Seguridad Nacional

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó el rescate de Ramiro Cervantes Palacios, uno de los miembros de la comunidad LeBarón que estaba secuestrado desde el 13 de enero, junto a otros cuatro miembros de la comunidad LeBarón. A través de redes sociales, la fiscalía y su titular, César Jauregui dio a conocer que Cervantes Palacios está bajo resguardo de la policía ministerial. “Confirmo que Ramiro Cervantes Palacios, privado de su libertad en la zona del Largo Maderal, municipio de Madera está en resguardo de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua… seguiremos informando…”, escribió en sus redes sociales. Cervantes Palacios fue denunciado como desaparecido por sus familiares hasta el 17 de enero, pero permaneció 18 días secuestrado por un grupo criminal. Los activistas Julián y Adrián LeBarón dieron a conocer que el martes fue liberado, pero previamente se habían manifestado en el Consulado de México en Denver y Utah, en los Estados Unidos, sobre este secuestro.

Pescadores y habitantes de la Bahía de Paredón, en Tonalá, bloquearon la carretera internacional costera, la única vía que conecta a México con Centroamérica. Los inconformes acusan la grave contaminación causada por la descarga de aguas negras que corren desde la mancha urbana y desembocan en el litoral del océano Pacífico. Los afectados, que también mantienen cerrado el paso hacia el municipio de Arriaga y la ruta que lleva hacia Oaxaca, exigen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda esta situación que causa la muerte de especies de mar y afecta también la salud de los lugareños. El reclamo de los habitantes de Paredón no es nuevo. Desde hace más de un año han exigido al gobierno estatal, a cargo de Rutilio Escandón, la puesta en marcha de medidas sanitarias y la inyección de recursos para poner en marcha una planta de tratamiento de aguas residuales, pero han sido ignorados, según consta en las denuncias que han emitido. Los residentes de Paredón informaron que la contaminación afecta la producción pesquera en la región, de la cual dependen cientos de familias, por lo que pidieron atención inmediata del gobierno federal.

Tres personas muertas y dos lesionadas es el saldo parcial de un ataque armado registrado en el centro nocturno Jakarta Clublife, en Hermosillo, Sonora. La fiscalía de Sonora informó que entre los fallecidos están Luis Antonio “N” y Felizardo Armando “N”, presuntos integrantes de una organización criminal de Nogales, Sonora. Según la información oficial, los dos hombres víctimas de este delito operaban como responsables de operaciones criminales en Carbó, Estación Pesquiera, Ures y Rayón. En tanto la fiscalía reportó que el padre de uno de los lesionados, Kevin Alejandro “N”, es señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro de los Estados Unidos como miembro de la organización criminal que opera desde Nogales. Peritos de criminalística llegaron al lugar de los hechos para resguardar la escena del crimen, además realiza las entrevistas y declaraciones a empleados del Jakarta Clublife para determinar las circunstancias específicas de los hechos y en su caso establecer si hubo encubrimiento o auxilio a los agresores. El lugar se encuentra bajo resguardo para realizar las primeras indagatorias. Jakarta Clublife se presenta en sus redes sociales como discoteca y centro nocturno.

Fuerzas federales, decenas de marinos y guardias nacionales, así como policías estatales de Oaxaca, cercaron esta madrugada la comunidad zapoteca de Santa María Mixtequilla, donde ayer fueron detenidas nueve personas activistas y defensores del territorio que se oponen a la instalación de un parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Los habitantes detenidos, incluida una mujer, son integrantes del movimiento Resistencia Civil Mixtequilla y se les acusa del robo de una patrulla tras las protestas contra este megaproyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La agrupación acusó que la incursión de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal fue para evitar protestas de la comunidad por las detenciones y la “represión violenta” que se vivió en la madrugada de este sábado por rechazar la instalación de un parque industrial en sus tierras. Las familias de los detenidos narraron que aproximadamente a las 4:00 de la mañana de este sábado, agentes de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), catearon una decena de viviendas, rompieron puertas y ventanas para ejecutar las órdenes de aprehensión contra los nueve activistas, sin embargo, acusaron que nunca mostraron tales documentos.