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La Comisión Jurisdiccional determinó que “no se han encontrado elementos que acrediten que el expediente del senador Alejandro Moreno Cárdenas, se encuentre cerrado” para llevarlo a juicio político.
De acuerdo a un documento interno que circuló entre los diputados que integran la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, se informó que recibió “un exhorto, con punto de acuerdo del Congreso de Campeche, solicitando el estatus del expediente, mismo que fue atendido mediante oficio en el que se indica que se encuentra en etapa de revisión dentro de los expedientes de esta Comisión”.
Moreno Cárdenas está acusado de enriquecimiento ilícito, además de desvío de recursos públicos y corrupción cuando se desempeñó como gobernador de Campeche, por lo que encabeza la lista de expedientes para determinar la declaración de procedencia y se “solicitó información al respecto”.
En el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, su expediente está “concluido con dictamen y aprobación del pleno de la Cámara de Diputados en la presente Legislatura” para la declaración de procedencia.
Sobre la denuncia de juicio político del expediente LXIV/HCD/JP/106/2021 en contra del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “la denuncia fue remitida a la Sección Instructora y contestada, reencausando a su vez, a la Subcomisión de Examen Previo”.

Más de mil funcionarios de Oaxaca fueron despedidos recientemente a propuesta del gobernador Salomón Jara, quien señaló que la administración del expriista Alejandro Murat impulsó un incremento “desmedido” de plazas.
El 11 de diciembre pasado, el Congreso oaxaqueño, con mayoría morenista, aprobó un decreto enviado por Jara por medio del cual se despidió a mil 344 trabajadores del gobierno estatal, tras argumentar insolvencia económica.
Los empleados se enteraron de que habían perdido el empleo porque el decreto incluía el número de trabajador de todos aquellos que fueron despedidos como parte de esta medida considerada de “austeridad”.
De acuerdo con el decreto, Salomón Jara culpa que de 2016 a 2022, cuando el entonces priista Alejandro Murat era el gobernador de Oaxaca, hubo un incremento desmedido de plazas que ahora comprometen las finanzas públicas del estado, ya que representan recursos por más de 2 mil millones de pesos.
“Para esta administración no pasa desapercibido el crecimiento desproporcional en anteriores ejercicios fiscales; basta observar que en el año 2013 la plantilla de personal de base era de 8 mil 187 trabajadores y para el 31 de noviembre del año 2022 la plantilla de personal de base era de 12 mil 244”, es decir, un incremento de 50%.