las causas del movimiento ni a cómo combatirlas. Borrados de la memoria del poder, quedaron asesinatos, secuestros, violaciones y todo aquello que desde siempre ha sido usado para estigmatizar a la mujer mexicana por motivos de género.

El otro lado siniestro de la etapa que vive México, es el asesinato de políticos, particularmente de candidatos a cargos de elección popular que participarían en los comicios del próximo 6 de junio.

En su Segundo Informe de Violencia contra Personas Políticas en México 2021, Etellekt, la empresa consultora mexicana que realiza estadísticas sobre la violencia, al concluir los primeros 6 meses del actual ciclo electoral (entre el 7 de septiembre de 2020, fecha de inicio del proceso electoral, y el 5 de marzo de 2021 (arranque de campañas a gubernaturas en los estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora), se registraron al menos 238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas diversas.

De los 55 políticos que perdieron la vida en esta etapa, ocho de cada 10 víctimas eran opositoras a los gobiernos estatales. (…) Y en el 90% de los casos, quienes perpetraron los hechos son comandos armados civiles compuestos de 2, 3 o hasta 5 personas”.

El equipo de analistas y personas consultoras de Etellekt, parte de una premisa fundamental: tener autoridades vulnerables, significa tener una ciudadanía igualmente vulnerable. Independientemente de las probables motivaciones políticas o criminales de las agresiones.

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