Seguridad Nacional

El ataque de un comando a policías del estado de Zacatecas, al centronorte de México, dejó un saldo de seis uniformados muertos, incluyendo el director de la corporación municipal de Calera, así como el subdirector lesionado. La mañana del miércoles, elementos de la policía de Calera hacían ejercicio en una unidad deportiva del municipio cuando sujetos armados llegaron al sitio y les dispararon. Como resultado de esta agresión, cinco agentes fallecieron. Minutos después, el director y el subdirector de la corporación llegaron al lugar, pero fueron atacados a tiros. Cuando los dos uniformados eran trasladados para recibir atención médica, el titular de la policía municipal falleció. La Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que continúan desarrollando la investigación. «Conforme avancen las acciones policiales y periciales, se brindarán mayores datos», detalló la vocería de las corporaciones de seguridad de Zacatecas en un mensaje difundido en redes sociales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseveró que la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) evidencia las injerencia indebida de la Fiscalía General de la República (FGR) en la labor independiente de la unidad. La renuncia del experto se dio luego de que la FGR desistiera de 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la unidad a su cargo. Al respecto, el Centro Prodh indicó que la situación es lamentable y preocupante. “La renuncia del titular de la UEILCAb evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta Unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión. Una situación lamentable y en extremo preocupante para seguir adelante con el proceso de justicia en el caso”, se lee en el comunicado. El Centro Prodh destacó la labor que venía realizando el fiscal Omar Gómez Trejo y su equipo, así como el desempeño de Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Cristian Solís Arriaga, uno de los dueños de El Pinabete, la mina del estado mexicano de Coahuila donde quedaron atrapados 10 trabajadores a principios de agosto, ha sido detenido «por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales». La Fiscalía General de la República ha informado este sábado que Solís Arriaga «presuntamente explotaba de manera ilícita un bien perteneciente a la Nación». Según el comunicado oficial del organismo, la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional y de la Policía Federal Ministerial. Solís fue arrestado en el municipio de Sabinas y posteriormente vinculado al proceso judicial. «Como resultado de la audiencia inicial, la defensa se acogió a la duplicidad del término para que el juez resuelva sobre la situación jurídica y continuar con la audiencia el próximo 29 de septiembre», reza el informe, señalando que al detenido se le dictó prisión preventiva como medida cautelar. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa con la búsqueda de los otros dos imputados en el caso, Luis Rafael García-Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó ese domingo a la oposición a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En un comunicado, la Coparmex afirmó que estas modificaciones son el reflejo de la falta de Estado de derecho en el país, que impacta en la confianza y las inversiones. “Consideramos que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, por ello urgimos a que se presente la controversia ante la SCJN, misma que acompañaremos como sector”, señala el documento. La Coparmex también exhortó a los legisladores a “no someterse a presiones de ningún tipo ni a intereses de partido” en la próxima votación de la iniciativa para mantener a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028.