La detención de un exagente del Cisen revive las dudas sobre el Estado y el crimen político de Colosio
Han pasado más de tres décadas y todavía la sociedad mexicana sigue sin tener claro cómo se produjo el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, quien fue ultimado el 23 de marzo de 1994 en la ciudad de Tijuana, al norte del país, mientras encabezaba un mitin.
El reciente encarcelamiento de Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien en su día fuera agente del Centro de Investigación y Seguridad (Cisen), podría derivar en el cierre de un caso que sigue conmocionando al país.
Milenio refiere que el pasado sábado, el juez federal Marcelino Niño Jiménez dictó un auto de detención formal contra el exfuncionario, sindicado por la Fiscalía General de la República por homicidio calificado en contra de Colosio, luego de que en la ropa que portaba el día del crimen se hallaran restos de metales pesados, lo que permitió concluir que había disparado un arma de fuego.
La Fiscalía intentó vanamente aprehenderlo en 2023 y en 2024, pero se salvó de la cárcel por medio de amparos judiciales. Ahora, su situación ha cambiado: la aplicación de la prueba de Harrison Gilroy –también conocida como la prueba rodizonato de sodio– sobre sobre sus prendas, aportó evidencia aparentemente concluyente en favor de su participación en el hecho de sangre, por el que solo ha sido condenado Mario Aburto Martínez.
Los claroscuros del magnicidio
Desde el primer día, Aburto Martínez fue señalado como el tirador solitario que segó la vida de Colosio y por ello fue sentenciado a 45 años de cárcel. Desde el principio, el nombre de Sánchez Ortega ha estado presente en la causa. En marzo de 1994, las autoridades lo detuvieron porque tenía rastros de sangre en su ropa, pero fue liberado porque no se pudo probar que había disparado un arma de fuego.
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