Partidos políticos

La periodista María Idalia Gómez afirmó que el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha abierto una nueva etapa de confrontación que mantiene en alerta a las autoridades federales y locales.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, señaló que la información recabada por Estados Unidos, a partir de detenciones, extradiciones y negociaciones con personas detenidas, ha permitido dimensionar la estructura de la organización, más allá de las actividades relacionadas con el narcotráfico.

Indicó que se el CJNG es una organización “multinacional” con múltiples empresas criminales vinculadas. Recordó que el grupo ha estado relacionado con asesinatos de jueces, así como de legisladores, candidatos, presidentes municipales y líderes sociales, por lo que es válido considerarlo como un “grupo terrorista”, como lo ha catalogado el gobierno de Estados Unidos.

Señalo que desde su consolidación en los años 2000, contó con presencia directa de personas colombianas asociadas en México, convirtiéndose en el primer grupo criminal mexicano en establecer ese tipo de vínculo. Posteriormente, en su confrontación con Los Zetas, desarrolló una de sus ramas como organización paramilitar y consolidó el terror como mecanismo de control.

Tras la detención y muerte de Oseguera Cervantes, sostuvo que se ha iniciado una “estrategia de guerra irregular”, reflejada en detonaciones de bombas y ataques que ya han dejado víctimas mortales.

Los diputados y senadores federales disponen de un amplio esquema de prestaciones y apoyos financiados con recursos públicos que además de sus dietas incluye créditos personales sin intereses, boletos de avión, vales de gasolina y seguros de vida millonarios. 

A ello se suman partidas para asesores y personal que elevan de manera significativa el ingreso real de cada legislador.

En el Senado de la República, los 128 integrantes cuentan con restaurante subsidiado, consultorio médico con rayos X, ambulancia, sucursales bancarias, cafeterías, librería y elevadores exclusivos en días de sesión. Sus oficinas están equipadas con mobiliario de alto nivel y disponen de un seguro de vida equivalente a 40 meses de su dieta.

En la Cámara de Diputados, los 500 legisladores pueden acceder a recursos que superan los 6.4 millones de pesos anuales por concepto de dieta y apoyos.

Además de ingresos directos, reciben fondos para asistencia legislativa, atención ciudadana, contratación de personal y beneficios adicionales para quienes encabezan comisiones.

Sergio Mayer confirmó su ingreso al programa de telerrealidad La Casa de los Famosos, producido por la cadena Telemundo. El actor y político calificó este formato como un experimento social que permitirá al público observar de manera directa y en tiempo real las reacciones de los participantes ante situaciones complejas y de aislamiento.

Mayer explicó que aceptó la invitación debido a que el programa funciona como una plataforma donde se exponen los principios, la ética y la moral de las celebridades, artistas e influencers. Según sus declaraciones, la coyuntura social y política actual con Estados Unidos motivó su decisión para reflexionar sobre la relación entre ambos países y destacar la importancia de la cultura latina a través de nuevos canales de comunicación.

Podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Para cumplir con este compromiso televisivo, el funcionario solicitó licencia a su cargo como diputado federal por un periodo indefinido.

Aseguró que su suplente dará continuidad al trabajo parlamentario y a la agenda de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.

El diputado morenista, que goza de una diputación plurinominal, solicitó licencia sin dar explicaciones. Apareció por sorpresa en la primera emisión del programa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este jueves la sentencia que obliga a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, al pago de un crédito fiscal por un monto de 19 millones 269 mil 323 pesos.

Dicha resolución deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2008 y 2009, periodo en el que la autoridad hacendaria detectó ingresos no declarados bajo el concepto de sueldos y salarios.

El fallo del Máximo Tribunal se dio a partir de un proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso declarar fundado un recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anteriormente, Gordillo impugnó el adeudo fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que validó la facultad de la autoridad fiscal para determinar créditos fiscales basados en depósitos y pagos de servicios cuando el contribuyente no logra demostrar que dichos movimientos financieros corresponden a una actividad exenta o a gastos de representación institucional debidamente autorizados.

Ante esta determinación, la exlideresa sindical llevó el caso a la Suprema Corte y su amparo indirecto fue admitido a trámite por Norma Piña, actual ministra en retiro.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el pago de materiales y suministros, así como de servicios generales del Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Taddei, por lo que debe aclarar 66 millones 563 mil pesos.

La fiscalización se aplicó en cuatro partidas presupuestales del INE correspondientes a Materiales y suministros y Servicios Generales, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024.

La ASF reportó que el INE hizo pagos por 63.2 millones de pesos por el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2023-2024, sin que haya documentación completa que acredite que se prestó el servicio.

Respecto al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el órgano revisor del gasto público señaló que falta documentación que acredite y ampare la recepción, uso y destino de materiales didácticos relacionados por un importe total de un millón 70 mil pesos.

También detectó que faltó acreditar el uso de vehículos arrendados para fines distintos al autorizado, por los cuales se pagaron 2 millones 250 mil 700 pesos.

La senadora morenista Martha Lucía Mícher pidió a su coordinador, Ignacio Mier, regular y reabrir el salón de belleza del Senado, pues consideró que las legisladoras tienen derecho a su cuidado personal, contrario a lo que piensa el “patriarcado”. 

Entrevistada luego de una reunión con la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, la senadora morenista argumentó que en la cámara alta existen restaurantes, bancos y otros servicios que están regulados y pagan renta, por lo que también así debe ser con el salón de belleza que operaba de forma discreta desde el año pasado.

“Lo que quiero es que un tema que tiene que ver un poco con la misoginia, con el patriarcado (no) le demos gusto. Las mujeres tenemos derecho a arreglarnos, y si es un servicio que no nada más se daba a las senadoras, sino también había personas que lo utilizaban. Que se regule y ya. No pasa nada. Pero: se cierra un salón de belleza. ¡Válgame Dios!”.  

“Aquí hay bancos, hay una librería, hay cafeterías que tienen que pagar renta, entonces hagamos lo mismo con un salón de belleza, que se pague el servicio como se venía haciendo y que se regule; no es ningún lujo, en muchos momentos es una necesidad y hay que llegar presentables a trabajar y no es ninguna cuestión que viole la austeridad”, señaló.

“Yo me peino en mi casa, pero a veces vas a tener una entrevista en televisión: oye péiname rápido, por favor, no pasa nada. En la Cámara de Diputados así sucede, ¿cuál es el problema? No le vamos a dar gusto al patriarcado, pero que se regule, que sea por la vía de la transparencia, que pague su rentita, y se acabó, no hay problema”, añadió.

En el mismo sentido opinó el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reclamó este lunes a Julio Scherer Ibarra por publicar en su libro «Ni venganza ni perdón» la existencia de un esquema de financiamiento ilícito que implica al estado.

El exsecretario de Seguridad afirmó que el exconsejero jurídico de Presidencia de Andrés Manuel López Obrador nunca le advirtió de la existencia o riesgo de estas actividades ilícitas en Sonora, pese a la cercanía que ambos tienen. 

“Por la relación cercana y de confianza que hemos sostenido durante años, ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita”, escribió desde su cuenta de X.

En la publicación, Durazo añadió una fotografía de su toma de protesta el 13 de septiembre de 2021 y asegura que lo revelado por Scherer Ibarra ocurrió antes de su llegada al poder, en 2018. 

«Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora», apunta.