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El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que sí existieron denuncias e indicios de violencia e intervención del crimen organizado durante las elecciones al gobierno de Sinaloa en 2021, en las que obtuvo el triunfo el morenista Rubén Rocha Moya, actualmente con licencia y acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la elección fue validada y que “no hubo ninguna prueba” que fuese determinante para la anulación de los comicios.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Córdova señaló que la elección fue validada jurídicamente debido a que las impugnaciones no llegaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aseguró que la presidenta tiene razón al afirmar que la elección fue validada legalmente, pero cuestionó por qué las autoridades ministeriales no avanzaron en las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.

“Las elecciones de la calificación que hizo el Tribunal Electoral de Sinaloa de las elecciones de gobernador no fueron escaladas a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, explicó. Añadió que “al no impugnarse, se valida la decisión, se confirma la decisión de la instancia local”.

No obstante, afirmó que sí hubo irregularidades denunciadas durante el proceso electoral. “Que hubo irregularidades, las hubo”, sostuvo, al tiempo que indicó que los hechos “no fueron juzgados determinantes por las instancias correspondientes, que no el INE, como dijo la presidenta, y mucho menos un servidor, para anular esa elección”.

Miles de simpatizantes de Morena marcharon este sábado en la ciudad de Chihuahua en una movilización convocada bajo el lema “Marcha por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional”. 

La protesta ocurrió semanas después del operativo realizado el 19 de abril en la Sierra Tarahumara, en una zona del municipio de Morelos, donde autoridades estatales localizaron laboratorios clandestinos relacionados con la producción de drogas sintéticas. Posteriormente se confirmó la participación de agentes estadounidenses y la muerte de dos de ellos en un accidente carretero ocurrido tras las acciones de seguridad.

Diversos reportes periodísticos identificaron a los fallecidos como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

A partir de esos hechos, Morena acusó al gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, de permitir operaciones de agentes extranjeros sin autorización federal. Legisladores del partido plantearon incluso la posibilidad de promover un juicio político contra la mandataria estatal.

Líderes de Morena en Chihuahua

La marcha fue encabezada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y por Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. También participaron la senadora Andrea Chávez y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Horas antes de la marcha se registraron protestas en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, donde simpatizantes panistas y ciudadanos recibieron con gritos y pancartas a Ariadna Montiel y Andrés Manuel López Beltrán.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió una directiva interna para que los fiscales federales utilicen leyes de terrorismo al procesar a funcionarios mexicanos implicados en el tráfico de narcóticos, según una investigación publicada por The New York Times (NYT) que se basa en declaraciones de un alto funcionario estadounidense.

Según el diario, la nueva instrucción fue comunicada formalmente el pasado miércoles por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado, durante una conferencia interna con fiscales de diversas oficinas regionales.

Singh, cuya labor incluye la determinación de prioridades para los 93 fiscales federales de la nación, instó a sus colegas a incrementar las investigaciones contra servidores públicos extranjeros.

De acuerdo con el funcionario consultado por NYT, Singh afirmó que se debería triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus posiciones para habilitar a terroristas y traficantes.

El fundamento legal de esta estrategia se remonta al año pasado, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que designa a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Esta designación permite ahora que los fiscales busquen cargos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de los delitos tradicionales relacionados con el narcotráfico.

La noticia se publicó este lunes, semanas después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación formal por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios y exfuncionarios.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, negó ser autora de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de José Octavio García, quien se desempeña como administrador del organismo.

La denuncia señala presuntas omisiones por parte de Octavio García ante irregularidades de 63.2 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la adquisición de materiales electorales.

La consejera Gómez Puga dijo este jueves durante una conferencia de prensa que el documento es un montaje que suplanta su identidad.

“Dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona ni por mi oficina”, dijo en un mensaje a medios de comunicación. “La firma que aparece en ese documento es apócrifa y no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica”.

Gómez Puga vinculó esto con un intento deliberado de desestabilización institucional en el marco de la Junta General Ejecutiva.