Seguridad Nacional

La estrategia de militarización emprendida en México, que otorgó a la Secretaría de Marina el control de puertos, aduanas y otros espacios clave, ha puesto en evidencia una red compleja que combina autoridades, empresarios y crimen organizado.

Esto afirmó en ‘Aristegui en Vivo’ Jacobo Dayán, explicando que no se trata simplemente de corrupción, sino de una “red de macrocriminalidad” donde convergen instituciones del Estado, agentes públicos y grupos criminales para controlar mercados legales e ilegales a gran escala. Esta estructura opera bajo protección política al más alto nivel y se extiende por distintas regiones del país, evidenciando una compleja madeja que abarca desde Tamaulipas hasta Veracruz y el Pacífico.

Dayán destacó el concepto de “empresa criminal continua o conjunta”, utilizado en tribunales internacionales para describir organizaciones criminales multifacéticas que actúan como grandes corporativos con fines ilegales, donde cualquier colaborador, aun sin participar directamente en actos criminales, tiene responsabilidad penal.

Señaló que esta definición explica cómo actores estatales, empresas y cárteles trabajan juntos en una operación coordinada, generando impunidad y violencia, incluyendo asesinatos y desapariciones. Frente a ello, denuncia la falta de acción eficaz por parte de autoridades y la aparente intención de mantener el caso limitado para no afectar a los altos mandos involucrados, lo que evidencia la magnitud e implicaciones políticas de este entramado criminal.
Esta es la transcripción sobre lo que detalló Jacobo Dayán:

“Una red dentro de la marina, pero también funcionarios de las aduanas, pero también gobernadores, miembros del congreso, evidentemente empresarios, una red de empresarios enorme, incluyendo empresas que se pueden dedicar no nada más a la distribución de esto, sino al lavado de dinero y no olvidar también la presencia de cárteles de la droga.

La reciente detención de 14 personas, entre empresarios y marinos, vinculados a una presunta red de huachicol fiscal, podría marcar “un punto de quiebre” tanto en el ámbito delincuencial como en el político, afirmó la periodista María Idalia Gómez en Aristegui en Vivo. El caso tendría relación también con las actividades de huachicol ligadas al empresario Sergio Carmona, asesinado en Nuevo León en 2021.

“Este caso que ha ocurrido y que se ha dado a conocer estas semanas marca el punto de quiebre y la ruptura con aquellos grupos que se habían enquistado en el poder con el lopezobradorismo, y que se refugiaban en eso, en la confianza que había dado el presidente y en toda esta transformación que, en realidad, ocuparon para su bienestar”, señaló.

Las detenciones, dijo, se produjeron gracias a la información entregada por autoridades de Estados Unidos a México: “Estados Unidos proporcionó la información, prácticamente puso a prueba a México sobre qué tan confiable era que iban a tratar esta información, porque este es el primer caso que se detona en México vinculado a Sergio Carmona, aquel empresario asesinado en Nuevo León. Y esa es la punta del iceberg”.

“Esto está vinculado directamente con Carmona”, señaló, y, por lo tanto, con la información que su hermano Julio Carmona, quien fue administrador de la aduana de Reynosa, habría proporcionado al gobierno de Estados Unidos.

“Si bien es cierto todo lo que dice el fiscal Gertz Manero respecto a la información que se tuvo desde hace dos años y que se empezó a dar seguimiento, no se tenía vinculada con todos estos casos. No se llevaba a todos estos lugares: a Tamaulipas, a Sonora, a Baja California. Por lo menos ahora, en Nuevo León también”, señaló.

Una compleja y millonaria red de corrupción dedicada al “huachicol fiscal”, que operaba en la aduana de Tampico, Tamaulipas, ha sido revelada gracias a la confesión de su exdirector, quien ahora funge como testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

La información, publicada por los diarios Milenio y Reforma, detalla un esquema de sobornos millonarios que presuntamente involucra a altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales.

De acuerdo con estos reportes, el testigo colaborador, identificado con el nombre clave “Santo“, delató que la red era controlada por la organización de “Los Primos”, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

La operación, que, según el testimonio, se extendió por casi dos años, permitía el atraque de buques cargados con millones de litros de combustible ilegal. Milenio detalla que por cada barco que atracaba, se pagaba una “cuota” de un millón 750 mil pesos que se repartía en sobornos. Para no ser descubiertos, los manifiestos de carga se falseaban para declarar que los navíos transportaban “aditivos para aceites lubricantes a granel”.

Por su parte, el diario Reforma identifica al testigo protegido como el Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025. De acuerdo con este medio, Torres Joaquín confesó a la FGR haber permitido personalmente el desembarco de 14 buques con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025. Por estas operaciones, asegura haber recibido un total de 24 millones 500 mil pesos en sobornos.