Partidos políticos

-La muerte el miércoles de nueve personas al desplomarse un templete en Nuevo León, en el norte de México, se une a la lista de sucesos mortales ocurridos durante la celebración de mítines o actos electorales en el mundo durante las últimas tres décadas. La tarde del miércoles se desplomó el escenario de un evento político de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León. Autoridades confirmaron saldo de nueve personas fallecidas y 54 lesionadas. Sobre la tarima se encontraba el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, acompañado de líderes y candidatos locales de Movimiento Ciudadano. En video se aprecia que Álvarez Máynez notó un ventarrón, que se movía la pantalla y alcanzó a correr antes del colapso. Uno de los sucesos más graves de estas características se produjo el 5 de septiembre de 1997 en Ciudad del Este (Paraguay) cuando 39 personas murieron y una cincuentena resultaron heridas al derrumbarse una estructura metálica y un muro a consecuencia de un temporal durante un mitin de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino indebidamente y vulneró el actual proceso electoral para la renovación de la presidencia de la República y el Congreso de la Unión, al opinar parcialmente el 11 de enero de este año sobre el acuerdo entre el PAN y PRI en Coahuila. En sesión pública, los magistrados del Tribunal resolvieron un procedimiento especial sancionador que promovió el PAN en contra de López Obrador, el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), así como el coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, Jesús Ramírez, por la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, y el uso indebido de recursos públicos, con motivo de las manifestaciones del presidente realizadas en su conferencia matutina de 11 de enero de ese año. Ese día, López Obrador afirmó que “cuando se reparte mal el botín hay motín”, y cuestionó al PAN y PRI por un pacto que hicieron en la elección de Coahuila en 2023 para ir coaligados, a cambio de que Acción Nacional recibiera notarías y titularidades en distintas áreas en el gobierno de dicho estado.

Al reunirse con diputados federales de todos los partidos, los magistrados electorales Mónica Soto, Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña ofrecieron que, al momento de calificar las elecciones a la presidencia de la República, al Congreso de la Unión, para gobernador y autoridades municipales, evaluarán posibles anulaciones en aquellos casos donde haya existido inseguridad previa y durante las votaciones del 2 de junio, o bien, donde sólo haya competido un candidato. Los tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin la presencia de Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, recibieron esta mañana a los coordinadores en la Cámara de Diputados del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; del PRD, Francisco Huacus; del PVEM, Carlos Puente; del PT, Alberto Anaya; y de Movimiento Ciudadano, Braulio López. También acudieron algunos de sus vicecoordinadores parlamentarios. Al término del encuentro, diputados y magistrados acordaron no dar declaraciones a la prensa, y emitir un comunicado conjunto. Sin embargo, Latinus consultó a algunos diputados que asistieron al encuentro. De acuerdo con la información obtenida, los magistrados Soto, Fuentes y De la Mata argumentaron tener claros los criterios adoptados por el Tribunal para nulidad de elecciones, y ofrecieron que evaluarán caso por caso aquellas elecciones donde se acuse la intervención de grupos delictivos previo y durante la jornada comicial del 2 de junio, o incluso, donde sólo haya existido un candidato debido a renuncias de los contendientes, o no postulaciones por parte de los partidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes el comienzo de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Al resolver la controversia 31/2023, el pleno de la Suprema Corte también invalidó un artículo de la Constitución de Nuevo León para que no se pueda separar a un servidor público acusado en un juicio político. En un comunicado, la Suprema Corte indicó que validó el acuerdo del 31 de enero de 2023, dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, donde se determina procedente la denuncia de juicio político contra el gobernador. La controversia constitucional 31/2023 fue promovida por el gobernador Samuel García en contra de la intención del Congreso local, con mayoría opositora a su gobierno, de comenzar un juicio político por omitir enviar el presupuesto de egresos para el año pasado. En diciembre del año pasado, la controversia había sido desechada por la Suprema Corte, después de un proceso en tribunales entre el gobernador y el Congreso local.