Seguridad Nacional

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EU ha revelado qué puertos marítimos controla la organización criminal Cártel de Sinaloa en México en su informe ‘Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024’, publicado este jueves. «El puerto de Mazatlán, en la costa del Pacífico de Sinaloa, está controlado en su totalidad por el Cártel de Sinaloa, que cobra un piso (cierta cantidad de dinero) a otras organizaciones narcotraficantes por el uso del puerto», reza el texto. Asimismo, señala que una larga historia de alianzas con grupos delictivos que operan en el estado de Colima dan al Cártel de Sinaloa acceso al puerto de Manzanillo. Detalla que este puerto es estratégicamente importante tanto por su ubicación como por su alto volumen de tráfico marítimo, debido al uso generalizado de la terminal portuaria por parte de muchos países para intercambiar bienes de comercio legítimo con México y para reabastecerse de combustible.

Al menos tres mujeres murieron y otras seis personas resultaron heridas debido a una balacera dentro de una casa en Ixtapaluca,
Estado de México. El ataque ocurrió durante una fiesta familiar en la que irrumpió un grupo de desconocidos y abrió fuego contra las personas para luego darse a la fuga. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que en Ixtapaluca, al parecer durante una fiesta familiar se suscitó una agresión. Añadió que datos preliminares reportan que tres personas fallecieron y seis más resultaron lesionadas, así como llevadas por propios medios para su atención médica”, dijo el titular de la Secretaría, Andrés Andrade Téllez. De acuerdo con la dependencia estatal, la balacera se produjo “mientras se realizaba una reunión en la calle José Chávez, en la colonia La Cañada Ixtapaluca”, cuando “varios sujetos de identidad desconocida ingresaron y atacaron con armas de fuego a quienes se encontraban en el lugar” antes de darse “a la fuga con rumbo desconocido”. “La SSEM ya trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal para dar seguimiento al caso de manera interinstitucional”.

María Amparo Casar Pérez, analista política, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acusó de haber recibido una pensión ilegal de Pemex durante 20 años. En un mensaje, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo que no es corrupta como el mandatario afirma, por lo que no guardará silencio. “Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de PEMEX y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años”. Casar Pérez señaló que ahora el gobierno federal ya no la acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial sino de cobrar la pensión de viudez. “En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito EJERCER UN DERECHO NO ES CORRUPCIÓN (sic)”. Dijo, no hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento. “Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intenta combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los cauces legales”.

Miguel Ontiveros, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en la posibilidad de revertir la aplicación de la prisión preventiva oficiosa e inhabilitarla para que los jueces revisen caso por caso si esta medida cautelar está justificada. “Ahora la Corte está en posibilidad de revertir esa situación para inhabilitar la prisión preventiva oficiosa y que los jueces, no sean utilizados, no sean instrumentados por el legislador, lo que les permitirá hacer un ejercicio de proporcionalidad donde veamos que efectivamente se justifica que una persona, independientemente del delito que se le imputó por el ministerio público, deba permanecer en prisión”, aseveró en Aristegui En Vivo. Esto lo dijo en el contexto de que la SCJN analizará la sentencia que fue emitida desde hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que obliga a México a que la prisión preventiva oficiosa sea revisada caso por caso. Bajo el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos.

El reciente asesinato de los surfistas australianos Callum y Jake Robinson, de 33 y 30 años; y el estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30 años, en la región costera de Ensenada, en el estado de Baja California, resalta los riesgos para el turismo asociados a la violencia en el país y pese al auge de México como destino global. El suceso ha generado profunda preocupación entre el sector turístico del estado del Pacífico mexicano, fronterizo con Estados Unidos, país del que proceden gran parte de sus visitantes. Así se expresó Karim Chalita Rodríguez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana, la mayor ciudad del estado, al reconocer los efectos adversos. “Sí nos puede repercutir (…) Nos afecta sobre todo que fue una noticia a nivel internacional“, indicó Chalita en declaraciones recogidas por los medios locales.