Seguridad Nacional

El migrante hondureño Noel Castillo oyó una ráfaga de disparos poco después de las 19:30 horas mientras viajaba de Monterrey a Tamaulipas con su familia, a bordo de un autobús de la compañía Sedna. A través de la ventana, vio cómo unos camiones rodeaban el autobús por todos lados. Castillo, narró. No creíamos lo que estaba sucediendo porque hubo disparos, hubo muchos disparos. Hombres armados, enmascarados y vestidos con ropa militar irrumpieron en el autobús y exigieron a los pasajeros que se identificaran. Luego, se llevaron a Castillo y a otros 31 migrantes en un secuestro masivo que desencadenó una vasta persecución por parte de las autoridades y puso de relieve los riesgos a los que se enfrentan los cientos de miles de personas que migran hacía Estados Unidos. Reuters entrevistó por teléfono a Castillo y a su hermana, Dilcia, que también sobrevivió al secuestro, este miércoles por la noche, horas más tarde que cruzaran legalmente a EU. El suyo es el primer relato público de migrantes sobre los sucesos del 30 de diciembre, cuando seis hondureños y 26 venezolanos fueron secuestrados. Todos los migrantes fueron liberados el 3 de enero. La familia Castillo dijo que huyó de Honduras durante el verano para escapar de poderosas bandas de narcotraficantes que intentaban reclutar por la fuerza a las dos hijas adolescentes de Dilcia, cuyos nombres se mantienen en reserva a petición de la familia.

Presuntos miembros del crimen organizado atacaron este miércoles al Ejército mexicano en Nuevo León, donde un militar falleció y otros dos resultados heridos. Los sucesos se registraron durante la madrugada en el municipio de China, que limita con el estado de Tamaulipas. Pedro Arce Jardón, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, confirmó el ataque armado en contra de los soldados tras una reunión de seguridad de las autoridades de los diversos niveles de gobierno. “Se pasó el parte inicial por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), es una agresión directa contra elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano, el parte que nos compartían ahorita como primer avance es el de, desgraciadamente, un elemento del Ejército fallecido y hay dos lesionados”, indicó a los medios. Elementos de Fuerza Civil (la Policía estatal), así como de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se trasladaron al lugar de los sucesos para las primeras indagatorias. En el lugar se aseguró uno de los vehículos que utilizaron los agresores, conocido como monstruo, y un arma larga.

La caravana migrante “Éxodo de la pobreza”, que se reagrupó hace tres días luego de que el gobierno mexicano la disolvió hace una semana tras partir desde Chiapas como la más numerosa a finales de 2023, decidió quedarse en el municipio de Tapanatepec, Oaxaca, a la espera de ayuda de las autoridades federales. Este miércoles, los activistas encargados de la logística de la caravana anunciaron que los migrantes permanecerán el tiempo que sea necesario en este municipio, luego de haber avanzado casi 300 kilómetros desde la frontera sur de México, hasta que el gobierno mexicano les permita trasladarse a la Ciudad de México a bordo de autobuses y con un documento que les permita cruzar sin ser detenidos en los retenes del Instituto Nacional de Migración (INM). El mensaje, difundido en una conferencia de prensa y dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ofrecido desde un albergue habilitado por la autoridad municipal de Tapanatepec, el cual, según los migrantes, no cuenta con suficientes servicios médicos, sanitarios y de agua potable. “Nuestra petición es para el presidente López Obrador, le pedimos por favor que nos deje transitar, que se le ablande el corazón, ver tantas madres con niños, los niños están enllagados, con calentura, que nos ayude a transitar, porque no somos delincuentes”, dijo Rosa Vásquez, migrante de El Salvador que se encarga de la logística con medios de comunicación.

La inseguridad y la violencia han aumentado en Chiapas de forma alarmante. Así se desprende del informe ‘Chiapas: un desastre, entre la violencia criminal y la complicidad del Estado’, publicado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). En el documento se sostiene que el punto de quiebre tuvo lugar en julio de 2021, cuando en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, comenzaron los «reacomodos» y «disputas» entre grupos del crimen organizado. En aquel momento, el Cártel de Sinaloa se lanzó a enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, poco a poco, iba ganando terreno en varias regiones de una entidad federativa considerada de alto valor estratégico. Chiapas es un estado muy codiciado. No solo sirve como tránsito para la cocaína proveniente de Centro y Suramérica, es también una ruta clave para los migrantes y un territorio pletórico de recursos naturales, entre ellos, hidrocarburos, minerales y agua dulce. De acuerdo con el Frayba, a partir de esta guerra entre cárteles, Chiapas se ha vuelto una entidad federativa cada vez más insufrible: han aumentado el narcotráfico, el consumo de drogas, los homicidios, los feminicidios y las desapariciones. Chiapas sirve como tránsito para la cocaína proveniente de Centro y Sudamérica, es una ruta clave para los migrantes y un territorio pletórico de recursos naturales.