Seguridad Nacional

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres sujetos ligados a «La Barredora», organización criminal presuntamente liderada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno del morenista Adán Augusto López, fueron condenados. 

A través de un comunicado, señaló que el trío fue declarado culpable de los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. 

Crispín “N”, Rodrigo “N” y Jonatan “N” fueron detenidos en marzo de 2012 y quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 3 “Noreste”, en Matamoros, Tamaulipas.

Sin embargo, fue hasta 2022 cuando el juzgado ordenó la reposición del procedimiento, por lo que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó nuevamente las pruebas para determinar las condenas. 

Jonatan «N», alias “El Jona”, fue sentenciado a 24 años y tres días de prisión por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso excluisivo de las Fuerzas Armadas. 

Por su parte, Crispín “N”, alias “El Cherokee”, y Rodrigo “N” fueron condenadas a 17 años de cárcel cada uno por los mismos delitos, así como uno más por contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y marihuana, respectivamente.

La empresa minera Vizsla Silver confirmó este lunes la identificación de nueve de los 10 trabajadores secuestrados en la localidad de Concordia, en Sinaloa. 

En un comunicado, la compañía afirma que se mantiene en comunicación con la familia del minero desaparecido y colabora con la investigación. 

La información es confirmada después de más de dos meses del secuestro y del hallazgo de una fosa clandestina en la zona de El Verde. 

“Este es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas», señaló Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ni han explicado si todos los cuerpos fueron hallados en el mismo sitio. 

¿Qué pasó con los mineros de Sinaloa?

El sistema de justicia para adolescentes en el estado de Sonora dictó sentencias contra las dos menores de edad responsables del asesinato de Leyla Monserrat, de 15 años de edad, ocurrido en el municipio de General Plutarco Elías Calles.

Una de las implicadas deberá cumplir una pena de dos años y diez meses de internamiento, mientras que la segunda responsable fue sancionada con libertad asistida y el pago de una reparación del daño por la cantidad de 5,677 pesos.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2025, fecha en la que se reportó la desaparición de la víctima en el ejido El Desierto. Tras una semana de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven el 2 de octubre, enterrado en el patio de una vivienda.

De acuerdo con el boletín emitido por la institución el 10 de octubre de 2025, el dictamen forense determinaron que la adolescente fue privada de la vida por asfixia mecánica. Si bien inicialmente se investigó la posible participación de un adulto identificado como Martín ‘N’, alias El Kalusha, el avance de las diligencias permitió establecer la responsabilidad directa de dos adolescentes de 13 y 15 años de edad, quienes eran antiguas amigas de la víctima.

En redes sociales circula el video del crimen que habrían grabado las jóvenes. En él aparentemente se ve a la víctima, amarrada a una silla y con los ojos vendados, ser asfixiada con una cuerda.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) rechazó el comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que el gobierno federal sostuvo que “no existe razón para manifestarse” este lunes 6 de abril, y aseguró que dicha postura desconoce la situación que enfrentan transportistas y productores en el país.

La organización encabezada por David Estévez Gamboa cuestionó directamente la posición de la Segob, al considerar que minimiza problemáticas estructurales del sector. “Decir que ‘no existen razones’ es ignorar la grave inseguridad en carreteras, donde diariamente compañeros pierden la vida o su patrimonio”, señaló.

La ANTAC señaló que entre sus principales preocupaciones se encuentran la falta de condiciones laborales dignas para operadores y hombres-camión, los altos costos operativos, la burocracia en trámites y la ausencia de justicia, así como de respaldo institucional para las familias de transportistas “caídos en el cumplimiento de su labor”.

Aunque reconoció la existencia de mesas de diálogo con autoridades, sostuvo que estas “no han generado soluciones de fondo ni resultados tangibles que atiendan la magnitud de la crisis que vive el sector”.

“La realidad no se cambia con comunicados, sino con acciones concretas”, añadió.

“El transporte de carga es un pilar fundamental para el país. Sin nosotros, el campo no mueve sus cosechas, la industria no distribuye sus productos y la economía se detiene. Por ello, nuestras demandas no son caprichos, son necesidades urgentes”, afirmó la organización.

Más de 350 elementos de distintas corporaciones participan en las labores de estabilización y rescate en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa, donde tres trabajadores permanecen atrapados tras un derrumbe ocurrido el 25 de marzo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo se centra en controlar los niveles de agua y reforzar la estructura interna para permitir el ingreso seguro de las brigadas. Como parte de estas acciones, se instaló una bomba de 25 caballos de fuerza en la zona cero.

La dependencia informó que la bomba comenzó a operar tras la conexión del sistema eléctrico y ha permitido reducir el nivel de agua en aproximadamente dos metros, con un desalojo estimado de 12 mil 600 litros.

En paralelo, continúan las perforaciones con un avance de 79 metros lineales, además del análisis técnico para retirar material en zonas críticas sin interferir con las maniobras de bombeo.

El Puesto de Comando Unificado señaló que en el sitio “la fuerza de tarea suma 353 elementos que han mantenido labores ininterrumpidas durante más de 255 horas”, en coordinación con autoridades federales, estatales y brigadas especializadas.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) convocó a un nuevo paro nacional y megabloqueo el próximo lunes 6 de abril, después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha cumplido con los acuerdos pactados en las mesas de diálogos de brindar seguridad en las carreteras del país.

Álvaro Martínez, director jurídico de la ANTAC, confirmó que los planteamientos de los transportistas no fueron tomados en cuenta y que la inseguridad sigue perjudicando a los conductores que circulan a diario con mercancías por todo el país.

“El gobierno federal no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras y esto es algo que nos perjudica a todos. Nuestra lucha no es contra los que transitan las carreteras, es contra la inseguridad”, dijo en un video en redes sociales.

A este Paro Nacional se sumó el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quienes aseguran que tampoco el gobierno ha cumplido los acuerdos, por lo que los cierres carreteros comenzarán desde las 07:00 horas del próximo lunes, fecha del regreso de vacacionistas, y se estima que tenga una duración de 10 horas, con posibilidad de extenderse.

Los bloqueos están planeados realizarse en los accesos de la México-Puebla; México-Querétaro; México-Pachuca y la México-Cuernavaca. También en la carretera federal 45 Panamericana; la carretera federal 49 Zacatecas- SLP y la autopista Salamanca-Celaya. Y del lado del Pacífico el paro comprenderá la carretera Culiacán-Mazatlán y la cerretera Morelia-Pátzcuaro.

La ANTAC insistió en que la intención no es molestar a los usuarios de las carreteras, sino exigir condiciones dignas para trabajar en el transporte; además, denunció corrupción en retenes carreteros e incumplimiento de propuestas económicas.

La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis de desapariciones en el país, tras expresar su preocupación por la descalificación del Gobierno de México frente a lo que denominó como una “decisión histórica” de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

La organización saludó en un posicionamiento público la decisión del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada de poner la situación de México a consideración de la Asamblea General con carácter urgente, al tiempo que recordó que la crisis de desapariciones en el país afecta directamente a más de 132 mil familias.

En su nota Amnistía señaló que “reconocer avances institucionales no exime al Estado de atender las observaciones internacionales” y subrayó que las víctimas y sus familiares “deben estar en el centro de cualquier respuesta oficial”.

Asimismo, retomó dos de los puntos que, según expuso, el comité considera necesarios para México.

Primero, adoptar acciones para recibir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.