Seguridad Nacional

Empresarios gasolineros en México denunciaron públicamente una amplia red oficial de “derecho de piso” y “moches” orquestada, presuntamente, por funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la que se sumarían entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos. Cerca de 6 mil establecimientos de gasolineras, decidieron alzar la voz luego de haber aportado unos 2 mil 500 millones de pesos durante este sexenio para poder mantenerse en operación y no ser clausurados bajo excusas ilegales por autoridades federales. Los empresarios decidieron poner un alto a los “moches” y “extorsiones” que presuntamente se realizan a nombre del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, por lo que además de hacerlo públicamente anunciaron que emprenderán acciones penales. “Los moches” se pagan cada mes una parte en efectivo y otra en cuentas bancarias de lo que denominaron el “Grupo Monterrey”, en el que supuestamente se en encuentran enterados al más alto nivel de la Profeco.

Las autoridades han encontrado este viernes a 129 migrantes encerrados en el contenedor de un camión que circulaba por el municipio de Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz, reveló el Instituto Nacional de Migración (INM). En el interior había mujeres y hombres adultos, así como 19 menores de edad no acompañados. Los migrantes eran originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y la India. Según precisa el comunicado, 51 individuos de nacionalidad guatemalteca, «que viajaban en núcleo familiar, fueron trasladados —en un retorno asistido— a la ciudad de Tecún Umán, en aquel país». En paralelo, 59 adultos extranjeros fueron ubicados en una sede migratoria, tal y como establece la ley, debido a una denuncia presentada por la Policía estatal ante la Fiscalía General de la República. Los niños, provenientes de Guatemala y Honduras, que viajaban sin compañía familiar fueron trasladados a un albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del INM para quedar bajo la tutela estatal.

Una Corte de Apelaciones de Miami, Estados Unidos, dio la razón al gobierno de México sobre la demanda civil contra Genaro García Luna, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón tejió una red compleja de lavado de fondos robados. En septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade una demanda en la que acusa a García Luna de crear una “compleja red” que le permitió lavar fondos “robados” por unos 700 millones de dólares. La demanda incluye a Linda Pereyra, esposa del exfuncionario federal, así como a la familia de empresarios Weinberg, encabezada por Mauricio Samuel Weinberg López. Sin embargo, los Weinberg y otros implicados apelaron, pues dijeron que el caso no debía juzgarse en Miami. Desde noviembre de 2022 el caso quedó suspendido hasta que se decidiera la procedencia o no de la impugnación.

Foto: Sputnik Mundo Desde el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades han asegurado a las organizaciones

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró este martes que desconoce de dónde provienen las amenazas en su contra, pero decidió resguardarse en un cuartel militar porque, dijo, no se trata sólo de su seguridad sino de a quien representa. “La fiscalía está manteniendo muy en secreto la investigación, ya no sé si es por las armas decomisadas a diversas células, los detenidos por homicidio que han salido libres, o también propios y extraños que quieren la silla presidencial, porque aquí también andan ‘encampañados‘”, dijo en entrevista con Claudio Ochoa para Latinus Diario. Detalló que tras sufrir un atentado en mayo pasado, tenía seguridad las 24 horas en su casa y decidió que los policías y la Guardia Nacional deben estar en las calles. Afirmó que vive sola con su hijo y es en las noches cuando se siente más insegura, por lo que sólo en ese momento se resguardará en el cuartel militar.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, dijo el lunes que la semana pasada le explicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que cualquier decisión de restablecer la calificación de seguridad aérea del país latinoamericano no se basaría en la política. La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por su sigla en inglés) rebajó a México a la Categoría 2 en mayo de 2021, citando deficiencias de seguridad y restringiendo la capacidad de las aerolíneas locales para abrir nuevas rutas hacia y desde su vecino del norte. “La calificación, como le enfaticé al presidente, es una decisión de seguridad. Es independiente de cualquier consideración económica, comercial o política”, dijo Buttigieg a la agencia Reuters, en declaraciones al margen de un evento en Washington. “Pero le aseguré que no habría ninguna demora innecesaria o inapropiada en el procesamiento de eso”, añadió. El pasado 8 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador vaticinó “buenas noticias” para que México recupere la Categoría 1 de seguridad aérea tras su reunión el día anterior con el secretario de Transportes de Estados Unidos, Pete Buttigieg.