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La Fiscalía General de la República informó este jueves que las 145 personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico optaron por la reparación integral del daño, por lo que se procedió a la extinción de la acción penal.

La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, reiteró que la causa del accidente, el cual dejó un saldo de 14 personas fallecidas, fue el exceso de velocidad.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada” dijo.

«Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad», agregó.

En conferencia de prensa, Godoy explicó que actualmente 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal.

Trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de dos niñas, identificadas como Leidy y Alexa, ocurrido en el estado de Sinaloa.

Según información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los agentes castrenses también enfrentan cargos por la tentativa de homicidio de dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de una misma familia que fue atacada en mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla.

Los hechos que originaron la investigación sucedieron cuando la familia se desplazaba en una camioneta hacia una escuela. De acuerdo con la reconstrucción de los eventos presentada por la representación legal, al encontrar un bloqueo en la carretera, el vehículo intentó retornar, momento en el cual un convoy militar abrió fuego sin mediar advertencia.

El Centro Prodh señaló que, aunque inicialmente las autoridades manejaron la versión de un enfrentamiento, esta narrativa fue desacreditada durante las diligencias.

Durante la audiencia inicial, los agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República presentaron datos de prueba que señalan un uso letal de la fuerza de forma injustificada. La fiscalía argumentó que la actuación de los militares fue dolosa, al no apegarse a lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.

Por su parte, la defensa de los uniformados, que incluyó representación de la Defensa de Oficio Militar, alegó que los elementos actuaron bajo un estado de “alerta y nerviosismo” debido al contexto de violencia que prevalece en la región de Sinaloa.