Iván Calderón

Pese a tener un quebranto financiero de más de $33 millones de pesos tan solo en el pasado ejercicio 2021, o de más de $74 millones de pesos en los últimos 3 años, el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla ha trabajado de manera correcta, ordenada y sin quejarse de lo que pudo o no pudo hacer la administración anterior. Le explico. Con todo y que el expresidente municipal sanandrescano Tavo Pérez Garay, aseguraba que entregaría buenas cuentas y que dejaría dinero “en caja”, fue todo lo contrario; y ahora con tremendas observaciones de presuntos daños al patrimonio público, el expresidente municipal tendrá que aclarar estos señalamientos tanto administrativos como de mala ejecución de obra pública ante el Órgano de Fiscalización Superior y en el Congreso del Estado.

Los enredos de un caso resuelto. Parece contradictorio el título que le puse a esta colaboración y en realidad casi en cualquier parte del mundo lo sería, pero resulta que estamos en México, el cual es un país en el que hasta las cosas más inverosímiles pueden llegar a suceder. Y un buen ejemplo de ello es el famoso caso de Ayotzinapa, el cual en lo general fue esclarecido desde un principio, ya que desde las primeras indagatorias quedó establecido que los “estudiantes” fueron asesinados por miembros del crimen organizado, quienes actuaron en contubernio con policías municipales a cargo de José Luis Abarca Velázquez, quien a la sazón era alcalde de Iguala, Guerrero. Ahora bien, aunque el marco general del crimen quedó establecido, dicha situación no dejó satisfechos a los agraviados (los padres de familia de los asesinados), ya que es entendible que quieran que se busque, capture y juzgue a los individuos que cometieron ese crimen, algo para lo cual el Estado mexicano siempre ha sido incapaz de conseguir.

Luego de los presuntos acuerdos entre los rojos de «Alito» Moreno con el partido gobernante y la ausencia de legisladores blanquiazules cuando más se necesita de sus decisiones para beneficio ciudadano, tal parece que la vía de oposición es el PRD. Le explico.

Vinculado al panismo de los Yunes, el director del Instituto Tecnológico de Boca del Río continúa haciendo de las suyas, desde pedir “moches” a los alumnos para su titulación, hasta aumentar los costos de inscripción, entre otras fechorías más. Le explico. Jaime de Jesús Cañas Ortega ha utilizado a este plantel como negocio personal y lo peor, sintiéndose bastante protegido “quién sabe por quién”, el docente maneja todo el presupuesto discrecionalmente y hasta el dinero que se recauda por unas constancias de inglés que resultaron apócrifas con un costo superior a los $16 mil pesos por alumno. Y ni qué decir, del negociazo que se trae con una escuela de fútbol del estado de Puebla dentro de este Tecnológico.

Coincidiendo con el estreno de la plataforma Disney+; en el Puerto de Veracruz no se quieren quedar atrás y ya tienen a su propio Pinocho, o Pinocha: la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez quién está siendo señalada de mentir a los ciudadanos para agenciarse un negociazo más para la parentela. Más de $150 millones de pesos ¡millones! son los que pasarían para su manejo a discrecional con la ganancia de los parquímetros. Así acusó la regidora novena Virginia Roldán Ramírez a quien tachó a la alcaldesa de mentirosa por la poca transparencia sobre el tema de los parquímetros que pretenden pasar a ser administrados por el ayuntamiento. Roldán Ramírez acudió a sus redes sociales para dar testimonio que la munícipe dijo falsedades en torno a la supuesta aprobación del cabildo para que administre, opere y disponga de los recursos generados por los parquímetros, cuando lo único que se realizó fue quitarle la concesión a Grupo Zeus.

Luego de que se pacificaran las aguas en el Órgano de Fiscalización Superior se espera la reactivación de una serie de denuncias contra diversos ex funcionarios de la era de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes Linares ante la Fiscalía General del Estado. Le explico. Las repercusiones económicas que dejaron estos gobiernos a la fecha las siguen padeciendo las y los veracruzanos, que, con todo y la reducción de los compromisos financieros, los escenarios son críticos; y muy a parte de las responsabilidades que carguen los exmandatarios, también irán contra sus excolaboradores por posibles daños al patrimonio público.

Rafael Fararoni Magaña es uno de los legisladores más jóvenes no sólo de la entidad, sino del país y a pesar de las voces que lo colocan como un personaje sin experiencia, cuenta con impresionante curriculum que a su corta edad, es envidia de muchos. Licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y con maestría en Políticas Públicas por el ITAM. El originario de San Andrés Tuxtla conoce muy bien de números y datos; al ser también un exitoso empresario, para él no es nada nuevo eso de la vigilancia y el control de presupuestos.

Elías Miguel Moreno Brizuela quién pretende venderse como el gran “operador político” de Marcelo Ebrard Casaubon en Veracruz, acaba de cometer una pifia más en su accidentada carrera política. Les cuento. Resulta que el ex secretario de Protección Civil en la Ciudad de México fue supuestamente a buscar al alcalde de Xalapa Ricardo Ahued para ofrecerle “todo su apoyo” para que este sea candidato a la gubernatura y no, la secretaria de energía, Rocío Nahle García, y por supuesto fue bateado, ya que Ahued tiene acuerdos con Javier Herrera y el Partido Verde.

Al parecer el exalcalde de Cosoleacaque, Cirilo Vásquez Parissi, está con las horas contadas, pues igual que el dirigente nacional del PRI Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, Cirilo se ha envuelto en un escándalo que involucra millones de pesos en desfalcos. Siendo presidente municipal en el periodo 2018-2021 (anteriormente en el 2011-2013) y tras una rigurosa investigación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), se le atribuye un presunto daño patrimonial por cada año de gobierno: en 2018 de 12 millones 510 mil 848.16 pesos; en 2019 de 35 millones 900 mil 223.26 pesos; en el 2020 de 17 millones 936 mil 411.14 pesos y en el ejercicio fiscal de 2021. Así, el ente fiscalizador ha puesto al descubierto que en Cosoleacaque se realizaron obras fantasmas, inconclusas y con precios inflados.

En los inicios del primer trimestre del año, ambientalistas, medios de comunicación y pobladores de la zona de los Tuxtlas, denunciaban el ecocidio que se está ejecutando en la comunidad de Balzapote con la extracción de roca basáltica para las obras del tren maya. Desde tiempo atrás máquinas retroexcavadoras y camiones de carga destrozaban esta parte de la región y a pesar de la evidencia científica sobre el impacto ambiental, nadie decía nada. Fue el gobernador Cuitláhuac García quién reconoció estos trabajos, asegurando que todos contaban con permisos de impacto ambiental, y que existía ya un convenio para remediar los daños y que los empresarios estaban dispuestos “para colaborar”.