Seguridad Nacional

Tres personas muertas y dos lesionadas es el saldo parcial de un ataque armado registrado en el centro nocturno Jakarta Clublife, en Hermosillo, Sonora. La fiscalía de Sonora informó que entre los fallecidos están Luis Antonio “N” y Felizardo Armando “N”, presuntos integrantes de una organización criminal de Nogales, Sonora. Según la información oficial, los dos hombres víctimas de este delito operaban como responsables de operaciones criminales en Carbó, Estación Pesquiera, Ures y Rayón. En tanto la fiscalía reportó que el padre de uno de los lesionados, Kevin Alejandro “N”, es señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro de los Estados Unidos como miembro de la organización criminal que opera desde Nogales. Peritos de criminalística llegaron al lugar de los hechos para resguardar la escena del crimen, además realiza las entrevistas y declaraciones a empleados del Jakarta Clublife para determinar las circunstancias específicas de los hechos y en su caso establecer si hubo encubrimiento o auxilio a los agresores. El lugar se encuentra bajo resguardo para realizar las primeras indagatorias. Jakarta Clublife se presenta en sus redes sociales como discoteca y centro nocturno.

Fuerzas federales, decenas de marinos y guardias nacionales, así como policías estatales de Oaxaca, cercaron esta madrugada la comunidad zapoteca de Santa María Mixtequilla, donde ayer fueron detenidas nueve personas activistas y defensores del territorio que se oponen a la instalación de un parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Los habitantes detenidos, incluida una mujer, son integrantes del movimiento Resistencia Civil Mixtequilla y se les acusa del robo de una patrulla tras las protestas contra este megaproyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La agrupación acusó que la incursión de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal fue para evitar protestas de la comunidad por las detenciones y la “represión violenta” que se vivió en la madrugada de este sábado por rechazar la instalación de un parque industrial en sus tierras. Las familias de los detenidos narraron que aproximadamente a las 4:00 de la mañana de este sábado, agentes de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), catearon una decena de viviendas, rompieron puertas y ventanas para ejecutar las órdenes de aprehensión contra los nueve activistas, sin embargo, acusaron que nunca mostraron tales documentos.

Un grupo armado irrumpió en la comunidad de Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, donde incendió vehículos, casas y golpeó a seis personas, entre ellas un hombre de la tercera edad. Las víctimas denunciaron de manera anónima ante medios de comunicación que militares estuvieron ayer haciendo recorridos en la localidad vecina de El Potrero, pero cuando se retiraron de la zona, hombres armados atacaron a la comunidad. El saldo fue de cinco vehículos incendiados, varias casas baleadas y cuatro parcialmente quemadas; los atacantes también mataron una vaca y derribaron un árbol sobre la carretera para impedir el paso. Tras los hechos que ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada, un convoy del Ejército acudió a localidad para verificar los daños, así como para asegurar la escena del crimen, pero los habitantes exigieron que se retirara. Uno de los habitantes dijo que el motivo para correr a los militares fue porque el Ejército “si ellos estando aquí se fueron y entraron estas personas a hacernos daño aquí al pueblo, aparte la comisaria vecina de la comunidad de Tlahuizapa fue y pidió el apoyo y nos lo negaron”.

La organización Causa en Común indicó este miércoles que durante 2023 los medios de comunicación reportaron 6 mil 378 atrocidades en México, lo que equivale a un promedio de 532 casos al mes, es decir, 17 diarios. En el informe “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” se detalló que las tres atrocidades más documentadas en el país fueron la tortura, con mil 789 casos; asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 935; la mutilación y destrucción de cadáveres, 645; actos violentos contra la autoridad, 487; y violación agravada, 451. Causa en Común define una atrocidad como el uso intencional de la fuerza física para asesinar, lastimar o ejercer maltrato extremo, a una o a varias personas. El informe también registró 447 masacres y el hallazgo de 297 fosas clandestinas. La organización indicó que en comparación con el 2022 hubo un aumento del 3%, ya que en ese año se documentaron 6 mil 217 atrocidades y en el 2021 se registraron 5 mil 334. Asimismo, entre los estados con más atrocidades en el 2023 están Baja California, con 514 casos; Guanajuato, 510; Chihuahua, 490; Guerrero, 445; Morelos, 355; y Jalisco, con 343.