Autor: 12 Horas GR

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado este domingo 13 de abril de 2025, en el que reconoce la existencia de desapariciones en el país, aunque sostiene que en la actualidad estas no constituyen una política de Estado como ocurrió durante el periodo histórico conocido como “Guerra Sucia” (1951-1990).
En el documento difundido el domingo 13 de abril, titulado “Precisiones sobre la desaparición de personas en México frente al pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de la ONU”, la CNDH afirma que, si bien no niega la existencia de desapariciones ni la posibilidad de colusión de autoridades en algunos casos, rechaza que estas sean actualmente sistemáticas o resultado de acciones gubernamentales directas.
“No negamos la existencia de desapariciones en México ni la posibilidad de que existan casos de colusión de autoridades en dichos eventos. Sin embargo, sostenemos —con base en información documentada— que, en la actualidad, estas desapariciones no se originan desde el Estado”, señala el comunicado oficial.
La Comisión contrarresta lo que califica como señalamientos del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, argumentando que “esos señalamientos no corresponden a la realidad porque hoy la desaparición forzada no es sistemática ni mucho menos una política de Estado”.
El organismo autónomo puntualiza que actualmente la desaparición de personas es mayoritariamente un “delito perpetrado por particulares, principalmente por la delincuencia organizada, dentro de la lógica de economía criminal y de la violencia en dinámicas regionales, locales y municipales”.

La Administración de Estados Unidos se ha planteado el objetivo de deportar a un millón de inmigrantes ilegales en el primer año de Presidencia de Donald Trump, consigna The Washington Post, que cita fuentes gubernamentales.
De concretarse, la cifra superaría por un amplio margen al mayor número de deportaciones en un año jamás registrada en el país norteamericano, que fue de más de 400.000 durante el mandato de Barack Obama.
El asesor de la Casa Blanca de Seguridad Interna, Stephen Miller, ha estado deliberando casi a diario con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales sobre cómo alcanzar la meta, según contaron dos fuentes.
Una opción para el incremento rápido de deportaciones pasaría por encontrar vías para expulsar a algunos de los 1,4 millones de indocumentados para los cuales se han emitido órdenes de deportación finales, pero que son no ejecutables por la negativa de los países de su origen a aceptarlos.
Dos funcionarios afirmaron al medio que la Administración mantiene negociaciones con una treintena de países para que acepten a indocumentados, aunque no se trata de sus ciudadanos. Estas deportaciones a terceros países, entre ellos México, Costa Rica y Panamá, ya han empezado.