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El diputado federal Gustavo de Hoyos Walther llamó a la Cámara de Diputados a que, con carácter de urgencia, estudie las iniciativas que presentó para reformar la Constitución y la Ley Federal del Mar, a fin de que el Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, sea reconocido como bahía histórica, mar territorial y, por tanto, parte íntegra del territorio nacional.

Recordó que, conforme al estudio publicado en la Revista del Centro de Estudios Superiores Navales, la parte centro-sur del Golfo se mantiene bajo un régimen de zona económica exclusiva y aguas internacionales, lo que, dijo, “trastocó la soberanía y la seguridad nacional de México”, al permitir libertad de navegación y sobrevuelo sin un control pleno del Estado mexicano.

El legislador subrayó que México ya cuenta con fundamentos geográficos, históricos, jurídicos y de seguridad nacional para emprender, sin demora, una ruta jurídico-diplomática que lleve a proclamar el Golfo de California como bahía histórica y aguas interiores mexicanas, criterios reconocidos expresamente por la Organización de las Naciones Unidas y acreditados por el estudio técnico del Centro de Estudios Superiores Navales.

En un comunicado, insistió en que la reclasificación fortalecería la protección de los recursos marítimos, la conservación ambiental y la capacidad del Estado mexicano para enfrentar riesgos asociados a actividades ilícitas y a la presencia de actores externos en un espacio marítimo plenamente rodeado por territorio nacional.

De Hoyos Walther exhortó respetuosamente a la Presidencia de la República a iniciar de inmediato las gestiones diplomáticas y técnicas necesarias ante los organismos internacionales competentes, a raíz de las recientes alertas emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que advirtieron sobre posibles interferencias al GPS y operaciones militares en rutas que cruzan el Pacífico mexicano y el Golfo de California.

Legisladores del PT y PVEM expresaron disposición para tener comunicación con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez, pero advirtieron que sus partidos no están dispuestos a negociar con él los términos de esa reforma que es impulsada por Morena y el gobierno federal. 

Entrevistados por separado, el senador Luis Armando Melgar del PVEM, y la diputada Lilia Aguilar del PT, coincidieron en que pueden escuchar a Pablo Gómez sobre las conclusiones de las consultas que realizó desde octubre sobre la reforma, pero advirtieron que el poder de negociación es con los líderes en el Congreso y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si Pablo Gómez nos muestra lo que él ha estado recibiendo en los foros, información que tampoco conocemos. De ahí que podamos avanzar en una negociación, por supuesto que no es el foro; el foro no es ahí, el foro es en el Poder Legislativo. Nosotros somos representantes del Poder Legislativo, y ahí es donde debemos de ver y negociar las cosas, y conocer y recibir por parte del Ejecutivo lo que va a ser esa iniciativa”, expresó Melgar Bravo. 

En el mismo sentido, Lilia Aguilar planteó: “nosotros somos representantes. Y yo no sé si sea Pablo Gómez el interlocutor o alguien más, lo cierto es que él encabeza una comisión, pero una comisión del Ejecutivo y las leyes las hace, como he dicho, el Legislativo”.

La tarde del jueves, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, acudió a una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde de acuerdo con legisladores de ese partido hablaron acerca de los 12 temas que contenía la reforma, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los congresistas demócratas Joaquin Castro (Texas), Sara Jacobs (California) y Greg Stanton (Arizona) introdujeron formalmente este miércoles la ley denominada No Unauthorized War in Mexico Act (Ley contra la Guerra no Autorizada en México), la cual busca prohibir de manera explícita el uso de fondos de los contribuyentes para financiar cualquier intervención bélica o uso de la fuerza militar en territorio mexicano que no cuente con la autorización previa del Congreso de los Estados Unidos.

La introducción de esta medida ocurre tras una serie de ataques ejecutados por las fuerzas estadounidenses frente a las costas de México. Asimismo, los legisladores citaron como un factor determinante las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en la cadena Fox News, donde afirmó que su país podría realizar ataques en territorio terrestre mexicano dirigidos contra los cárteles de la droga.

Los autores del proyecto de ley argumentan que una escalada militar unilateral tendría consecuencias severas para la estabilidad regional y la economía binacional.

El congresista Joaquin Castro, miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó la posibilidad de un conflicto como un movimiento desestabilizador.

“Lanzar a los Estados Unidos a otra guerra innecesaria – y no autorizada -en América Latina es un movimiento desestabilizador que volverá para perseguir a la nación. Mis electores en San Antonio no quieren que EU gaste miles de millones en otra guerra que corre el riesgo de desestabilizar la región, generar migración masiva y abusos a los derechos humanos”.

