Seguridad Nacional

Organizaciones acusaron al Estado mexicano de tener un “absoluto desinterés” de dialogar con la sociedad civil y responder sobre la profundización de la militarización, tras respuesta del gobierno sobre las denuncias hechas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este martes, más de 20 organizaciones denunciaron ante la CIDH la profundización de la militarización de la seguridad pública en México y argumentaron que tiene efectos negativos para los derechos humanos. De acuerdo con el grupo, existe impunidad ante las violaciones graves a los derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas, al tiempo que señalaron la falta de regulación de los “estados de excepción”. Ante esto, subrayaron la necesidad de la desmilitarización, el desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, la reconstrucción de cuerpos policiales y el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia.

El nuevo proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sobre la prisión preventiva oficiosa establece que esta medida cautelar no debe ser aplicada de forma automática, sino que se debe anteponer la aplicación del principio pro persona y de la presunción de inocencia. El proyecto, que será discutido en el Pleno de la Corte el próximo 22 de noviembre, plantea que se debe hacer una interpretación “en sentido amplio” de los alcances constitucionales en esta materia. Es decir, que se debe interpretar conforme a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Señala que los jueces de control deberán requerir al Ministerio Público que exponga las consideraciones por las que la prisión preventiva debe decretarse. Una vez escuchadas a las partes, el juez podrá “fundar y motivar adecuada y exhaustivamente” si se actualiza alguno de los supuestos necesarios para la procedencia de la prisión preventiva, tales como: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, asegurar el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

La jueza Novena de Distrito en el Estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva que impide la incorporación de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional. La suspensión fue en favor de la organización Uniendo Caminos México. Antes, la misma jueza dio a esa organización y a Tojil EeK, AC&AC A Asociados y Unión Cívica un País la primera suspensión provisional en contra del decreto publicado el pasado 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación tras su aprobación en el Congreso. Hasta el momento suman 53 amparos colectivos en contra de la disposición por considerar que es inconstitucional. Como consta en la versión pública del expediente 1161/2022, la jueza otorgó la suspensión definitiva por considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados deben limitar el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública y control de la delincuencia. Karla María Macías Lovera falló que el entrenamiento que reciben los efectivos de la Guardia Nacional no está encaminado a la protección de civiles, sino a derrotar a un objetivo legítimo, lo que está en controversia con las labores de seguridad pública.