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Mientras la “tercera ola” de la pandemia arrecia y el volumen de contagios se acerca aceleradamente a los mismos niveles de los picos más altos del año pasado, la obstinación irracional del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por obligar a un retorno a clases presenciales dentro de 25 días alcanza niveles demenciales. Entre miércoles y jueves de esta semana se registraron más de 40 mil nuevos contagios –oficialmente- en todo el país, con una incidencia de más de 20 mil por día. Anteriormente se habían rebasado los 19 mil por día de manera consecutiva en varias ocasiones, salvo los fines de semana, cuando los números descienden… pero porque se reduce la operación de los burócratas encargados de reportarlos, no porque haya menos.

Les sigue lloviendo sobre mojado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), donde a más de uno se le debe haber atragantado el desayuno luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes durante su conferencia mañanera. Cuestionado por una reportera sobre el desfalco y la quiebra técnica del TSJEV, que lo llevó a decretar la desaparición de juzgados y a prácticamente imponer una reducción salarial y de prestaciones entre los magistrados y el personal de confianza, López Obrador fue tajante en su respuesta: “hay que fincar las responsabilidades de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz”.

Mientras los defensores –por convicción o interés- del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” juran que fue el “compromiso” con la justicia y los derechos de las víctimas lo que motivó la celebración de la fallida consulta popular del domingo pasado, gobiernos como el de Veracruz se encargan de mostrarnos de manera contundente cómo es que entienden realmente el concepto de “justicia”. En la Rúbrica del 25 de febrero pasado se hizo mención del caso de July Raquel Flores, quien se encuentra presa en el penal de Pacho Viejo desde noviembre de 2020, acusada de haber participado directamente en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, el 29 de junio de ese mismo año.

El rotundo fracaso de la consulta popular –previsible desde que se planteó- representa por otra parte un inmejorable indicador para entender los resultados de la pasada elección intermedia y la realidad de un partido que aspira a restaurar el régimen autoritario con un “neopriismo guinda”. Resulta por demás interesante que dos meses después de una elección en la que Morena obtuvo resultados muy favorables para su causa –en el estado de Veracruz arrasó-, ahora el llamado a avalar un tema propuesto directamente por el líder de ese movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya sido totalmente desdeñado.