A poco más de un mes de que inició la contienda por la renovación del Congreso en Coahuila, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, lanzó una ofensiva contra el actual gobierno estatal, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

«Lamentamos que Coahuila siga siendo un estado gobernado por el PRI, porque creemos que está demostrado que el PRI es sinónimo de corrupción. Actúan en función de sus privilegios y no en favor de la gente», afirmó Alcalde durante su visita a Ciudad Acuña.

En una breve entrevista con medios de comunicación, la dirigente señaló directamente a la administración estatal de inmiscuirse en la elección de 25 legisladores locales y reprochar que no se ha aprobado una ley para personas con discapacidad, aunque la entidad cuente con uno de los porcentajes más bajos con discapacidad en el país, según datos del INEGI.

“Este año 2026 es una oportunidad para sacar al PRI del Congreso y para romper esa mayoría que no ha permitido que haya derechos que sí hay en otras entidades federativas, como ejemplo la Pensión Universal para Personas con Discapacidad que no ha sido aprobada aquí”, dijo. 

Acuso de poca transparencia al gobierno municipal de Torreón, al advertir que existen auditorías pendientes y recursos sin aclarar que no han sido llamados a cuentas. Y llamó a la Fiscalía a que “actúe con autonomía”.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, advirtió que la discusión sobre la reforma electoral avanza sin una propuesta concreta y con decisiones apresuradas que derivaron en errores técnicos y en la exclusión de planteamientos clave, entre ellos uno para sancionar el uso concertado de influencers durante la veda electoral.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Ravel señaló que, pese a meses de debate público, el INE no ha recibido un proyecto formal que permita evaluar la viabilidad real de los cambios planteados.

Hemos estado discutiendo ideas generales, especulaciones o preocupaciones que se han dicho públicamente, pero no tenemos nada concreto.

La consejera subrayó que el INE debe ser escuchado en este proceso por su experiencia técnica en la organización de elecciones, ya que algunas propuestas pueden resultar inviables en términos operativos o de costos.

En ese contexto, explicó su ausencia en la presentación del documento técnico del Instituto ante la comisión presidencial, pese a haber participado en la elaboración de propuestas.

Organizaciones de abogados han urgido este miércoles al gobierno de Claudia Sheinbaum a promover una reforma electoral que respete el Estado de derecho y preserve el sistema de representación proporcional. 

La Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México presentaron un reporte en el que precisan los estándares internacionales a los que se debe apegar la reforma que se prevé presentar al Congreso en los próximos días. 

Las agrupaciones señalaron que esta propuesta plantea inquietudes tras los intentos fallidos de Morena con sus “Plan A” y “Plan B”, con los que Andrés Manuel López Obrador desmantelaba los controles y comprometía la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE). 

“En este contexto, la propuesta del gobierno de introducir una nueva reforma electoral plantea serias preocupaciones de que dicha iniciativa también pueda socavar la integridad de las elecciones y la democracia en México”, se lee en el documento “Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México”. 

En el marco de esto, las organizaciones enlistaron una serie de recomendaciones para el Ejecutivo y el Congreso, entre las que se encuentra respetar el sistema de representación proporcional, mantener los límites a la sobrerrepresentación, garantizar el financiamiento público de las elecciones, proteger el servicio civil de carrera y la capacidad de los OPLEs para organizar los comicios locales.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que los vínculos de la jerarquía de Morena y el envío de petróleo a Cuba ponen el riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

“La mal llamada reforma judicial es parte del problema y segundo, pues la omisión del gobierno mexicano de combatir al crimen organizado y sobre todo los vínculos de quienes están en la jerarquía de Morena con el crimen organizado”, enfatizó.

En entrevista con medios en el marco de la Comisión Permanente, exigió a la denominada 4T no dar pretextos al gobierno de Donald Trump para firmar el acuerdo comercial porque se ponen en riesgo 12 millones de empleos y 85% de las exportaciones. 

“Prácticamente, 12 millones de empleos dependen del Tratado Libre de Comercio. Casi un tercio de toda la masa salarial, es decir, un tercio de todos los salarios que los mexicanos recibimos, están directamente vinculados al Tratado de Libre de Comercio”, indicó.

El panista Anaya advirtió que para México es “de vida o muerte” suscribir el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), por lo que “sería catastrófico que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no lograra firmarlo”.