El problema es la Fiscalía antes que el Poder Judicial
Tal y como se esperaba, los Diálogos para la Reforma del Poder Judicial se han convertido en un monólogo que busca legitimar una decisión que ya se tomó en las penumbras del Palacio Nacional.
La solución no es decapitar al Poder Judicial. Eso sólo beneficiará a un presidencialismo autoritario y perverso. ¿Quitar a los jueces y elegirlos por voto popular arreglará el precario sistema de justicia? No.
Como lo dijo la presidenta de la SCJN, Norma Piña, la justicia no es exclusiva del Poder Judicial. El problema también son las Fiscalías de los estados y la Federación. La impunidad germina en los delitos que no se denuncian, la corrupción inducida en las fuerzas de seguridad y la politización de la justicia y sus instituciones.
¿De qué estamos hablando? En México de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos denunciados, sólo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea castigado en nuestro país es tan sólo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.
¿La impunidad es responsabilidad exclusiva de los jueces? No. Revisemos la tragedia de los datos duros: en el país se cometen ¡70 mil delitos al día! La seguridad pública es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo y no de los jueces ni ministros. Esa es la cortina de humo de muchos gobiernos morenistas.
A pesar de que sólo se denuncia el 6.4% de los delitos, durante 2022 se presentaron 26.8 millones de ilícitos antes las diferentes fiscalías del país. De esa cantidad, sólo se abrieron 2.1 millones de carpetas de investigación por parte del ministerio público, hoy con la figura de fiscal.
De esos 2.1 millones de carpetas de investigación, sólo 228 mil 903 de los casos fueron llevamos ante un juez. Y de esta cantidad, menos del uno por ciento de los delitos denunciados, acaso 11 mil 120, llegaron a ser procesos penales con juicio oral.
En síntesis: de los 26.8 millones de delitos denunciados, los jueces sólo conocieron de 228 mil 903, es decir, el 0.8%. Eso significa que 9 de cada 10 casos naufragan en el cajón de la Fiscalía, en archivos temporales, en carpetazos, sin llegar nunca al Poder Judicial.
Entonces, ¿cuál ha sido el papel de los jueces y ministros en todo este proceso de impunidad? Cuando un caso es enviado al Poder Judicial y ese caso llega a la fase de juicio, el 75% de las sentencias son condenatorias. En un juicio 3 de cada 4 casos se resuelven a favor de las víctimas. ¡Eso jamás lo ha dicho el Presidente!
En descargo de las Fiscalías, también hay que decirlo, se trata de oficinas que operan en condiciones infrahumanas, con excesivas cargas de trabajo y el mínimo de personal para realizar una investigación adecuada. En todo caso, habría que redirigir una parte del presupuesto del Poder Judicial al trabajo de las Fiscalías, favoreciendo su profesionalización.
La participación de algunos ministros y jueces en calidad de fervientes militantes de Morena y obsequiosos abogados de los intereses presidenciales, sólo confirmó que la reforma judicial es un acto de venganza, no de justicia.
La elección popular de los jueces, sin perfil, capacidad ni experiencia, podría ser la gran victoria de la delincuencia y la dolorosa derrota de las víctimas.
La puntita
En Totalco, Cuitláhuac García pretende canjear la vida de dos personas por becas para sus hijos. Esa es la justicia que nos pretenden imponer con su reforma al Poder Judicial.
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