Partidos políticos

Un juez federal determinó de forma preliminar que Arturo Salinas Garza está impedido para ejercer el cargo de gobernador interino de Nuevo León, debido a que al momento de tomar posesión era presidente del Poder Judicial local, lo que es violatorio de la Constitución del estado. El juez séptimo de Distrito de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, concedió una suspensión provisional al secretario general de Gobierno de Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco, quien promovió un amparo para frenar la designación de Salinas Garza. Navarro Velasco demandó que Salinas Garza está impedido para ejercer el cargo de gobernador interino y por lo tanto, le corresponde a él quedarse como encargado de despacho del gobierno de Nuevo León, cuando el gobernador Samuel García inicie su periodo de licencia el próximo 2 de diciembre. El mandatario estatal estableció, en un acuerdo del 23 de octubre, que en el supuesto de que el gobernador interino estuviera impedido para el cargo y ello fuera materia de procedimiento judicial, deberá quedar su secretario general como encargado de despacho del gobierno de Nuevo León.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, acusó este domingo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí sabía de la magnitud del huracán “Otis”, que impactó en Acapulco como ciclón de categoría 5, y que las muertes que dejó eran evitables. A través de un comunicado, el dirigente panista advirtió que la situación en Acapulco podría convertirse en una crisis humanitaria si el gobierno no resuelve las demandas de servicios básicos: agua, luz, alimentos, combustible, comunicación, transporte y apertura de vías principales y carreteras. “El gobierno sí sabía de la magnitud del huracán ‘Otis’, pero no hizo nada para prevenir oportunamente a la población. Sin duda, la muerte de muchas personas era evitable. Sin embargo, hoy la prioridad es salvar vidas, superar la emergencia, restablecer los servicios y reconstruir Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán”, dijo Cortés. Criticó al presidente López Obrador por, según dijo, impedir que organizaciones y civiles entreguen ayuda a los damnificados, y que a gente que va en busca de sus familiares, los Servidores de la Nación les quiten víveres, ropa o medicinas en los caminos, lo que implica “otro saqueo”.

A poco más de dos meses que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tome posesión, el país navega por una crisis de gobernabilidad y, según expertos, la incertidumbre será una constante mientras que el Ministerio Público (Fiscalía), mantenga sus intentos por revertir los resultados de los votaciones. Durante octubre, la indignación y rechazo de los guatemaltecos contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, tocó su punto más alto con el bloqueo de más de 100 carreteras en todo el territorio, además de masivas manifestaciones para exigir su dimisión por intervenir en el proceso electoral. ‘La fiscal Porras se está jugando su futuro porque ha cometido delitos graves, incluyendo actos violatorios a la constitución, y sabe que si no logra sus objetivos, terminará en la cárcel’, explica a EFE el politólogo Ricardo Saénz de Tejada. En opinión del experto, Guatemala está sumergida en una ‘incertidumbre’ porque quienes pretenden descarrilar los resultados electorales ‘están midiendo si tienen condiciones para imponerse y si se alineen diversos actores, incluido el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, así como la capacidad de reprimir a los manifestantes’.

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos y que serán enviados a la Tesorería de la Federación. La reforma se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tras más de ocho horas de sesión, el dictamen fue aprobado en lo particular por 67 votos a favor de la mayoría de Morena y aliados, y 49 en contra de los partidos opositores. Previamente fue aprobada en lo general por 68 votos a favor y 48 en contra. El dictamen añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos. Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. La reforma legal implica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. El decreto dispone que en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los convenios de extinción o terminación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sería una “falta de respeto” que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, dialogue con senadores de la República sobre la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). “Yo pienso que no hace falta y que es más espectáculo y puede significar falta de respeto a quienes asisten”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. En cambio, AMLO propuso que en su lugar se convoque a una conferencia de prensa para exponer los argumentos del PJF. El mandatario también sostuvo que los ministros deberían “explicar” sus salarios, los cuales considera altos. Asimismo, dijo que los fideicomisos “no están contemplados en la ley”. Así se refirió el presidente a la posibilidad de que Norma Piña acudiera al Senado a dialogar sobre la desaparición de los fideicomisos. El lunes, la ministra presidenta aceptó acudir a un encuentro con los legisladores. Esto después de que los senadores Alejandro Rojas Díaz Durán (Morena), Julen Rementeria (PAN) y Manuel Añorve (PRI) le enviaran invitaciones individuales para llevar a cabo dicho diálogo.