Seguridad Nacional

El pasado mes de marzo alrededor del 61% de la población adulta de 90 ciudades mexicanas consideró que era inseguro vivir en sus localidades, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), dados a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). De acuerdo con el documento, esta cifra representa un incremento respecto al 59,1 % reportado en diciembre del año pasado, aunque menor que el 62,1 % de marzo de ese mismo año. Las ciudades con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que era inseguro vivir en ellas son: Fresnillo (Zacatecas): 95,4 %
Naucalpan (Estado de México): 89,6 %
Zacatecas (Zacatecas): 89,3 %
Chilpancingo (Guerrero): 87,3 %
Cuernavaca (Morelos): 87,0 %
Ciudad Obregón (Sonora): 86,6 % . Las localidades en donde la población indicó que percibía una menor inseguridad son: La alcaldía Benito Juárez (Ciudad de México): 11,1 %
Piedras Negras (Coahuila): 19 %
La alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Ciudad de México): 22,5 %
Mérida (Yucatán): 23,2%
Tampico (Tamaulipas): 23,6 %
Los Cabos (Baja California): 24,8 %

Instituto Nacional de Transparencia ordenó al gobierno dar a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental de seis hoteles que son parte del Tren Maya. En recurso de revisión se determinó que estos documentos son el instrumento jurídico-normativo que permite evaluar el impacto ambiental que tendrán las obras. Los papeles están en poder de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y corresponden a hoteles en Palenque, Chiapas; Tulum, Quintana Roo; Calakmul y Edzná, Campeche; así como Nuevo Uxmal y Chichén Itzá, Yucatán. Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, planteó que conocer estos documentos resulta de la mayor relevancia, pues son el instrumento jurídico-normativo que permite evaluar el impacto ambiental que tendrán las obras.

Fuerzas federales detuvieron a Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. De acuerdo con la ficha emitida por el Registro Nacional de Detenciones la captura de este hombre ocurrió a las 3:48 de la mañana de este domingo en un domicilio de la calle Hacienda de Iguala, del fraccionamiento Hacienda Real del municipio de Autlán de Navarro. La ficha precisa que la detención de Abraham Oseguera Cervantes fue lograda por elementos de la Guardia Nacional, y que el hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ya se encuentra a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. El hombre apodado “Don Rodo” es uno de los cinco hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, y de acuerdo con autoridades mexicanas y de Estados Unidos, todos nacieron en el municipio michoacano de Agulilla. En los años noventa, Abraham fue encarcelado junto con Nemesio por la policía de San Francisco, California, cuando fueron sorprendidos vendiendo cinco onzas de heroína y de acuerdo con medios estadounidenses para ese entonces Abraham ya ostentaba dos cargos por delitos graves relacionados con drogas.

Organizaciones civiles alertaron que la reforma a la Ley de Amnistía, que otorga al Ejecutivo Federal la facultad de conceder indulto aprobada ayer en el Senado de la República, atenta contra el derecho a la verdad y a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos. Ayer, el Senado aprobó adicionar el artículo 9 a la Ley de Amnistía, el cual establece que el titular del Ejecutivo Federal podrá otorgar el beneficio de amnistía de manera directa a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano. La amnistía es un instrumento mediante el cual se concede el “perdón” por la realización de actos delictivos a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas. Sin embargo, las organizaciones CEA Justicia y Elementa señalaron que la incorporación de dicho artículo a la ley “no es la vía correcta para iniciar un proceso de esclarecimiento de la verdad”. De acuerdo con las organizaciones, que la amnistía sea concedida por el presidente del país va en contra de la obligación de investigar y sancionar graves violaciones a derechos humanos del artículo 1 constitucional.