Partidos políticos

Fiel seguidor del equipo de básquetbol de Lakers de Los Ángeles, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, contrató la plataforma que transmite sus partidos, la cual interrumpe con espacios comerciales de hasta dos minutos.

“Estaba viendo el básquetbol en el playoff y sale un anuncio, dos minutos de anuncios, y le digo, ¿cómo? Pues yo pagué la plataforma”. 

“Y dice, no, es que tienes que pagar extra, otra cantidad para que se te quiten esos anuncios”, expresó inconforme.

Monreal agregó que “o estás viendo una película buena y de repente te sale el anuncio de venta de cosas. Y le digo, yo estoy pagando un servicio”.

“Sí, pero ahora tienes que pagar un extra para que no te salga el anuncio. Es una trampa, es un abuso de las plataformas y vamos a plantear que se elimine”, explicó sobre la iniciativa que presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El Gobierno de Chihuahua, ubicado en el norte de México, tendría en pie la idea de instalar un ‘minipentágono’ en el que funcionen algunas de las principales agencias de EU, a pesar del escándalo que provocó la incursión   ilegal de policías de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El dato sale de una investigación publicada por el diario Milenio. Según el reporte, las autoridades prevén que en el piso 18 de la Torre Centinela, la nueva sede de la Secretaría de Seguridad estatal en construcción, se instalen oficinas del Buró Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Fuentes del Gobierno estatal le confirmaron al medio que analizan la viabilidad legal y logística de este proyecto, en tanto que el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loy, aseguró que, en todo caso, se cumplirán los protocolos de «coordinación» y «colaboración» con EU señalados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Centinela»

Durante su gestión, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, puso en marcha una estrategia de seguridad llamada «Plataforma Centinela».

Adrián Eduardo Chavira, subsecretario de ese programa, explicó que el centro de mando estatal es precisamente la Torre Centinela, que tiene acceso a más de 10.000 cámaras instaladas en 3.065 postes de videovigilancia, 102 arcos carreteros y 11 filtros en carreteras y caminos del estado.

La nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, pidió que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debe ser juzgada en una publicación en sus redes sociales; sin embargo, en la exigencia no mencionó a Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta de X, la extitular del Bienestar, aseguró que María Eugenia Campos miente por la información que da sobre que la investigación federal en el estado se debe a un narcolaboratorio.

«Maru Campos miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el gobierno ha desmantelado más de dos mil 500 en todo el país», acusó.

El pasado miércoles 28 de abril se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) anunció la apertura de una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

A pesar de que todos los señalados por Estados Unidos son militantes de su partido, la nueva presidenta omitió pronunciarse en su primer discurso el pasado domingo.

De los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de estar vinculados con la célula delictiva de «Los Chapitos» y facilitar el trabajo del cartel de Sinaloa en el estado, hay uno que continúa en funciones en el estado.

Se trata de Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, quien se mantiene desempeñando funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales; Estados Unidos lo acusa de recibir sobornos de «Los Chapitos» y proteger a integrantes de esta célula del cártel. 

El cargo de vicefiscal general es el segundo más importante, en orden jerárquico, en la institución procuradora de justicia estatal.

Dámaso Castro Zaavedra fue el encargado de llevar la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, asesinado tras la reunión que derivó en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de los Estados Unidos, el pasado 25 de julio de 2024, por parte de su ahijado Joaquín Guzmán López, alias «El Güero», hijo de «El Chapo» Guzmán.

La Fiscalía General de Sinaloa, entonces encabezada por Sara Bruna Quiñones, sostuvo que Héctor Melesio Cuén fue asaltado en una gasolinería de Culiacán y que al poner resistencia le dispararon y murió de camino al hospital; se trató de una investigación del propio Castro Zaavedra.

Gilberto Bátiz García, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se pronunció por separar los comicios del Poder Judicial de las votaciones para la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en el país.

Luego de que esta mañana se informara en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que el gobierno federal evalúa los escenarios de mantener o posponer la elección judicial, el magistrado consideró que no puede llevarse a cabo una elección política junto con una técnica, para elegir a jueces de distrito y magistrados de circuito.

“Es muy importante decirlo. Hoy en día se tiene un debate también sobre la mesa que nos invita a pensar: ¿Es lo que necesitamos?, ¿una elección concurrente donde partidos políticos y elección judicial tengan cabida el mismo día? ¿El modelo que desarrollamos en 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones o debemos configurar nuevas reglas, también con base en una experiencia no sólo como candidatos, sino también como instituciones?”, planteó.

Puntualizó que la elección judicial tiene sus propias implicaciones de cara hacia el futuro, por lo que debería valorarse su realización en una fecha posterior a junio de 2027.

El pasado jueves, más de 150 organizaciones y actores políticos en el país lanzaron un llamado urgente para aplazar la elección judicial y rediseñar el modelo después de las fallas detectadas en la primera votación de 2025.

El diputado federal del PRI y excandidato a la gubernatura de Sinaloa en 2021, Mario Zamora Gastélum, sostuvo que la elección en la que contendió contra Rubén Rocha Moya estuvo marcada por violencia, presiones y una intervención “como nunca” del crimen organizado, por lo que consideró que las acusaciones recientes en una corte de Estados Unidos le dan sustento a lo que denunció en su momento.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, recordó que desde la noche de la jornada electoral hizo un pronunciamiento público en el que, además de reconocer el cálculo del órgano electoral, pidió la liberación de personas retenidas durante el proceso. “Ahí lo digo con la voz completa: les pido de favor y con humildad, suelten a todos nuestros compañeros que aún están privados de la libertad”, expresó.

Aseguró que, aunque en lo personal no sufrió incidentes durante la campaña, sí hubo múltiples casos de violencia contra integrantes de su equipo y simpatizantes. “Fue una campaña donde muchos candidatos, compañeros de partido, los que nos estaban ayudando, los que simpatizaban, vivieron cosas tremendas”, afirmó.

Como ejemplo, relató el caso de la entonces candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Badiraguato, Guadalupe Iribe Gascón, quien, según dijo, fue obligada a declinar tras el secuestro de su hermano el día de la elección.

“Me habla llorando y me dice, ‘Mario, te hablo para pedirte que me ayudes, se acaban de llevar a mi hermano. Ahorita, colgando contigo, hablo a todas las radios y voy camino a decir que me bajo de la candidatura, que no voten por mí, que voten por Morena, pero que me regresen a mi hermano con vida, sano y salvo’”, relató. Añadió que incluso le pidió intervenir ante Rubén Rocha Moya: “Hazme un favor, háblale a Rubén Rocha y dile que me ayude”.