Columnistas

Lo primero que hacen los regímenes autoritarios cuando llegan el poder es, casi invariablemente, tomar el control de la narrativa pública acallando la crítica en los medios de comunicación. Durante todo el sexenio, fue más que evidente la manera en la que desde el gobierno federal se orquestó una campaña de propaganda para desacreditar a los medios y periodistas críticos a través de un uso abusivo de los canales públicos de difusión del régimen, lo que generó un clima de tensión y de hostilidad hacia quienes ejercen la profesión de informar. Quienes afirman que hubo “respeto” a la libertad de expresión durante el obradorato o vivieron en otra dimensión o mienten descaradamente. De acuerdo con la organización Artículo 19, de los 166 comunicadores asesinados en México en los últimos 24 años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron ultimados 46. Apenas uno menos que en el periodo de Enrique Peña Nieto y dos menos que en el de Felipe Calderón. Con la salvedad que a este gobierno le quedan todavía tres meses. A aquellas administraciones se les reclamó airadamente la ausencia de condiciones para ejercer el periodismo con libertad y seguridad. Pero muchos de los que protestaron entonces ahora buscan justificar al obradorato con la tontería de que no es lo mismo, que este gobierno no mata periodistas. A los anteriores tampoco se les podría probar una acusación de esa dimensión. Pero lo que los tres tienen en común, empero, es la responsabilidad sobre esa situación, que a ninguno le importó asumir.

La discusión sobre la reforma judicial que se llevará a cabo de aquí al mes de septiembre tiene que ver con la viabilidad de un verdadero sistema de justicia para el país, que el obradorato quiere convertir en una –otra más- simulación, en su loca carrera y desbordada ambición por concentrar absolutamente todo el poder en el Ejecutivo. La iniciativa con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende no acabar con la corrupción –que en su sexenio y su administración ha sido rampante y descarada-, sino vengarse y someter a la Suprema Corte, compromete el funcionamiento de todo el sistema de justicia, pues mientras desmantela al Poder Judicial al despojarlo de facto de su autonomía, deja intacto el malfuncionamiento de todas las fiscalías del país, empezando por la General de la República, fuente de la mayoría de los rezagos y corruptelas que obstaculizan el acceso a la justicia en México. Al tener únicamente motivaciones políticas, la reforma desmerece como enmienda jurídica, amén de que el supuesto de que pretende “democratizar” la justicia no es más que una falacia, un engaño demagogo que esconde –y ni siquiera demasiado- su intención de acabar con el equilibrio de poderes para, en su lugar, colocar en el Poder Judicial de la Federación a jueces, magistrados y ministros cuyo compromiso no sea con la defensa de la Constitución –razón de ser de ese poder de la Unión-, sino con el partido, fuerza política o poder fáctico que los impulse para llegar y permanecer en el cargo.

La borrachera de poder y soberbia con la que el régimen se venía comportando en Veracruz luego del 2 de junio se vio abruptamente interrumpida por un acto que, de alguna manera, no fue más que una consecuencia de lo mismo. La brutalidad asesina con la que la policía estatal reprimió la semana pasada una protesta de habitantes de la comunidad de Totalco, municipio de Perote, además de una reiteración del muy “humanista” uso del “garrote” que caracterizó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en su relación con cualquier clase de disidencia todo el sexenio, fue un exceso propio de quien se cree intocable. Y así se siente –o se sentía- el infame gobernador veracruzano. La violencia ejercida contra los campesinos que protestaban contra el acaparamiento y contaminación del agua de la región por parte de la empresa Granjas Carroll, además de completamente innecesaria, fue desmedida y propia de regímenes autocráticos, pues se trataba solo de un bloqueo carretero, no del incendio de un pozo petrolero, como muchos morenistas saben muy bien quién los protagonizó hace 30 años, a pesar de lo cual no los agarraron a balazos. La saña de los gendarmes, dizque con preparación de excelencia en la Academia Regional de Policía –cuyo director se la pasa todo el día en Facebook “agitando la matraca”, alabando al gobierno y a Morena-, los llevó a perseguir a población desarmada, indefensa, y a asesinar a sangre fría a dos hermanos a los que fueron a “cazar” a sus domicilios particulares. Si así fueran con los sicarios del narco, otro estado sería éste.