EL ESTIGMA DE LA MUERTE
Buena parte de la sociedad mexicana ha sido agraviada desde hace meses por un clima de violencia criminal, extendida a lo político y social, que arroja negros presagios sobre las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Llamo agravio a la incapacidad (manifiesta o deliberada) del gobierno federal para cumplir con uno de sus principales mandatos constitucionales: garantizar seguridad plena a los gobernados. Corresponde a su jefe, el presidente del poder ejecutivo, y a su nutrido y costoso equipo de asesores, asumir la obligación de hacerse corresponsables de la gobernabilidad de la nación. Es inaceptable que el primer mandatario del país eluda esa responsabilidad, con solo culpar “al crimen organizado” de asesinatos, secuestros y otros atropellos que vulneran la paz pública. No puede ignorar o eludir que al ser reconocido su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018, asumió también legitimidad en obligada defensa del Estado, el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de esa orden.
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