Teología

Sobrevivientes de La Luz del Mundo exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe quién ordenó el no ejercicio de la acción penal en la investigación por abuso sexual, delincuencia organizada y presunto encubrimiento dentro de la organización religiosa, mientras presentaron un contrato de Canal Once relacionado con el político Hamlet García Aly y maguer que, afirmaron, apunta a posibles redes de influencia política.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Sóchil Martín y Sharim Guzmán afirmaron que el anuncio de una revisión o reapertura del expediente no responde a su exigencia principal, que es conocer quién tomó la decisión de cerrar la carpeta de investigación y bajo qué criterios se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Ambos coincidieron en que el proceso ha estado marcado por falta de claridad institucional, comunicación irregular con la Fiscalía y entrega tardía de información relevante para el seguimiento del caso.

Sharim Guzmán explicó que en etapas recientes del procedimiento han recibido información de forma desordenada, incluida la entrega de más de 2,500 hojas de documentación apenas un día antes de una audiencia, lo que, dijo, complica el análisis del expediente y el ejercicio de la defensa.

Sóchil Martín afirmó que el derecho de las víctimas no se agota en la continuidad del caso, sino en el conocimiento de las decisiones que lo interrumpieron.

México tiene derecho a saber quién decidió y por qué decidió el no ejercicio de la acción penal.

Víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de la Luz del Mundo denunciaron un “carpetazo” que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no encuadrar como trata de personas las conductas investigadas dentro del caso abierto desde 2019 y decidieron impugnar la decisión.

De acuerdo con el posicionamiento de Sóchil Martin, Sharim Guzmán y el videomensaje de Ada Camarena, la determinación de no ejercicio de la acción penal por trata de personas y delincuencia organizada, se dio a partir de que el Ministerio Público federal consideró que los hechos denunciados no encuadran jurídicamente en el tipo penal.

Las víctimas sostienen que esta resolución no fue comunicada de manera pública en su totalidad por la autoridad, sino conocida a partir de la revisión del expediente, lo que motivó su impugnación ante el Poder Judicial de la Federación.

Las denunciantes afirman que la investigación se inició a partir de testimonios de personas que lograron salir de la organización religiosa, quienes relataron presuntos esquemas de control interno, coerción, manipulación psicológica.

Así como abuso sexual y explotación, particularmente hacia menores de edad y jóvenes que formaban parte de la congregación.

Señalan que estos testimonios fueron integrados a la carpeta de investigación y sostenidos durante varios años como parte del análisis ministerial.