Columnistas

Las ansias sucesorias están completamente fuera de control dentro del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Sin pudor –y por supuesto, sin renunciar a sus cargos públicos y hasta aprovechándose de los mismos- los aspirantes a la postulación presidencial por el nuevo partido oficial se placean, hablan de sus ambiciones y hacen turismo electorero para la autopromoción de su imagen. Claro, a cargo del erario, de los impuestos de los contribuyentes con los que se pagan sus nada despreciables emolumentos. Con la “bendición” del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo está en una desaforada campaña adelantada por el país, visitando otros estados para hablar de sus “logros” como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras la capital mexicana sufre por la violencia e inseguridad en ascenso, la falta de mantenimiento urbano y la desidia e impericia gubernamental que ya provocó que en las pasadas elecciones Morena perdiera en la mitad de las alcaldías.

Para algunos más que para otros, la pesadilla y los saldos del infame gobierno de Javier Duarte están lejos de haber quedado en el pasado. La noche de este miércoles, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de dos mil millones de pesos provenientes de fondos del sector educativo en el año 2012. Se trata de un viejo proceso derivado de una muy recurrente práctica de aquella administración –hasta ahora, comprobadamente la más corrupta de la historia de Veracruz- conocida como la “licuadora”, en la que se tomaban recursos etiquetados de diferentes aportaciones presupuestales federales, se colocaban en una cuenta concentradora y se perdía el rastro del fondo al cual pertenecían y el rubro al que debía dirigirse su gasto.

Desde hace por lo menos dos décadas, ha sido fundamental para la clase política y especial para los gobernantes medir con cierto rigor metodológico los niveles de aceptación que alcanzan entre la opinión pública y la ciudadanía en general. Si bien la medición de tendencias es algo que ha existido hace bastante tiempo en México, no fue sino hasta el arribo a la Presidencia de la República de Vicente Fox Quesada que se volvió una práctica sobre la que comenzaron a girar las decisiones y políticas públicas sistemáticamente, lo cual no necesariamente es positivo. Cuando se condicionan las tareas de gobierno, la modernización de las leyes y las instituciones y hasta la obra pública a un mero asunto de popularidad, el cálculo sobre el costo-beneficio político se impone con facilidad por sobre de la utilidad, el beneficio y el interés público. Y así se han tomado una gran cantidad de decisiones que terminaron por poner anclas en lugar de promover el desarrollo del país y el avance de sus reglas de convivencia.