Nacional

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este miércoles a la justicia una pena de 82 años de cárcel para el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, en razón de su presunta responsabilidad por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia asociados al caso Ayotzinapa. A través de un escrito de acusación presentado por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la FGR solicitó 60 años de prisión contra Murillo Karam por desaparición forzada, 12 años por tortura y 10 años por obstruir la administración de justicia, según confirmó el abogado del exprocurador, Javier López, en entrevista con Animal Político. Murillo Karam está sindicado por haber sido el autor intelectual de la así llamada ‘verdad histórica’, con la que se intentó ocultar la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la ciudad guerrerense de Iguala el 26 de septiembre del 2014, evento acaecido durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). A Murillo Karam se le ha señalado por manipulación de evidencias y por desviar las líneas de investigación para defender la versión oficial. Además, la Fiscalía mexicana ha indicado que el exprocurador participó en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, que fue integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, señalado por la desaparición de los normalistas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este miércoles que fue detenido Cruz Antonio “N”, alias “Don Cruz”, presunto líder de una célula delictiva de tráfico de drogas en Guatemala con presencia en México, Estados Unidos y Sudamérica. En una operación conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército y otras autoridades, fue detenido Cruz Antonio en un inmueble ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco. El detenido es de origen guatemalteco y su situación migratoria en México es irregular, además, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos en su país de origen, por lo que fue deportado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a las autoridades de Guatemala para llevar su proceso jurídico. Ayer, el Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que las autoridades mexicanas entregaron al presunto criminal a la Policía Nacional Civil en la frontera El Ceibo, Petén.

El colectivo Por Amor a Ellxs denunció este martes actos de corrupción en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y solicitó a las autoridades que realicen una investigación por estos señalamientos. En un comunicado, el colectivo de familiares de personas desaparecidas detalló que el pasado lunes recibió una denuncia anónima en la que se acusó a personal del instituto forense estatal de recibir dinero para dar prioridad a casos particulares. También el colectivo señaló que en el instituto se detienen algunos casos para atender situaciones mediáticas. En el desplegado, Por Amor a Ellxs destacó que se hizo una denuncia en contra Edgar Salvador Ascencio, quien labora en la oficina de la contraloría del instituto, por presuntamente llevar a cabo actos de corrupción.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó el lunes que fueron detenidos siete policías, dos mujeres y cinco hombres, por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado, relacionados con el cateo irregular a empresa financiera Black Wall Street Capital. Las detenciones de los funcionarios fueron cumplimentadas en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, y fueron puestos a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica. De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, los detenidos, en su calidad de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ejecutaron el pasado 15 de marzo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Anzures, pero lo reportado en su informe policial, posiblemente no corresponde a cómo sucedieron los hechos. El pasado 1 de junio, el juez Roberto Omar Paredes declaró nulo el cateo llevado a cabo por los policías en la empresa Black Wall Street Capital y sobreseyó el proceso por presunta posesión de armas y cartuchos, así como por delitos contra la salud, iniciado a cinco personas que estaban detenidas desde el 15 de marzo.

El empresario mexicano, Itiel Palacios García, quien por tercera vez en tres años fue detenido por supuestos procesos judiciales iniciados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), enfrenta una andanada oficial para impedirle su libertad. Sus familiares y abogados han calificado como una persecución política y un preso politico al empresario, quién fue señalado inicialmente del presunto asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, por el cual fue exonerado por falta de pruebas. Sin embargo, autoridades ministeriales impidieron su libertad y lo recapturaron con una investigación y orden de captura, de la cual no existían reportes antes de la tarde del pasado sábado 3 de junio, cuando había sido puesto en libertad. Documentos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Fiscalía General de la República (FGR), confirman que hasta el sábado por la tarde, no había ninguna carpeta de investigación en contra de Itiel Palacios García en ninguno de los 32 estados del país.