Seguridad Nacional

Familiares de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y de otras personas desaparecidas, se manifestaron este viernes a las afueras del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al estado, su localización con vida. Los familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz reportaron su desaparición desde el pasado 15 de enero. Con pancartas y fotos de personas desaparecidas, los manifestantes intentaron acercarse al presidente a su llegada al centro de convenciones para reclamar avances en las indagatorias por parte de las autoridades. El hijo de Antonio Díaz, Keivan Díaz, afirmó en entrevista a medios que las autoridades no le han dado más información sobre los avances en las investigaciones para la localización de su padre, que desapareció en el tramo carretero que comunica a Coahuayana, en Michoacán, con Tecomán, en Colima. “Las autoridades nos han comentado de cómo van las investigaciones (…) no hay más información, favorable o negativa”, apuntó Keivan Díaz durante la protesta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó este viernes la sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, en la que se responsabilizó a nuestro país por la violación de diversos derechos humanos y se le condenó a eliminar la figura del arraigo y a cambiar la de prisión preventiva oficiosa por ser incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sentencia, dictada el 7 de noviembre del año pasado, declara la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de Gustavo Robles López y los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile. El 12 de enero de 2006, Gustavo Robles López y los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile fueron detenidos en la carretera México-Veracruz y acusados de terrorismo, por presuntamente pertenecer al grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). Se les impuso la figura de arraigo y se les dictó prisión preventiva, la cual duró más de dos años. En 2008 fueron absueltos y liberados por falta de pruebas. Un año antes, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las autoridades judiciales del estado de Tamaulipas han sentenciado a 24 años de prisión a Cristhian Enrique ‘C’ , tras ser declarado culpable por el delito de femicidio y filicidio, ambos en grado de tentativa, ocurrido el 12 de junio de 2021 en la ciudad de Mante, consigna un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del estado. Según la declaración, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género realizó las acciones jurídicas necesarias y presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad del imputado, acusado de rociar gasolina sobre las víctimas mientras dormían, provocando heridas severas. En ese sentido, el hombre fue sentenciado a 24 años, 4 meses y 12 días de prisión y al pago de 21.474,18 pesos en concepto de reparación del daño (unos 1.140 dólares estadounidenses). El acusado incendió la casa de su expareja con un soplete, provocando quemaduras de primer y segundo grado en más del 50% del cuerpo de su hija de 4 años, así como también heridas a su expareja, de 35 años, recoge el diario Excélsior. Según reportes, el hombre ya intentó matarlas de la misma manera en el 2017.

Un video que circula activamente en redes sociales de la agresión a un vendedor de comida callejera en el municipio de Caborca, Sonora, por parte de un grupo de hombres armados fue noticia en el país e incitó una investigación por parte de las autoridades. En la grabación, los delincuentes obligan al comerciante a bajar de su vehículo y lo golpean con sus armas y un palo de madera. Luego de hacerlo caer, continúan apaleándolo con fuerza, además de patearlo en todo el cuerpo. Tras la activa difusión de las imágenes este lunes, la Fiscalía de Sonora se apersonó de la situación y logró localizar a la víctima, de nombre Matías y taquero de oficio. En un principio se rumoraba que el ataque estaba relacionado con el llamado ‘cobro de piso’, como se le conoce en México a una modalidad de extorsión a comerciantes por parte del crimen organizado. «Un taquero en Caborca, Sonora, golpeado por delincuentes que cobran piso. Me parte el alma ver a los ciudadanos sometidos por criminales; con Morena (partido político) cada vez hay más violencia en todo México», afirmó la senadora por Sonora Lilly Téllez, quien compartió el material audiovisual en Twitter.

La Fiscalía General de la República investiga a más de 150 funcionarios públicos presuntamente involucrados en el delito de desaparición forzada, reportó La Jornada con base en una solicitud de información realizada a la dependencia. De los 154 funcionarios y exfuncionarios indagados por la Fiscalía General en el período que comprende de enero del 2012 a octubre del 2022, 61 son elementos de las fuerzas de seguridad. En particular, 44 son agentes de la Secretaría de Marina, 15 de la Defensa Nacional y dos más de la Guardia Nacional. Asimismo, la dependencia informó que investigan la participación de 30 servidores de la propia institución y de 15 integrantes de fiscalías locales en los estados. La Fiscalía General también abrió investigaciones a cuatro empleados del Instituto Nacional de Migración, a cinco funcionarios de secretarías de seguridad pública, a dos de centros federales de readaptación social (Cefereso), a uno de un centro de reinserción local (Cereso) y a otro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.