Emilio Cárdenas Escobosa

La histórica jornada de votación que vivimos el pasado domingo 6 de junio para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de 15 gubernaturas, 29 congresos estatales y 1,923 ayuntamientos del país ha cambiado el mapa electoral del país. Los mexicanos acudimos el pasado domingo a emitir nuestro voto en lo que fueron las elecciones más grandes en la historia del país por el número de cargo públicos que se disputaron, más de 20 mil.

En la antesala de la jornada de votación de las elecciones más grandes de la historia reciente la judicEn la antesala de la jornada de votación de las elecciones más grandes de la historia reciente la judicialización del proceso electoral es ya un hecho indiscutible. ialización del proceso electoral es ya un hecho indiscutible. A unos días de que concluyan las campañas electorales se han incrementado las denuncias penales por delitos electorales. Desde que inició el proceso electoral el 7 septiembre de 2020 y hasta el pasado 14 de mayo, se habían promovido 600 denuncias a nivel nacional, y en 450 de éstas se abrió una carpeta de investigación por lo que pueden concluir ante un juez. Esto es, un promedio de 75 por mes o 2.5 por día de acuerdo con los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, organismo dependiente de la Fiscalía General de la República.

El trágico accidente ocurrido en la Línea 12 del sistema del metro de la Ciudad de México y que dejó un saldo saldo de 25 personas muertas y 79 lesionados ha consternado a la sociedad por varias razones: desde luego que en primerísimo lugar por el dolor y la pérdida de vidas humanas, del sufrimiento de las familias de los heridos y los fallecidos, pero consterna también ver las reacciones de la clase política, del gobierno federal, del presidente López Obrador, de los dirigentes y voceros de los partidos antagónicos al mandatario, preocupados más en sacar raja política de la tragedia, en acusar al otro de la politización de un hecho doloroso, de mirar solo el proceso electoral, y dejar en claro que lo que menos les importa a todos, son las víctimas y sus familiares.

El interés del presidente Andrés Manuel López Obrador por modificar los contenidos de los libros de texto gratuitos ha generado inquietud en diversos grupos y sobre todo en especialistas en educación. Es un tema que ha pasado un tanto oculto porque la atención de todos ha estado centrada en las elecciones, pero que es materia prima para la polémica. El 22 de marzo, el director de Materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, inauguró el proceso para el rediseño de los libros de texto gratuitos que, en un hecho insólito, espera concluir el 31 de mayo de este 2021. Ha trascendido que detrás de esta revisión y bajo su directriz en temas de ciencias sociales está la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural que encabeza la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller.

Un elemento central para que la relación entre gobernantes y gobernados transite sin mayores sobresaltos en cualquier nación que se precie de ser democrática es la confianza en la aplicación de la ley. Sin embargo, en México su plena vigencia y el funcionamiento de un sistema judicial justo, predecible y confiable, sigue siendo aún una aspiración constitucional y demanda cotidiana de la población. Ante ese grave déficit de nuestra vida democrática, la pertinencia de avanzar en la reforma al Poder Judicial está fuera de toda duda. Por lo general al Judicial se le sigue considerando un espacio aparte, en el que a sus miembros se les ve ocupados sólo en conservar inmensos privilegios salariales y exorbitantes prestaciones que no se otorgan al común de los trabajadores mortales.

En todas las democracias modernas es común que el partido que gobierna busque su permanencia en el poder y que la ciudadanía que en un momento determinado les otorgó su confianza se la refrende en el siguiente proceso electoral. Este propósito implicaría, en primer lugar, que al llegar a las administraciones públicas los candidatos emanados de una fuerza política cumplan puntualmente con los compromisos contraídos con la población y que derivado de ello su legitimidad se afiance a grado tal que los electores deseen renovarles el mandato. Es una aspiración legítima e incuestionable.

Este 23 de marzo se firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó a las y los mandatarios estatales el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo central del compromiso suscrito por todos los gobernadores con excepción de los de Sinaloa y Jalisco es que las autoridades federales y locales se comprometen a no intervenir en el proceso electoral en curso a favor de ningún candidato o partido político, y que tampoco usarán el presupuesto público para apoyar campañas electorales. Lo pactado se extiende a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar trampas; a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas u otras prácticas ilegales y antidemocráticas.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y eso es lo que pasó en el México de los años cuarenta del siglo pasado cuando se estableció el delito de disolución social en un contexto y con objetivos muy distintos a los que habría de servir al final, y que llevó a la persecución de cientos de disidentes del monolítico régimen político de aquellos tiempos. Recordemos que esta norma surgió en una época muy compleja para la seguridad nacional del país como fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en el año de 1941 el entonces presidente Manuel Ávila Camacho envía una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social, que a la letra decía:

El tema del feminismo incomoda al presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario pese a su claro afán de priorizar en su gobierno a los que menos tienen, de abatir las desigualdades y poner el centro de la acción gubernamental en atender los rezagos, en orientar programas sociales para ello y distribuir recursos entre amplios sectores, en abanderar –aunque las más de las veces solo de palabra- el combate a la corrupción, ha tropezado definitivamente con las mujeres. En diversos momentos de su gestión López Obrador ha mostrado una evidente misoginia intelectual cuando se le pregunta sobre el tema de la violencia doméstica, de los feminicidios, de los reclamos por una vida libre de violencia contra ellas, de las marchas que reivindican esas causas.

En el sector público, la fiscalización o función fiscalizadora tiene como objetivo que la actividad económico-financiera del aparato estatal se sujete a los principios de legalidad, eficiencia y economía, a través de órganos públicos denominados entidades fiscalizadoras superiores, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en 1999 y dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en las entidades federativas como Veracruz con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en funciones desde el año 2000 y que rinde cuentas al Congreso local.