Raymundo Riva Palacio

El tema más difícil de tratar con un jefe de Estado es el de su salud. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde hay un debate encendido sobre si el presidente Donald Trump y su equipo de médicos están mintiendo sobre su verdadero estado de salud. En esa sociedad transparente, hay una historia centenaria de mentiras de la Casa Blanca para ocultar la salud del mandatario. Grover Cleveland, en medio de una crisis financiera, escondió que tenía cáncer a finales del Siglo XIX.

Uno de los indicadores para la opinión pública que el presidente Donald Trump no se encuentra bien de salud es que ha estado alejado de su cuenta de Twitter. Para quien buena parte de sus acciones públicas está relacionada con sus mensajes de 140 caracteres, la ausencia del mundo digital significa que también está ausente del mundo real. De ahí el debate en Estados Unidos sobre las contradicciones en el cronograma de los síntomas de Trump, y la información cruzada sobre su estado de salud.

A principio de los años 80, el presidente Ronald Reagan estaba empeñado en derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Su primer instinto fue una invasión, pero luego de consultas con varios países latinoamericanos donde no encontró el apoyo para hacerlo, decidió hacer su propia guerra, como lo había hecho décadas antes en Guatemala. En el Capitolio lo frenaron, y por iniciativa del diputado de Massachusetts, Edward Boland, se enmendó el presupuesto de 1982 que limitaba la asistencia a los contras en Nicaragua a sólo asistencia humanitaria.

La vida en el México de hoy se aprecia de una manera rara en Palacio Nacional. Apenas hace 11 días el presidente Andrés Manuel López Obrador embistió a Reforma, cuyo encabezado principal esa mañana mencionaba que durante 2020 se habían registrado 45 masacres en el país, en contraste a su afirmación durante su segundo informe, donde dijo que esos asesinatos colectivos ya no existían. López Obrador mostró la portada del diario, exclamó “¡ahí están las masacres!”, como sugiriendo que solo en el papel existían, y soltó una carcajada.

Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no había sido cometido sólo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino era consecuencia de una conducta “delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los niveles de corrupción de un régimen”, donde desde lo más alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama..

Desquiciar es una palabra que se escucha fuerte, pero para la argumentación en esta columna es precisa. Desquiciar es cuando una persona pierde su seguridad y la serenidad, se trastorna su ánimo y se enoja sobremanera. Y desquiciamiento es lo que provocó Jaime Cárdenas en el presidente Andrés Manuel López Obrador con su carta de renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde habló de corrupción en la llamada cuarta transformación y, posteriormente, en una entrevista con René Delgado en Reforma

En las últimas semanas, dos de los secretarios moderados en el gabinete del presidente de Andrés Manuel López Obrador, han incurrido en decisiones controversiales e inexplicables, que en las luchas palaciegas de poder les restan poder en lugar de fortalecerlos. En la resbaladilla llena de jabón se encuentran Esteban Moctezuma y Marcelo Ebrard. El primero, secretario de Educación, acaba de meterse en un problema; el segundo, secretario de Relaciones Exteriores, está tratando de salir del suyo sin demasiadas heridas públicas.

La realidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la que ven y perciben cada vez más personas, pero es donde vive y actúa, siempre refractario y violento ante quien piensa diferente. En vísperas de su 2º Informe de Gobierno, descalificó las encuestas que lo ubicaban en niveles de aprobación por debajo del 60%. “Yo tengo mi encuesta”, dijo, “70%, 65, 64 de aprobación”. Frases al aire para ocultar los contrastes.

El 15 de septiembre de 2020 será un día muy difícil de olvidar. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos mostró el tipo de país que está construyendo: las leyes emanadas de la Constitución no sirven; los juicios sumarios son los que valen. La voluntad popular es una frase de pacotilla; la única voluntad que vale es la suya. Los instrumentos de procuración y administración de justicia son secundarios; la Unidad de Inteligencia Financiera es la que se ocupa de perseguir a quien señale el Presidente.

Durante agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción. Paría de la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero –incluidos 10 millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio como soborno– y, de paso, podría cobrarse cuentas personales.