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Blanca Diva Ponce Caro presentó su renuncia a ser jueza penal en Sonora y fue removida de su cargo partidista en Morena, luego de confirmarse que fue nombrada en funciones simultáneas en el Poder Judicial y en el partido.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora informó la separación de la funcionaria como secretaria de la sección 899 en Ciudad Obregón. Mediante un boletín, el partido señaló que la removieron por “contar con una responsabilidad administrativa que le impide desempeñar funciones dentro de partidos políticos”.

Morena Sonora añadió que dará de baja a Ponce Caro de su padrón de militantes.

Para sustituirla, el cargo será ocupado por Georgina López Zepeda.

Por su parte, Ponce Caro presentó su renuncia definitiva e irrevocable al Poder Judicial, con efectividad al 24 de mayo de 2026.

La exjueza del Circuito 2 afirmó que con esto busca priorizar a las instituciones y contribuir al fortalecimiento democrático desde el ámbito ciudadano.

-La agencia calificadora Moody’s Ratings bajó la calificación de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de ocho instituciones financieras mexicanas, tras ajustar el miércoles la calificación del Gobierno de México.

Moody’s Ratings indicó que rebajó la nota en moneda extranjera de la CFE a Baa3 desde Baa2, y cambió la perspectiva a estable desde negativa y añadió que la baja de la calificación de CFE sigue a la rebaja de la calificación del Gobierno de México, como su proveedor de apoyo.

El miércoles, la firma rebajó la calificación soberana de México a ‘Baa3’ desde ‘Baa2’, el último escalón dentro del grado de inversión, al advertir un deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, mayores presiones derivadas del apoyo financiero a la petrolera estatal Pemex y un entorno de bajo crecimiento económico.

La agencia advirtió que la evaluación a la CFE está limitada “por la alta exposición a la volatilidad de los precios del gas natural y al riesgo cambiario, en un entorno de mercado inestable y con incertidumbre geopolítica”.

“Si bien estos riesgos se mitigan parcialmente mediante coberturas sobre parte de sus compras de combustible, los flujos de efectivo de la empresa no están completamente protegidos contra presiones negativas en un escenario de volatilidad prolongada de los precios globales de la energía y disrupciones en el suministro”, añadió.

Al más puro estilo de Vicente Fox, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, intentó evadir las preguntas sobre si conocía el paradero de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, su respuesta fue: «¿Yo por qué?».

Al finalizar la conferencia de prensa del informe de los trabajos en materia de búsqueda coordinados por la Secretaría de Gobernación, la titular de la dependencia se limitó a decir que en la conferencia matutina se había dado esa información.

“¿Gobernación sabe dónde está Rocha Moya?», le preguntaron. 

«¿Yo por qué? Ahora sí que yo por qué”, evadió Rosa Icela Rodríguez.

Los medios de comunicación insistieron en que, al ser la responsable de la política interna del país, debería tener comunicación con Rocha Moya, de quien desde hace 19 días se desconoce su paradero luego de ser acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó “con carácter estrictamente preventivo” las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa (oeste) acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, el oficialista Rubén Rocha Moya.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano”, explicó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la situación de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia estadounidense.

Según precisó, instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas respecto a clientes considerados como “personas políticamente expuestas”, después de que Estados Unidos los acusó de ayudar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

Entre los políticos señalados, además del gobernador, se encuentran el alcalde con licencia de la capital de Sinaloa (Culiacán), Juan de Dios Gámez; el senador oficialista Enrique Inzunza, y antiguos responsables del gobierno estatal.

Ante esta situación, las autoridades ejecutaron la inmovilización preventiva de los recursos bancarios, con el objetivo de “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.