Controversia

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) calificó de «espectáculo grotesco» la gestión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras la difusión de un video en el que se observa el desalojo policial de Marx Arriaga, ahora exdirector de Materiales Educativos.

Mediante un comunicado, la organización denunció que este incidente evidencia el «bajo valor institucional» y la «crisis de gobernabilidad» que atraviesa el sistema educativo federal.

De acuerdo con un documento, para la organización, este incidente no es un hecho aislado, sino la manifestación visible de un sistema educativo colapsado por intereses políticos.

En el documento oficial firmado por el Dr. Israel Sanches, la UNPF manifestó su profunda preocupación por el rumbo de la política educativa a nivel federal, la cual fue calificada como un «fracaso» que ha abandonado el aprendizaje académico en favor de las «ideologías polarizantes».

Además, la organización señaló que la salida de Arriaga bajo la custodia policial evidencia una preocupante «purga interna» que distrae a las autoridades de su verdadera responsabilidad: garantizar la calidad de las aulas.

Un nuevo punto de desencuentro se ha abierto entre EU y México por el supuesto uso de drones, por parte de los cárteles mexicanos, en la frontera entre ambos países.

El tema salió a relucir luego de que entre la medianoche del martes y madrugada del miércoles fuera cerrado temporalmente el espacio aéreo sobre El Paso (Texas), ciudad fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez (Chihuahua), y con ello se suspendieron todos los vuelos desde y hacia el aeropuerto internacional de esa urbe.

Las autoridades alegaron «razones especiales de seguridad»; y lo que pretendía ser un cierre de 10 días, duró apenas unas siete horas, pues la medida se levantó el mismo miércoles.

«La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región», dijo entonces el secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, que señaló que el cierre del espacio aéreo se había debido a la «incursión de un dron» de un cártel, sin precisar cuál ni de dónde.

El mismo miércoles, durante una comparecencia ante el Congreso, la fiscal general de EU, Pam Bondi, afirmó que militares estadounidenses han derribado drones presuntamente operados por cárteles.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó esta mañana de un operativo en la planta de la cementera Cruz Azul en el estado.

Según el comunicado Oficial, se ejecutó una orden judicial en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México para la restitución de las instalaciones.

“Autoridades del estado de Hidalgo participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población”, informaron.

Según medios locales, como La Jornada Hidalgo, desde aproximadamente las 04:00 horas de la mañana, se tiene presencia policial en la zona ante lo que señalan como el ingreso y toma de posesión del inmueble.

Asimismo, se reportó lo que destacaron como detonaciones de armas de fuego.

Testimonios recabados por el medio afirman que personas no identificadas descendieron durante la madrugada de camionetas blancas e ingresaron a las instalaciones.

La defensa de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez insistió este mes en pedir la desestimación del caso en su contra en la Corte de Distrito Sur de Texas por sobornos millonarios a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En documentos presentados ante la Corte, el sujeto ha argumentado evidencia insuficiente, violaciones procesales, además de que acusa al gobierno de Estados Unidos de “tergiversar la ley”. 

En enero de este año presentó la moción inicial después de que el jurado lo declara culpable por su papel en un entramado para sobornar a funcionarios mexicanos de Pemex Exploración y Producción. 

De acuerdo con la moción, la defensa de Rovirosa Martínez acusa que se afectó su capacidad para citar o contrainterrogar testigos en el caso por las declaraciones “incendiarias y difamatorias” que emitió el gobierno. 

“No hay suficientes pruebas independientes que corroboren ningún ‘acuerdo’ entre las partes para pagar sobornos ilegales a empleados de Pemex con el fin de establecer una conspiración”, se lee. 

Además, afirma que la acusación en su contra se basa en información contenida en una presentación de PowerPoint y sin la presentación de testigos ligados al caso.