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La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso la iniciativa que busca corregir la elección judicial que se diseñó en la última parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La iniciativa propone una serie de ajustes constitucionales diseñados para consolidar y profundizar la reforma al Poder Judicial de 2024. Entre los principales cambios se propone trasladar la siguiente elección judicial al primer domingo de junio de 2028, con el fin de que no coincida con las elecciones de 2027.

Por otro lado, Sheinbaum propone que la revocación de mandato puedan celebrarse de manera concurrente con las elecciones intermedias, un punto que ya había planteado la mandataria en la fallida reforma electoral.

La reforma busca que se presenten menos candidatos y candidatas en la boleta para facilitar la votación y el conocimiento de los aspirantes. Se plantea que los Comités de Evaluación solo seleccionen a las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo, los cuales se reducirán a dos mediante insaculación pública para cada Poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De esta forma se busca corregir la confusión que generaron las atestadas boletas de la primera elección judicial.

Se crea una Comisión Coordinadora integrada por los coordinadores de los tres Comités de Evaluación. Este órgano unificará criterios, verificará requisitos, establecerá metodologías homologadas y aplicará exámenes de conocimientos.

Dos exfuncionarios de la Policía Federal que estaban bajo el mando del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar cargos públicos y el pago de indemnizaciones por un monto superior a los 65 millones de dólares, tras acreditarse su presunta responsabilidad en un desvío de recursos públicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Unidad de Combate a la Impunidad, informó que tras una serie de investigaciones realizadas por esa dependencia, finalmente se logró acreditar que la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, y el Jefe de la División de Inteligencia de esa corporación, Damián Canales Mena, incurrieron en “faltas administrativas graves” en su calidad de personas servidoras públicas.

La sanción fue confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratificando que Frida Martínez y Damián Canales estarán inhabilitados para desempeñar cualquier empleo, cargos o comisiones en el servicio público, además de imponerles severas sanciones económicas.

La Secretaría Anticorrupción detalló que Frida Martínez fue inhabilitada por un periodo de 20 años, mientras que Damián Canales no podrá ocupar ningún cargo o comisión pública por los próximos 15 años.

La sanción económica impuesta a ambas partes es superior a los 65 millones de dólares, cifra equivalente a los pagos que los ex colaboradores de Osorio Chong dejaron de hacer entre 2016 y 2018 a una empresa contratista.

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, respondió a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el uso de logotipos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) en patrullas de la policía municipal.

“Eso es lo absurdo y lo burdo que luego sucede con este gobierno a veces, y lo lamento mucho por la presidenta, porque sé que incluso no es un tema de ella, sino que a veces la malinforman”, dijo en entrevista.

El alcalde explicó que, desde finales de 2023, el municipio de Chihuahua gestionó un convenio de colaboración con la corporación estadounidense para capacitar a policías municipales en áreas como investigación criminal, operaciones especiales y manejo de escenas del crimen en el marco del programa “Corporaciones Hermanas”.

Bonilla recordó que el propio gobierno federal ha recurrido históricamente a convenios de capacitación con agencias estadounidenses y fuerzas militares extranjeras, incluso durante administraciones encabezadas por Morena.

“Hay un exjefe de Gobierno de la Ciudad de México que se llamaba Andrés Manuel López Obrador, que contrató a un experto de Nueva York, Rodolfo Giuliani, para implementar una metodología de seguridad”, señaló el alcalde.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró este lunes que en su partido no existe “preocupación” por «lo que puedan plantear» los dos exfuncionarios sinaloenses acusados de narcotráfico en el caso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que se entregaron en Estados Unidos.

«Respecto a la información que puedan plantear las personas que están hoy en Estados Unidos nosotros no tenemos ninguna preocupación, en primer lugar porque nosotros en Morena tenemos los principios del combate a la corrupción y el trabajo en esto de las y los gobernantes, así que, no vamos a encubrir a nadie, lo hemos dicho siempre”, dijo.

En conferencia de prensa, al referirse a Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quienes junto con ocho personas más fueron vinculados al Cártel de Sinaloa, aseguró qué esperarán las investigaciones de las autoridades mexicanas.

“Y lo que resulte de las investigaciones la fiscalía general será la responsable de determinar justo la responsabilidad de cada una de las personas implicadas o no, y nosotros, con la tranquilidad en Morena, hemos tomado desde siempre esta posición del combate a la corrupción y el trabajo nuestro, así que no, no tenemos preocupación al respecto”, insistió.

Sobre las declaraciones del presidente de Morena en Sinaloa, quien dijo que el senador Enrique Inzunza, señalado también por sus implicaciones con el narcotráfico, podría ser contemplado para una candidatura, Montiel Reyes lo descartó.

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó clasificar como reservada, por un periodo de cinco años, la documentación relacionada con el proceso de selección de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida abarca la totalidad de los documentos generados, recibidos, evaluados o resguardados durante el procedimiento mediante el cual fueron designados Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como nuevos integrantes del Consejo General del INE.

La clasificación incluye expedientes de registro, solicitudes de inscripción, currículums, ensayos, evaluaciones, dictámenes, acuerdos, listas, actas, cédulas y comunicaciones oficiales de las 369 personas que participaron en la convocatoria para ocupar las vacantes del órgano electoral.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, cuestionó la decisión de reservar la información tomada por el Comité de Transparencia durante una sesión privada, argumentando que obedecía a la protección de la “seguridad nacional”.

No debe existir opacidad en un tema tan importante en el que cientos de aspirantes y millones de mexicanos merecen saber exactamente qué pasó.

En su publicación, López Rabadán difundió un video de la sesión del Comité en el que el secretario técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores, fijó la postura de la diputada panista en contra de la medida.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, aseguró este domingo que permanece en Sinaloa y reiteró su rechazo a las acusaciones formuladas en su contra por autoridades de Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

A través de una publicación en su cuenta de X, el legislador afirmó que las imputaciones “son mendaces y carecen de todo sustento”, además de negar contacto con autoridades estadounidenses o la contratación de abogados.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”, escribió. Inzunza sostuvo que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas “conforme a sus atribuciones constitucionales”.

“Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, publicó.

El senador también negó versiones sobre presuntos contactos con autoridades extranjeras y descartó requerir representación legal. “Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, señaló.