Seguridad Nacional

Autoridades detuvieron este sábado a 20 hombres y seis mujeres que se ostentaban como integrantes de un grupo civil de autodefensas, en Michoacán. Una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) informó a EFE que los detenidos son investigados por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las 14 organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego el control de actividades ilícitas en Michoacán. Las 26 personas fueron arrestadas en la plaza principal de La Ruana, en el municipio Buenavista Tomatlán, en posesión de 15 rifles de asalto y dos pistolas, así como de 10 cargadores, decenas de cartuchos útiles y equipo táctico como chalecos antibalas. En el operativo participó un centenar de agentes del Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y Guardia Civil (Policía Estatal). Los detenidos fueron trasladados a Morelia en tres helicópteros de la FGE y de la Guardia Civil, para ser entregados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Un juez de la Primera Región Judicial de Tamaulipas, ha condenado a 12 policías por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en informes y delitos en el desempeño de funciones administrativas por la masacre de Camargo, en la que fueron asesinadas 17 centroamericanos y dos mexicanos en enero de 2021. La sentencia llega casi tres años después y tras tres meses y medio de juicio. Ahora, las familias esperan al próximo martes, cuando tendrá lugar la audiencia en la que se decidirá la condena impuesta a cada uno de los agentes que participaron en los asesinatos. La masacre conmocionó a la opinión pública cuando el 22 de enero de 2021 se encontraron los 19 cuerpos calcinados en un vehículo en una carretera en Santa Anita, en el municipio tamaulipeco de Camargo, a poco menos de 70 kilómetros de la frontera estadounidense. Después se conoció que se trataba de 17 migrantes —16 guatemaltecos y uno de El Salvador— y dos ciudadanos mexicanos. A las víctimas les dispararon hasta matarlos y luego quemaron sus cuerpos en el vehículo en el que circulaban.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria visitará México para evaluar la situación de la privación de libertad en el país. Durante la visita, acudirá a lugares de privación de la libertad, incluidas cárceles, comisarías de policía e instituciones para menores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial, que se encuentran en diversas partes del país incluyendo la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas. Asimismo, el mecanismo de las Naciones Unidas se reunirá con representantes de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con otros actores interesados. La visita oficial se llevará a cabo del 18 al 29 de septiembre y la delegación estará compuesta por los expertos Matthew Gillett, Ganna Yudkivska y Miriam Estrada-Castillo. Al finalizar sus recorridos y reuniones, los relatores realizarán una conferencia de prensa el próximo 29 de septiembre a las 13:00 hora local en el Salón de Conferencias Prebisch de la CEPAL México.

Autoridades mexicanas reconocieron que el crimen organizado controla totalmente al menos tres puntos de cruce de migrantes en Baja California, en la frontera de México con Estados Unidos. David Pérez Tejada, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, aceptó ante medios de comunicación que el control de los grupos delictivos en estas zonas ha sido desmedido, por lo que consideró importante advertir a los migrantes sobre los riesgos. “Estas zonas ya están controladas totalmente, las cuales son de difícil acceso”, dijo el funcionario del organismo federal. “Y lo más grave es que no podemos hacer tanta presencia más que para labor de rescate, porque precisamente hay grupos armados ahí, pero ya estamos llevando labor de investigación con autoridades para tratar de resolverlo”, aseveró. Detalló que son zonas donde no suele haber muro fronterizo y que funcionan como puntos estratégicos para los criminales en los que la presencia de personas armadas es constante y las casas de seguridad abundan, lo que limita las actividades del personal del INM y su Grupo BETA.

La Secretaría de Marina adjudicó un contrato de 223 millones de pesos a la constructora Idisa Ingeniería, propiedad de un directivo de Pemex, José Fernando Montes de Oca Siliceo, de acuerdo con un reportaje de Iván Alamillo difundido este jueves por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). El contrato, entregado en 2022, sería contrario a la ley– de acuerdo con el reporte-, y tiene como objetivos: edificar la unidad habitacional donde vivirán familias de los elementos de la Marina que queden asignados al Sector Naval de Dos Bocas, así como dar seguridad a la refinería y a la aduana marítima del lugar. También incluye la construcción del centro de desarrollo infantil para los hijos de los marinos, según el portal de la organización. MCCI informa que el 16 de mayo de 2022, 11 días antes de firmar el contrato con la Marina, la empresa de Montes de Oca únicamente contaba con un trabajador registrado ante el IMSS, según el reporte de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de Idisa Ingeniería. José Fernando Montes de Oca Siliceo se desempeña desde 2010 en la subdirección de Capital Humano de Pemex, donde recibe un sueldo mensual bruto de 150 mil pesos y encabeza las labores de reclutamiento de nuevos funcionarios.