Nacional

El Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI) se irá definitivamente de México el próximo mes, según la postura de sus dos integrantes, Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, informó el diario español El País. Con esto, dejarán el caso Ayotzinapa tras varios desencuentros con el Ejército y luego de haber presentado su quinto informe sobre la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos. En ese informe, los expertos señalaron que el Ejército esconde información de manera deliberada sobre el caso. Durante la presentación de sus hallazgos, los expertos reafirmaron que las fuerzas castrenses les habían dicho que ciertos documentos y registros no existían, incluso después de que el GIEI los hubiera obtenido. En un caso, el Grupo comentó que había encontrado las transcripciones de las llamadas telefónicas interceptadas en los archivos militares. Cuando se le preguntó por ellas, dijo que la Sedena había respondido que no interceptaba ni controlaba las llamadas y que la información no existía.

Ocho de los 16 militares mexicanos detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, decidieron guardar silencio durante su declaración ante la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo. Estos ocho militares fueron detenidos el pasado martes por su supuesta implicación en el ataque y posterior desaparición de 43 jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en las afueras de Iguala (Guerrero), que ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados y su connivencia con instituciones públicas. Además, los militares han pedido ampliar de 72 a 144 horas el plazo para decidir si se les dictamina la prisión por delito de desaparición forzada de personas, según publicó la agencia Reforma. Los soldados, que se encuentran en la prisión del Campo Militar Número Uno, son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió un fallo que facilita el camino a la legalización del aborto en todo el país, estableciendo que «la sola calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar mediante juicio de amparo la inconstitucionalidad de artículos que penalicen el aborto». La decisión de la Primera Sala, emitida el pasado miércoles, se contempla como un paso para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el conjunto de la nación que, actualmente, contempla diferentes marcos normativos en cada uno de sus estados. Con cuatro votos a favor y tan solo uno en contra, la Corte estableció que las normas vigentes que penalizan el aborto «inciden en el significado cultural y social de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, contribuyendo a construir un imaginario social adverso para el ejercicio de sus derechos humanos». Así, considera que esas legislaciones «fomentan la creencia sobre la incorrección ética del aborto», aumentan el estigma sobre quienes solicitan una interrupción voluntaria del embarazo «desde nociones y concepciones estereotípicas y discriminatorias», a la vez que «generan un temor en los profesionales de la salud».