Partidos políticos

La ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, reconoció que sí escribió mensajes al senador Alejandro Armenta, pero sostiene que no fueron amenazas. En carta firmada, sin membretes de la Corte o del Poder Judicial, reconoce que sí hizo un reclamo sobre “datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan”. Reconoce que no fue la vía adecuada para el mensaje y confío en que su “modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó este miércoles aplicar medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, por la serie de denuncias en su contra por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña rumbo a elección presidencial de 2024. La Comisión sesionó este miércoles para analizar diversas denuncias en contra de las llamadas ‘corcholatas’ sobre la realización de eventos, colocación de espectaculares, así como la difusión en periódicos y revistas de los mismo. Dicha Comisión rechazó ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de realizar comentarios para encaminar el voto a favor de los candidatos de Morena y sus aliados para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que “hay pocas esperanzas” de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisen la constitucionalidad de la segunda parte del plan B electoral durante su discusión y que resolverán que sea invalidado. La semana pasada, el pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la primera parte del llamado plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo. “Eso es lo que ahora está en discusión y seguramente se discutirá el próximo mes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, yo creo que hay pocas esperanzas de que los ministros en lugar de ponerse a revisar la constitucionalidad de la ley, pues seguramente se va a ir por la fácil y dirán que una vez más se violó el procedimiento legislativo“, señaló el titular de Gobernación en Mérida. La segunda parte de dicho plan, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo, también fue impugnada ante la Suprema Corte. Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad, mientras que el PRD también presentó un recurso.

Un juez admitió a trámite la ampliación de una demanda por la que se solicita a la Comisión Permanente convocar a una sesión extraordinaria del Senado para que se designe a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó este martes el senador Germán Martínez a Latinus. El legislador puntualizó que este asunto es analizado por un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y forma parte de la demanda por la que previamente se había instado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado a designar a los comisionados. Martínez señaló que con este recurso se podría convocar a los senadores para que se resuelva de manera exclusiva la designación de un comisionado del INAI. “Todavía no se celebra la lucha constitucional, puesto que el acuerdo establece que será el 5 de junio y no se ha resuelto vincular a la Comisión Permanente (…) en caso de que así lo determinara un juez, la Permanente sí podría citar a una sesión extraordinaria a la Cámara Alta“, añadió.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puso en marcha este martes un programa de defensoría para connacionales que enfrentan un proceso penal en EU. Con dicho programa, que entró en vigor este martes, se brindará asistencia y protección consular a mexicanos que enfrentan procesos penales por delitos graves en los casos en que los acusados no hayan admitido su culpabilidad y cuando existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia. También se les asistirá a todos aquellos mexicanos que hayan recibido sentencias desproporcionadas por injusticias del sistema estadounidense. Asimismo, el Gobierno mexicano buscará crear una clínica de derecho en la nación norteamericana que se dedicará a analizar y hacer diagnósticos de los casos que podrían adherirse al programa.