Por eso el miedo a la revocación de mandato
El pasado fin de semana, Oaxaca vivió un ejercicio de revocación de mandato que, en los hechos, buscaba ser una ratificación del gobernador en turno, Salomón Jara. Los resultados oficiales confirmaron la permanencia del mandatario, pero lo hicieron bajo un tufo de sospechas de fraude y la certeza de la ilegitimidad.
Aunque el gobierno de Jara intentó presentar la jornada como un triunfo de la democracia participativa, las cifras oficiales revelaron un dato imposible de ocultar: el rechazo ciudadano fue estruendoso. La participación estuvo por debajo de lo esperado y, aun entre quienes acudieron a las urnas, se registró un porcentaje significativo de votos en favor de la revocación del gobernador morenista. De hecho, en la capital oaxaqueña, perdió estrepitosamente.
La figura de la revocación de mandato, incorporada en la Constitución mexicana como un mecanismo de democracia directa, nació con la promesa de “empoderar”, aparentemente, a la ciudadanía frente a gobernantes que incumplen sus compromisos o ejercen el poder de manera autoritaria. Sin embargo, en la práctica, este instrumento fue utilizado más bien como un recurso de legitimación política y no como un verdadero mecanismo de rendición de cuentas.
Incluso, la verdadera intención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en aquella consulta de revocación de su mandato que nadie pedía –ni la oposición- era en realidad justificar una extensión de su gobierno, lo que muy probablemente hubiese sido el siguiente paso de haber logrado que la consulta fuese vinculante, lo que al igual que Jara, tampoco consiguió debido a la baja participación ciudadana.
López Obrador promovió la consulta porque tenía la certeza de que los aparatos de movilización y el clientelismo ramplón de su sexenio garantizarían un resultado favorable, además de la aceptación real de su figura por una amplia franja de la población de este país. Era una apuesta segura. Pero con otros políticos es distinto.
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