El gobierno de Miguel A. Yunes huele a muerte
Una vez más, la ineficacia del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene olor a muerte.
Este domingo, mientras miles de veracruzanos aún vacacionaban, el estado se convulsionó con el motín del penal de Amatlán, la ejecución de dos personas que fueron arrojadas afuera de un corralón en Minatitlán y el asesinato de una mujer en Las Choapas.
La tragedia que se vivió el sábado por la noche en el penal de La Toma, en el municipio de Amatlán, fue apenas el corolario de otro fin de semana sangriento en el estado, mientras el gobernador disfrutaba de vacaciones y promovía al candidato a Gobernador del PAN, según lo difundió él mismo por sus redes sociales.
El motín de reos y la muerte lamentable de 7 personas –entre ellas 6 policías-, es consecuencia del estado deplorable de un sistema penitenciario que ni rehabilita ni facilita la reinserción social de las personas que purgan sentencia. Crisis a la que se suma la incompetencia y la complicidad que hoy ha cobrado la vida de policías que sólo realizaban su trabajo en condiciones de absoluta indefensión.
De lo que realmente sucedió en Amatlán poco sabemos: un operativo fracasado, un motín de reos, siete muertos, decenas de heridos y dos delincuentes de muy alta peligrosidad fugados. Lo que la versión oficial no menciona es la posible relación que tenga este lamentable hecho con la denuncia que hizo el periódico Reforma de los vínculos del Secretario de Seguridad Pública con grupos de delincuencia organizada y las acusaciones que hacen presuntos miembros de un grupo delictivo involucrados en el motín del penal de la Toma.
Hasta ahora, ningún Secretario de Seguridad Pública había sido acusado de vínculos tan estrechos con la delincuencia organizada, ni caía sobre de él la sombra de duda sobre el trato preferencial que se da a algunos delincuentes en las cárceles que son responsabilidad del gobierno estatal.
Por supuesto que estos señalamientos deberán de ser investigados, sin embargo, a la luz de los hechos, el gobernador del Estado y su Secretario de Seguridad Pública tienen muchas cosas que aclarar.
Por ejemplo, si se trataba del traslado a un penal de alta seguridad de reos tan peligrosos, ¿En qué falló el operativo que costó la vida al menos a siete personas –hay que recordar que aún hay heridos de gravedad-? ¿Quién era el responsable? ¿Quién lo encabezaba? ¿Quiénes son los dos reos que se habrían fugado?
La comunicación oficial emitida la tarde de este domingo no satisface a nadie, porque no ofrece información precisa a los familiares de las víctimas y el cerco informativo a los medios de comunicación sólo oculta las verdaderas razones que detonaron la tragedia. El monólogo del gobierno no es un acto de transparencia sino de un cinismo extremo.
Si bien es cierto que los problemas al interior de los penales del estado no es algo nuevo, resulta que también fue otra de las mentiras premeditadas del mandatario estatal como candidato; las cosas no sólo no cambiaron, sino que han empeorado ante la complacencia de la autoridad penitenciaria en el sostenimiento de un gobierno interno que genera la violencia al interior de los penales.
Las viejas prácticas siguen ahí. Las cárceles en Veracruz siguen siendo un gran negocio que deja millonarias ganancias a funcionarios, a cambio de vejación y muerte en contra de algunos internos. El cobro de piso que hacen los delincuentes de alta peligrosidad a la población de internos, es el mismo que realizan las autoridades a estos grupos delictivos.
Es muy probable que sea hasta dentro de 243 días, cuando Miguel Ángel Yunes concluya su gobierno, que conozcamos la verdad de lo que ha sucedido en el penal de la Toma.
La verdad no es algo con lo que comulgue el actual gobernador de Veracruz.
A pocos meses de que concluya esta caricatura de gobierno estatal, los veracruzanos nos empezamos a percatar que Miguel A. Yunes nos engañó con la verdad cuando nos habló de su experiencia en materia de seguridad, experiencia que incluye, a un precio que desconocemos, la fuga del Chapo Guzmán.
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